Bariloche: ordenan a mapuches que desalojen un lote

El juez de garantías Sergio Pichetto admitió esta tarde de lunes los cargos que la fiscalía formuló contra 9 mapuches por el delito de usurpación y dispuso que la investigación se complete en 4 meses. Además, ordenó que los acusados desalojen el lote, que está ubicado en el barrio Pilar II de esta ciudad, y que mantienen tomado desde el 10 de septiembre pasado.

Pichetto dispuso que el desalojo se haga en un plazo de 72 horas, a partir de que el fallo quede firme. La fiscalía anticipó que se hará con personal del COER. De todos modos, la defensora particular Natalia Araya anunció que impugnará la sentencia, que tendrá que revisar otro magistrado.

La audiencia finalizó pasadas las 15.30 de este lunes en medio de gritos de furia por parte de los imputados y familiares contra el juez y el fiscal jefe Martín Lozada, el fiscal Inti Isla y el fiscal adjunto Gerardo Miranda, que se retiraron de la sala de audiencia por una puerta secundaria.

Lozada, Isla y Miranda atribuyeron a los imputados haber despojado la mañana del 10 de septiembre pasado a Emilio Friedrich y sus socios de un lote de 92 hectáreas.

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Lozada expuso sobre la problemática del multiculturalismo y de la reforma constitucional de 1994 que admitió la preexistencia ética y cultural. Pero afirmó que en la sociedad, “los derechos no se toman por asalto”.

Sostuvo que los imputados rechazaron cualquier vía de gestión para resolver el conflicto. Los dos intentos de mediación fracasaron. “No es cierto que la tierra la venían ocupando tradicionalmente”, afirmó Lozada y enfatizó que Friedrich hizo la compra del lote de manera legal. “Se hizo de derechos de modo regular, ordinario y además hizo actos concretos de posesión”, planteó el fiscal.

Insistió en que en este caso, los imputados -varios de ellos integran la comunidad mapuche Buenuleo- “no poseen ni la posesión ni la propiedad tradicional de la tierra”.

El fiscal dijo que no desconocen la ley 26160 de comunidades indígenas, en materia de posesión de la tierra, pero sostuvo que en este caso no es aplicable por las maniobras subrepticias y violentas que ejecutaron los acusados para tomar la tierra.

Miranda citó las pruebas que sostienen la imputación para materializar el despojo. Sostuvo que la “posesión legítima” la tenía Friedrich y sus socios. Y mencionó todos los actos posesorios que hizo el particular.

Recordó que Friedrich le compró en 2009 el lote a Claudio Thieck, que lo había adquirido a Antonio Buenuleo (nieto). Miranda destacó que el propio Buenuleo, lonko de la comunidad, certificó firma en 2009 ante escribano público.

Sostuvo que habían acordado de “buena fe” con los ocupantes que mientras se intentaba mediar para resolver el conflicto no consolidaran la usurpación. Sin embargo, entraron materiales y levantaron una precaria construcción.

La abogada por la querella Laura Zanoni adhirió a la acusación fiscal. “Hubo un acto donde rigió la autonomía de voluntad”, sostuvo. Y señaló que en la misma condición de su cliente están las familias de los barrios Pilar I y II. Y pidió que no se tome la justicia por mano propia y ofreció testigos.

Dos de los imputados hablaron en la audiencia. Tras una salutación e introducción de lo que querían plantear en lengua mapuce, rechazaron las acusaciones de la fiscalía y la querella. Reivindicaron el avance sobre el lote porque explicaron que fue un acto de recuperación de lo que consideran es su territorio.

Araya planteó en primer lugar la incompetencia de la justicia de Río Negro para intervenir en el conflicto. Alegó que las tierras en disputa están dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi y afirmó que debía intervenir la justicia federal. Pero Pichetto desestimó el planteo.

Después, Araya se opuso a la formulación de cargos y pidió el sobreseimiento para Claudi Raile y Mauro Millan, porque no forman parte de la comunidad Buenuelo y estaban circunstancialmente cuando sucedió la recuperación de las tierras. La fiscalía y la querella se opusieron y Pichetto rechazó el pedido de sobreseimiento.

Luego, la fiscalía pidió al juez que haga lugar al pedido de desalojo, para restablecer la situación al estado anterior al 10 de septiembre. La querella adhirió.

Miranda alegó que en la mediación cuando se intentó llegar a un acuerdo, los mapuche respondieron: “Si este litigio dura veinte años, nosotros nos quedamos allí”. Araya se opuso al desalojo.

Tras un cuarto intermedio, Pichetto admitió el pedido de la fiscalía y la querella y dispuso el desalojo cuando el fallo quede firme. Sostuvo que se cumplen los tres requisitos que el Código Procesal Penal de la provincia contempla para ordenar un desalojo porque se acreditó el delito de usurpación, el derecho invocado por el damnificado es verosímil y existe peligro en la demora como alegó la fiscalía y la querella.

De todos modos, Pichetto dispuso que Friedrich no avance con ninguna obra de construcción mientras se desarrolle la investigación, en un plazo de 4 meses.

Dijo que la ley 26160 protege de eventuales desalojos a aquellas comunidades originarias que tradicionalmente ocupan las tierras, «no a las que entran por la fuerza a un lugar».

Afirmó que hasta el 10 de septiembre pasado, los miembros de la comunidad Buenuleo no se encontraban en ese lote y «conocían que no tenían la posesión». Por eso, denunciaron en 2014 a Friedrich por usurpación, pero fue sobreseído. La decisión de Pichetto generó malestar e indignación entre los acusados y sus familiares, amigos e integrantes de la comunidad Buenuleo.

Además, criticaron que la fiscalía no actuó con la misma celeridad ante la denuncia que ellos hicieron por las amenazas con armas por parte de «los matones», que acompañaban a Friedrich, cuando intentaron desalojarlos el martes del lote. Pero Inti aseguró que esa denuncia se remitió a la unidad fiscal correspondiente para que sea investigada. L a explicación no los dejó satisfechos y los gritos de repudio se intensificaron mientras los fiscales, la abogada querellante y Friedrich y sus socios se retiraban de la sala.