Bariloche: imputaron a personas que tomaron un lote municipal y el juez ordenó el desalojo

El magistrado admitió la acusación de la fiscalía y les dio 10 días a los acusados para abandonar el predio. La defensa alegó que se trata de un baldío y se opuso, pero desestimaron su planteo.

El juez de garantías Juan Martín Arroyo admitió los cargos que el fiscal Tomás Soto formuló por el delito de usurpación contra un grupo de personas, que tomaron un lote municipal, en un sector del barrio El Frutillar de esta ciudad. El magistrado ordenó a las personas que desalojen el predio en un plazo de 10 días.

Fuentes judiciales informaron que la audiencia se hizo el viernes y Soto acusó a 9 personas por el delito de usurpación y por incumplir la cuarentena obligatoria.

Dos de los ocupantes que permanecían en el predio a pesar de las bajas temperaturas. (Foto: Marcelo Martinez)

El defensor oficial Nelson Vigueras se opuso a los cargos formulados por la fiscalía. Alegó ante el juez que las personas acusadas no cometieron el delito de usurpación que protege al poseedor del lote. Sostuvo que se trata de un lote baldío, donde no vive nadie. Aseguró que la municipalidad jamás hizo nada en ese predio.

Pero Arroyo desestimó el planteo de la defensa. Vigueras se opuso además al desalojo forzoso que había pedido el fiscal. Argumentó que para que proceda el desalojo se debe probar que existe un peligro en la demora de restituir el inmueble. Observó que es un lote baldío. Arroyo no le hizo lugar y ordenó a los acusados que desalojen el lugar.

Tras la audiencia, algunos se marcharon de manera voluntaria. El intenso frío, con temperaturas bajo cero, fue más persuasivo que la orden judicial. Sin embargo, este domingo aún quedaban algunas personas en la toma porque aseguran que no tienen otro lugar adonde ir. Explicaron que las mujeres y niños buscaron refugio en casas de conocidos o familiares por el frío.

La toma está ubicada en un sector del barrio El Frutillar, junto a un plan de viviendas en construcción. (Foto: Marcelo Martinez)

Según la acusación del fiscal, la tarde del 13 de junio pasado, un grupo de 18 personas usurpación el lote perteneciente al municipio. El ocupación se hizo detrás del plan de viviendas que construye la empresa Alusa, en el barrio El Frutillar, sobre ladera del cerro Otto, paralela a la calle Cacique Prayel.

Soto aseguró en la imputación que las personas habían aprovechado la ausencia de los cuidadores del predio para entrar. Relató que una vez que usurparon el lugar levantaron cinco carpas y de ese modo “despojaron del derecho real de posesión al municipio”.

Advirtió que la usurpación había ocurrido además en incumplimiento al decreto del Ejecutivo nacional que había establecido el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio contra la propagación del coronavirus.

Soto sostuvo la acusación con la denuncia que formuló el presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, José Mella, y declaraciones de agentes policiales y fotografías. Arroyo admitió los cargos y habilitó la investigación, explicaron las fuentes. Y explicó que no había prosperado el intento de conciliación para tratar de resolver el conflicto. Justamente, por esa instancia de mediación se había suspendido la audiencia de formulación de cargos que se había fijado días atrás.


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