Bariloche: policías en la mira ante 83 casos de violencia institucional

La Policía está en la mira. Hechos de violencia institucional son una denuncia recurrente de organismos de derechos humanos y los datos oficiales lo ratifican: hay 83 causas penales activas en Bariloche contra policías por apremios, abuso de autoridad y vejaciones en solo 15 meses.

Desde la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público Fiscal registra entre 5 y 6 denuncias por mes en la Tercera Circunscripción Judicial que abarca Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo, Jacobacci y Ñorquinco. Son todas causas activas entre el 1 de agosto de 2017 y el 14 de noviembre de este año con distintas calificaciones legales.

Según información oficial a la que accedió “Río Negro”, hay 40 expedientes por vejaciones, 20 por abuso de autoridad, 16 por apremios ilegales, 3 por vejaciones agravadas y un caso por amenazas en contexto de violencia institucional, otro por homicidio agravado en contexto de violencia institucional, uno por incumplimiento de los deberes de funcionario público en contexto de violencia institucional y uno por lesiones leves en contexto de apremios ilegales.

La defensora del Pueblo, Beatriz Oñate, confirmó que en el organismo que conduce solo recibió tres casos de violencia institucional hacia jóvenes, dos remitidos por organizaciones y uno ante la denuncia de una madre.

La grave herida en el ojo derecho que un disparo de un policía de la comisaría 42 ocasionó en un adolescente de 16 años el 9 de noviembre pasado, en el barrio 2 de Abril, reimpulsó los reclamos de los organismos con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Mutisectorial contra la Represión Policial. “Llevo 30 años en la APDH y nunca pasó esto de tener un caso de abuso policial por semana”, dijo Mara Bou al borde del llanto semanas atrás afuera del hospital Ramón Carrillo cuando acompañó al menor que perdió el ojo por una posta de goma.

Marcela Cano de la Multisectorial compartió la expresión y reclamó “estadísticas claras de la fiscalía porque muchas veces acompañamos a denunciar, otras nos enteramos y no hay resolución final de esa denuncia”.

“El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Río Negro se encuentra comprometido con una efectiva persecución penal de las diversas formas que asume la violencia institucional”, afirmó a “Río Negro” el fiscal jefe Martín Lozada.

Recordó que el procurador General de la Provincia, Jorge Crespo, elaboró un protocolo para “unificar los modos en que se investigan los casos de violencia institucional” y remarcó que cualquier miembro del Ministerio Público que conozca de la existencia de hechos de violencia institucional “deberá intervenir de oficio (sin que medie denuncia)”.

La comisaría 42

La APDH y la Multisectorial señalan a la comisaría 42, que abarca en su jurisdicción un amplio radio de barrios periféricos, como uno de los enclaves de los episodios de violencia institucional hacia los jóvenes en Bariloche.

Un policía escopetero de esa comisaría quedó imputado este mes por el disparo con postas de goma al adolescente que perdió el ojo en un episodio que está bajo investigación.

El 21 de octubre -según las organizaciones sociales- otro hecho ocurrió en el interior de esa comisaría y un joven resultó herido por presuntos apremios.

Yanina Vera, integrante del Movimiento de Infancia Bariloche, fue más allá: “tenemos un caso de violencia institucional en la comisaría 42ª nuevamente ligado a la ‘doctrina Chocobar’, ligado al discurso de seguridad social donde porque estemos más seguros, sacan, matan, torturan, violentan a los niños de los barrios, a los adolescentes”, denunció esta semana. La referente hizo así alusión a una vinculación directa de los casos locales a las políticas del Gobierno nacional que respaldó la actuación de policía bonaerense que mató por la espalda a un joven tras atacar y cometer el robo a un turista.

Las organizaciones pidieron la intervención de la comisaría 42 que desde agosto de 2016, tras el caso del policía Lucas Muñoz, está al mando del subcomisario Luis Hawrylak, y señalaron que en casos de apremios policiales, los denunciantes son víctimas de “hostigamientos” y “amenazas permanentes”.

El ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, dijo a “Río Negro” que “se descarta una posible intervención de la comisaría” debido a que el Jefe de Policía “lleva un seguimiento de la gestión” para evaluar el desempeño.

Conflictividad en el barrio

La defensora del Pueblo, Beatriz Oñate, admitió que entorno a la comisaría 42 existe un escenario complejo. Por eso, meses atrás, se realizaron reuniones entre diversas instituciones para “tomar intervención y trabajar en prevención para que estas situaciones de confrontación entre grupos de vecinos no aumente en escala de violencia”.

El ministro de Seguridad dijo que en el barrio 2 de Abril existen “jóvenes en situación de riesgo” que en “muchas de las ocasiones suelen estar asociados a actividades ilegales” por lo que la Policía debe intervenir para “disuadir todo acto que afecte la seguridad de las personas y la propiedad, generándose reiteradas situaciones de conflicto ante los eventuales procedimientos judiciales, o en circunstancias en que el personal realiza recorridas de prevención por el sector”.

Indicó que se registraron “agresiones contra el personal policial que suelen ser apedreadas, disparos con armas de puño y las denominadas tumberas” y señaló la “satisfacción” de diversos sectores, especialmente de transportistas, respecto de la actuación policial en esta área.

El dato

Cómo actúa el gobierno

El ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan, respondió a “Río Negro” que ante eventuales casos de que un policía “en uso de sus funciones abuse de su autoridad o infrinja cualquier tipo de normativa, la Dirección General de Recursos Humanos cuenta con un Departamento de Control y Gestión Interna, órgano encargado de generar las actuaciones administrativas internas atinentes detectar faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones, mas allá de las actuaciones judiciales que se labren”.

Precisó que en el último hecho del barrio 2 de Abril, el policía escopetero fue sometido a estas actuaciones internas y que hasta que se resuelva el caso “no se encuentra cumpliendo funciones como así también se procedió al retiro de uniforme y arma reglamentaria”.

“Resulta oportuno resaltar que la institución policial se participa activamente con el fin de articular con los organismos competentes todo lo concerniente a la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, especialmente en cuanto se refiere a su protección e impedir todo acto atentatorio a su integridad psicofísica, en la forma que las leyes lo determinen”, remarcó Pérez Estevan.

“La violencia institucional comprende todo acto u omisión, por parte de funcionarios públicos, que implique una afectación física o psíquica sobre las personas”.

Fiscal jefe Martín Lozada

Menores en comisarías

El Movimiento de Infancia puso en énfasis que los Centros de Admisión y Derivación (CAD) “que garantizarían que los menores no ingresen a las comisarías, sigue siendo una promesa que la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) viene dilatando desde hace 2 años”.

La defensora del Pueblo, Beatriz Oñate, admitió que hay demoras y dijo que el año pasado se iniciaron reuniones con Senaf por este tema y que “claramente el potencial de la violencia institucional tiene que ver cuando toman intervención en comisarías”.

Agregó que se prevé que “la guardia de la Senaf tome intervención y buscar que los jóvenes no tengan que tener contacto con la policía”.

Oñate enfatizó que el objetivo de máxima es “evitar la violencia institucional con acciones preventivas, que no tienen que ver con lo represivo sino con inserciones en términos educativos, de deportes, de cultura y de inserción laboral”.

El fiscal Martín Lozada también indicó que el protocolo establecido por la Procuración General indica ante casos de menores víctimas de violencia institucional “se deberá dar inmediata intervención al defensor/a de Menores garantizando la comunicación a los padres y o tutores”.

En tanto, el ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, dijo que la intervención policial en casos de demoras de menores de edad es solo ante una “eventual detección del mismo en delito de flagrancia” y que su tratamiento se ajusta al protocolo de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de detención o demora.

Las vejaciones, los apremios ilegales, las torturas, el abuso de autoridad y los incumplimientos de los deberes de funcionario público comprenden los casos contemplados en el derecho penal.