Antenas, la ordenanza está en el freezer por rechazo de empresas

El esmero puesto por el Concejo Municipal para acordar con el Ejecutivo y con los vecinos una nueva ordenanza regulatoria de las antenas de telecomunicaciones podría resultar inútil si prospera la cascada de recursos judiciales que presentaron las empresas telefónicas para voltear esa normativa.

La ordenanza cumplió un año en noviembre pasado y desde el municipio aclararon que continúa vigente, a pesar de que las grandes compañías telefónicas la atacaron desde el primer día, se negaron a presentar los “planes de despliegue” de nuevas estructuras en el plazo fijado y fueron a la Justicia con recursos de inconstitucionalidad, como suelen hacer en otros municipios.

En el Ejecutivo están convencidos de que las reglas son razonables y consideran que no hace falta ninguna modificación de fondo, a pesar de los pedidos expresos de las telefónicas y también de las radios FM. Estas últimas en su mayoría quedaron en falta y -además de habilitar sus antenas- deberían empezar a pagar costosos derechos.

La concejal Viviana Gelain (Juntos) explicó que “las radios comunitarias y sociales quedaron expresamente eximidas”, pero hay muchas que no cumplen esa condición. Se refirió puntualmente a una presentación de FM Terrena, que pretendía compartir su antena con un operador de internet. Su caso está a la espera de un dictamen legal.

En cuanto a las telefónicas, la rebeldía es aún mayor y el intrincado encuadre normativo que adoptó el municipio no para de generar conflictos.

Las principales objeciones de las operadoras de telefonía inalámbrica tienen que ver con la altura máxima y el lugar de emplazamiento de las nuevas antenas.

Según la ordenanza, no podrán excederse de los 14 metros, cuando hasta ahora se autorizaban de 20 metros. Y el artículo 7° impone que sean emplazadas sólo “en espacios públicos, instalaciones o predios municipales”.

También se incluyó un estricto régimen de medición de radiaciones no ionizantes, en respuesta a la principal preocupación de los grupos de vecinos que han resistido y denunciado la colocación de antenas en los últimos años. La autoridad de aplicación puede realizar controles con frecuencia trimestral.

Las empresas se quejaron de que el límite de altura las obliga a colocar mayor número de antenas, a fin de salvar el relieve irregular.

En los hechos, incumplieron con la obligación de presentar sus “planes de despliegue”, para lo cual tenían plazo hasta abril último. Ese cortocircuito tiene paralizada la expansión de la red de antenas, con impacto inevitable sobre la calidad del servicio. Algunas empresas de telefonía y de internet comenzaron a justificarse en “la intransigencia del municipio” cuando reciben reclamos de los usuarios.

Exceso regulatorio

Un caso paradigmático es el de AMX Argentina (titular de la marca Claro), que en mayo presentó un pedido formal a los concejales para que le otorguen una excepción a la norma, con el fin de instalar dos mega estructuras de 24 metros.

En un adelanto de la estrategia judicial aplicada luego, la empresa argumentó que la ordenanza municipal “incurrió en exceso regulatorio e invadió competencias federales”.

Según la compañía, la regulación de las telecomunicaciones móviles no es atribución del municipio. Pero Gelaín defendió lo actuado, dijo que la ordenanza no invade competencias de la Nación y recordó que el texto fue elaborado con acuerdo y participación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Otro diferendo latente

Si bien la pulseada actual entre las operadoras de telefonía y el municipio está centrado en los proyectos para nuevas antenas y estructuras de soporte, hay otro factor de conflicto que (de no haber cambios) crecerá en los próximos meses, a medida que se acerque el plazo de adecuación de las antenas ya existentes.

Según la ordenanza, las instalaciones preexistentes que se exceden en altura o que están en lugares ahora prohibidos deben ser removidas y encuadradas en la nueva regulación antes de noviembre próximo.

De todas formas, desde el municipio admitieron que ya existe una medida cautelar de la Justicia que impide remover las antenas e imponer multas, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La situación de las radios AM y FM también es complicada. Al menos hasta abril pasado, sólo un tercio de las existentes tenían su licencia en regla, e históricamente nunca habilitaron ni pagaron por sus antenas. Según la nueva ordenanza deberían inscribirse y abonar un derecho de 20 mil pesos anuales. Sus titulares lo consideraron “inaceptable”.

Gelain dijo ayer que todavía no hay dictamen por la antena de FM Terrena y consideró que ese antecedente resultará clave.

Sobre los intentos de las telefónicas de culpar al municipio por la mala calidad del servicio, la concejal consideró que “es una chicana” e insistió en que las empresas están en falta porque “nunca presentaron sus planes de despliegue”.

Dijo que el municipio tiene autonomía para “generar más restricciones” que las previstas en la ley superior, si lo cree necesario. Interpretó que las prestadoras de telefonía “cobran caro, pero no quieren es invertir” en antenas de menor impacto. Dijo que las estructuras que les autoriza el municipio tal vez resulten más caras, “pero son también las que garantizan mayor calidad ambiental para los vecinos”.

Las principales objeciones de las operadoras de telefonía inalámbrica tienen que ver con la altura máxima y el lugar de emplazamiento de las nuevas antenas.

Recaudación frenada

Sin ingresar en la minucia del conflicto con las empresas y sus derivaciones judiciales, hay un síntoma de que la nueva ordenanza produjo ya un cambio visible de escenario.

En el último año no se produjeron protestas de vecinos por la instalación de nuevas estructuras, como ocurrió por ejemplo en junio de 2013 con una antena ilegal colocada en el complejo Villa Sofía, en mayo de 2014 por otra en la calle Gallardo (cerca del corralón municipal) y en mayo de 2016 cuando surgieron denuncias por dos grandes antenas de más de 20 metros en los barrios Melipal y Playa Bonita.

Según la concejal Gelain, el freno a ese tipo de planteos se explica porque las empresas están “a la espera de que se defina la situación”. Esto último parece quedar demostrado también con la ínfima recaudación que embolsa el municipio por el derecho de antenas.

Según la nueva ordenanza la “tasa de emplazamiento individual” tiene costos que van de los 58.500 a los 234 mil pesos, con tres años de vigencia. Pero la rendición presupuestaria demuestra que en el rubro “permiso de instalación de antenas” el municipio hasta ahora sólo registró ingresos por 453.700 pesos, cuando la previsión era embolsar en todo el año unos 23 millones de pesos.

“El desarrollo de la telefonía móvil (…) implica la necesidad de mecanismos de revisión y control que sean confiables, periódicos y otorguen a toda la comunidad seguridad y transparencia”.

“Es el Estado municipal quien tiene las herramientas necesarias para evaluar con una mirada integral y comprensiva de todos los intereses de la comunidad”.

de los fundamentos de la ordenanza 2786/2016

Batalla judicial

Las empresas Telecom y Telefónica han recurrido a la Justicia para reclamar que declare inconstitucional la ordenanza que regula en Bariloche las antenas de telecomunicaciones. Así lo confirmó la asesora letrada del municipio, Natacha Vázquez, quien agregó que la tercera de las prestadoras (AMX-Claro) estaría a punto de emprender “o ya emprendió” el mismo camino.

Explicó que en lo esencial los planteos son similares y atacan la supuesta incompetencia del municipio para regular en la materia, y en especial la obligación para establecer las antenas sólo en espacios de dominio público. Las causas están radicadas en tribunales de capital federal.

Vázquez dijo que la reglamentación de antenas “es una prerrogativa del municipio” y que no existen razones para renunciar a esa potestad. Señaló que la ordenanza sigue vigente y que las firmas “la están acatando”, mientras litigan.