Bariloche: unánime rechazo al aumento del boleto de colectivo en la audiencia pública

En un gimnasio municipal despoblado, las críticas contra el servicio que presta la empresa Mi Bus (Amancay SRL) en Bariloche resonaron más fuerte. Es que los 13 oradores que participaron este martes de la audiencia pública convocada por la Municipalidad para la revisión de la tarifa del servicio de transporte urbano de pasajeros, apuntaron contra la empresa concesionaria. Y se pronunciaron -en forma unánime- contra el aumento del boleto, que pide la firma.

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Tampoco se salvaron de las críticas el intendente Gustavo Gennuso y los concejales. Varios de los oradores cuestionaron la ausencia de esos funcionarios en la audiencia pública, que se hizo este martes por la tarde después después de dos postergaciones.

La empresa propone subir de 41 a 94 pesos el boleto de la tarifa plana, lo que representa un aumento del orden del 131 por ciento. La mayoría de los oradores integran la Multisectorial por el Transporte Público, y rechazó la audiencia pública semipresencial que organizó la Municipalidad.

Reiteraron -como lo habían hecho en los reclamos judiciales presentados- que correspondía hacerla cuando pasara el riesgo sanitario por el coronavirus para alentar la participación ciudadana. Y así no desvirtuarla. “Hacer la audiencia pública en pandemia, significa apagarla. La convierte en un acto privado”, opinó Elena Florín. Y lamentó que lo que sale de la audiencia no sea vinculante para el intendente. Por eso, planteó que para el Ejecutivo municipal “pretende ser un trámite”.

Propuso poner en funcionamiento una comisión que investigue los números contables de la empresa, lo que incluye los subsidios que percibe. Mencionó los incumplimientos del contrato por parte de la empresa, con cambios de recorridos, eliminación de líneas. Y hasta pidió multarla porque recibe los subsidios para pagar los sueldos de los trabajadores, pero hay conflictos en forma permanente por atrasos salariales.

Mi Bus comenzó a prestar el servicio el 1 de enero de 2017 por una ordenanza sancionada por el Concejo Municipal que aprobó el contrato suscrito entre la Municipalidad y la empresa. En ese contrato se le dio a la firma la explotación del servicio por 10 años.

Vilma Castagnetto cuestionó que la empresa pretenda subir el boleto un 131 por ciento, porque afirmó que en ningún hogar de Bariloche hubo un aumento de sus ingresos en ese porcentaje. “No puede justificar un aumento del 131 por ciento”, sostuvo. “No resiste el menor análisis”, agregó.

Recriminación a los concejales

Gerardo Cayunao del barrio Unión no anduvo con vueltas. “No sé leer ni escribir, soy redondo como un fútbol. Pero al señor sanjuanino (en referencia al representante de Amancay SRL) se lo he dicho, a Bariloche vienen a hacer plata, gracias a nosotros, los pobres de Bariloche, que somos los únicos que usamos el colectivo”.

Y planteó sus dudas en relación a lo que sostiene la empresa, que los números no le cierran. “Le da millones de pesos Nación, el Municipio, la Provincia y dicen que no le alcanza la plata”, sostuvo.

“¡Jamás vi un concejal que suba a un colectivo para ver cómo viajamos!, ¡Viajamos como animales!”, expresó Cayunao. “Hay doce concejales que se pelean por calentar el asiento”, lamentó. Dijo que cuando llega el invierno, los colectivos no suben a los barrios del Alto de la ciudad porque no tienen cadenas o los neumáticos adecuados.

“Para nosotros el servicio es malo”, aseguró. Y manifestó que los concejales “se están peleando por un defensor del Pueblo, si nunca hicieron nada los defensores del Pueblo. Jamás sirvieron”. La elección del nuevo defensor o defensora del Pueblo está bloqueada en el Concejo Municipal por falta de acuerdo y el cargo está vacante desde hace semanas. En cambio, agregó, que para defender a los trabajadores no hay nadie.

“Es una falta de respeto que no estén en esta audiencia el intendente, los concejales, los funcionarios del gabinete”, aseguró Máximo Calfuquir, vecino del barrio Arrayanes. La vicejefa de Gabinete municipal, Marcela González Abdala, lo escuchaba. Las alternativas de la audiencia se transmitieron por facebook. Pero no había mucha audiencia.

Calfuquir mencionó a las personas que perdieron sus trabajos en la pandemia por la irresponsabilidad del servicio que presta la empresa, porque llegaron tarde a sus empleos.

“Estoy aquí para decir no al aumento. Que lo paguen los funcionarios, los concejales, que se bajen el 50 por ciento los sueldos y destinen ese dinero a cubrir el aumento del boleto de colectivo”, propuso.

Guillermo Viegas Navarro apuntó a la falta de transparencia del Ejecutivo, que no controla a la empresa. Y planteó que lo que surge de la audiencia tiene que ser vinculante para el gobierno municipal.

Carlos Bertoli reclamó a la comisión de seguimiento, que se incluyó con la ordenanza que aprobó el contrato, que justamente lo haga cumplir. Recordó que en el contrato dice que la rentabilidad no puede superar el 20 por ciento. Sin embargo, advirtió que la firma lo supera. Dijo que la empresa no paga las patentes de los colectivos. Y que tampoco cumplen las normas IRAM las unidades.

Rubén Terrile, del Partido Comunista, criticó la política del servicio de transporte que se viene haciendo desde hace años. Lucas Maliqueo, dirigente de ATSA, dijo que no creía que la empresa está trabajando a pérdida como alega, “creo que están ganando menos”.

Dijo que los horarios de algunas frecuencias no son los adecuados para los trabajadores y trabajadores del sector de la salud. “Que no se aumente el boleto. No podemos aguantar un aumento más”, afirmó.

Facundo Brito, de la Multisectorial y del Partido Obrero, advirtió que el gobierno municipal con la audiencia pública solo buscaba legitimar el aumento del boleto. Exigió la apertura de los libros contables de la empresa.

Y propuso la municipalización del servicio con expropiación de los bienes de la empresa. No fue el único que se manifestó a favor de municipalizar el servicio. También, Miriam Álvarez se pronunció en el mismo sentido.

Jimena Vera, que vive en el barrio Don Orione, advirtió que vive a 5 kilómetros de la escuela primaria más cercana. Dijo que para llevar a sus hijas a la escuela tendría que gastar 8.000 pesos al mes si autorizan la tarifa a 94 pesos. “Hay un sector de la sociedad que no tienen en cuenta”, lamentó.

Héctor Cárdenas se pronunció en contra del aumento. Calificó a Mi Bus como “una empresa fantasma porque nunca funcionó bien en Bariloche”. “Este es un problema de todo Bariloche, no solo de los que venimos a hablar acá”, afirmó.

Explicaciones de la firma

Un representante de la empresa respondió unas pocas preguntas que recibieron de usuarios del servicio las autoridades que coordinaban la audiencia, tras un cuarto intermedio.

Desmintió que los colectivos no estén patentados. Dijo que es facultad de la Provincia eximir del pago de patentes a las empresas, pero no se ha otorgado ese beneficio a Mi Bus. Por eso, el monto del pago de patentes se incluye entre los costos al momento de determinar la tarifa.

Respecto de que no están los 100 colectivos que prometió la firma, aseguró que todas las unidades “están estacionadas en el galpón de la empresa”. En cuanto al reclamo de oradores que denunciaron que hay menos servicios en las calles de Bariloche, el vocero de la firma explicó que deben respetar las restricciones “y por eso se fueron sacando algunos servicios, cuando se fueron liberando las restricciones sacamos la mayor cantidad de servicios”.

Sobre el gasoil que el Municipio le subsidia desde hace unos meses a la empresa, el representante de MI Bus respondió que los datos del consumo de gasoil y los kilómetros recorridos es fácil de verificar con todas las estadísticas de la SUBE. Aseguró que están consumiendo la totalidad del combustible que facilita la Municipalidad “y un poco más”.