Crece la violencia institucional contra jóvenes en Bariloche

Es cíclico. A pesar de las denuncias y de las acciones implementadas cada vez que algún hecho alcanza repercusión pública, los casos de violencia ejercida por el Estado en diferentes formas contra adolescentes y jóvenes se repiten sin parar.

Las organizaciones que participan del Movimiento de Infancia de Bariloche subrayaron que es necesario considerar no sólo la agresión física protagonizada por la policía y otras fuerzas de seguridad. “La falta de políticas públicas claras, la reducción de presupuesto para el Consejo de Niñez y Adolescencia, los funcionarios que sistemáticamente ignoran las demandas y ni siquiera van a las reuniones: eso también es violencia institucional”, aseguró Federico Ingaramo, de la fundación Gente Nueva, que desarrolla una vasta tarea educativa en barrios populares.

Ingaramo tomó involuntario protagonismo el mes pasado luego de que varios alumnos del secundario Amuyén, una de las escuelas de Gente Nueva, fueran agredidos cuando esperaban el colectivo en avenida de los Pioneros por cuatro policías que les tiraron gas pimienta, los golpearon a la vista de testigos y uno de ellos llegó a intimidarlos con su arma reglamentaria.

Tanto Ingaramo como Edith Espinosa, del grupo Encuentro –también de vasta experiencia en trabajo con adolescentes– aseguraron que esa conducta policial es algo “recurrente”, que se repite desde hace años y que sólo frena temporalmente “cuando algún caso es denunciado y gana visibilidad”.

La historia de la violencia institucional ejercida contra menores de edad registró en esta ciudad un episodio que parte aguas: el homicidio de Diego Bonefoi, en la madrugada del 17 de junio de 2010, cuando el cabo Sergio Colombil lo persiguió por un presunto robo y lo baleó por la espalda. Bonefoi tenía 15 años. Horas después, durante la pueblada de protesta por ese crimen, también cayeron alcanzados por balas policiales Nicolás Carrasco (16 años) y Sergio Cárdenas (27). Ese caso todavía está lejos de llegar a juicio (ver página 45)

Desde entonces no hubo casos de tanta gravedad, pero sí se suceden periódicamente los vejámenes, golpes y detenciones arbitrarias. Pese a todo, las denuncias son muy pocas, y los casos que llegan a juicio menos todavía.

El año pasado, luego de una golpiza policial contra chicos que pintaban un mural, las organizaciones que trabajan con niñez y adolescencia promovieron la apertura de un “registro de violencia institucional”.

El objetivo era que los chicos pudieran relatar agresiones efectuadas por fuerzas de seguridad, aunque sea en forma anónima, para reunir datos, sistematizarla información y entregarla a la Defensoría de Menores, aunque no fuera posible formalizar expedientes judiciales debido al temor de las víctimas.

Vencer el miedo

Alejandro Palmas, referente del colectivo Al Margen y vicepresidente del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, reconoció que el registro todavía no dio el resultado esperado, porque “los chicos no se animan a contar”, ni siquiera con el resguardo de las instituciones. Igual consideró que es un instrumento valioso y que hay que darle más tiempo.

Palmas consideró que los casos de violencia policial “claramente van en aumento”, y que de a poco los jóvenes “que antes lo naturalizaban, ahora empiezan a hablar. Pero la incorporación de la perspectiva de derechos es un proceso lento”.

Refirió que el caso típico es el de un grupo de pibes que se juntan en cualquier esquina, a tomar o simplemente a charlar. Un vecino llama porque no los quiere ahí y la policía pasa por el lugar y, con actitud intimidatoria, los amenazan. “Sé donde vivís” es una de las frases más repetidas. En ocasiones los golpean y los llevan “demorados” a la comisaría, a pesar de que están prohibidas como lugar de alojamiento de menores.

De inmediato deben convocar al médico policial y dar parte a Minoridad de la provincia, pero es algo que suele demorar, especialmente de madrugada o los fines de semana. En ese lapso suelen producirse golpes y diversos maltratos.

“Los chicos están a la defensiva, sufren vejaciones que son difíciles de probar. Nosotros les decimos que no tienen que enfrentarse, ni generar situaciones de tensión, que eso puede terminar en gatillo fácil, por la falta de formación policial. Pero todo es muy difícil”, dijo Palmas.

Edith Espinosa compartió la visión pesimista. “El abuso policial es constante y no le vemos mucha posibilidad de cambio. Menos en este contexto político –señaló–. Los dispositivos del Estado asumen cada tanto algún compromiso, pero luego no se baja a los policías que están en la calle. Hace 30 años que venimos peleando, con distintas gestiones, y nunca hicieron lo que se prometió”.

Espinosa también fue muy crítica con el municipio, por el “desmantelamiento” del Consejo local de Niñez y Adolescencia y los recortes presupuestarios en el área.

Ingaramo dijo que los avances en la contención de los chicos “son espasmódicos”. Aseguró que “la policía que está en la calle se desborda”, pero las responsabilidades no terminan allí porque “hay también una directiva jerárquica y una responsabilidad de la conducción política”.

La chapita en la camiseta

Uno de los reclamos recurrentes del Movimiento de Infancia y otras organizaciones es que el policía en funciones use una identificación visible, como obliga la reglamentación.

El jefe de zona de la regional Tercera, comisario inspector Ricardo Fuentes, le dijo a este diario que esa falencia va a ser subsanada y “en breve se va a instrumentar en todas las prendas de vestir”.

Dijo que si hasta ahora no se cumple a rajatabla “es por el frío de esta zona”. Sugirió así que la chapa identificatoria en ciertas oportunidades quedaría oculta por el abrigo.

Otra exigencia que plantearon las ONG es que la provincia implemente un lugar de alojamiento de los adolescentes cuando son “demorados” temporalmente, para que no lo pasen por las comisarías. “Prometieron varias veces pero no pasa nada. Primero dicen que falta el proyecto, después que no hay alquileres, siempre hay un pero”, se quejó Ingaramo.

Más allá del recelo mutuo, la relación entre la policía y los jóvenes de los barrios periféricos es desigual y se ve agravada por el estigma de la pobreza. Según los operadores consultados, la brutalidad policial tiene que ver con “un grave déficit de formación”.

Según Espinosa, las carencias de capacitación en las escuelas policiales “es una deuda histórica” y propuso que esa tarea “esté directamente a cargo del Ministerio de Educación y la Secretaría de Derechos Humanos”.

El caso emblema

La agresión en el barrio

Virgen Misionera

Funcionar con escaso presupuesto

Las organizaciones que integran el Movimiento de Infancia de Bariloche denunciaron que el presupuesto asignado al Consejo Local de Niñez en 2017 fue de apenas $ 30.000 y que este año el municipio repitió el mismo monto.

También cuestionó que el municipio haya desvinculado a tres psicólogas que brindaban atención pública y gratuita a 120 familias.

La cesantía fue dispuesta en diciembre y ante la presión del movimiento el municipio les renovó contratos hasta el 28 de febrero, cuando caducaron en forma definitiva.

El secretario de Desarrollo Social, Carlos Sánchez, aseguró que esa demanda debe ser cubierta por la provincia y que “las tres profesionales en el corto plazo pasarán a trabajar en ese ámbito”.

Las organizaciones dijeron que ese tipo de decisión debe ser tomada en el Consejo, y no de forma unilateral por el gobierno.

Alejandro Palmas, vicepresidente del Consejo, afirmó que esas 120 familias siguen sin atención. Dijo que ante los cuestionamientos, “las fuerzas de seguridad y las organizaciones del Estado se ponen a la defensiva y no tienen ninguna autocrítica”.

“El abuso policial es constante y no le vemos mucha posibilidad de cambio, menos en este contexto político”.

“De la capacitación policial deben hacerse cargo el Ministerio de Educación y la Secretaría de Derechos Humanos”.

Edith Espinosa, integrante del grupo Encuentro, en Bariloche.

Desde el 2017 funciona un registro de violencia institucional. Aún no dio el resultado esperado, porque “los chicos no se animan a contar”.

Bajo presupuesto

El Consejo Local de la Niñez tiene asignados apenas $ 30.000 para funcionar, el mismo importe que el año pasado.

Registro de casos

El año pasado se abrió un registro para tener datos precisos del problema. Lo consideran un instrumento valioso, pero requerirá más tiempo.