Bariloche gastó $ 600.000 en operativos por las amenazas de bomba en colegios
El municipio despliega recursos por casi 50.000 pesos cada vez que hay una llamada con amenaza de bomba. La justicia provincia desestimó los planteos y ahora el caso lo tiene el Juzgado Federal que ordenó allanamientos.
El colegio Ángel Gallardo alberga dos secundarias y una de ellas es la que acumula más amenazas de bomba. Archivo
Más de 600.000 pesos lleva gastados la municipalidad en los falsos llamados de amenazas de bomba en los colegios secundarios en lo que va del año. Cada operativo tiene un costo de 49.000 pesos.
Luego de una reunión con el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, y el compromiso para avanzar en la investigación, el municipio decidió presentar una denuncia en el Juzgado Federal por el delito de intimidación pública el viernes pasado.
Ese mismo día, en forma paralela, la Policía de Seguridad Aeroportuaria llevó a cabo tres allanamientos en viviendas de la calle Fagnano al 1.400 y en el barrio Malvinas que “arrojaron datos positivos”, informaron fuentes allegadas a la investigación.
“Los domicilios que se allanaron tienen relación con estudiantes de diversas escuelas que han recibido amenazas”, aportaron.
El primer llamado sobre una amenaza falsa se registró a fines de abril en el Instituto Dante Alighieri. La escuela Ángel Gallardo (donde funcionan las secundarias 46 y 37) recibió nueve falsas llamadas en cinco meses. Lo mismo sucedió en el colegio María Auxiliadora y en la escuela secundaria 2 del barrio Melipal.
Luego de cuantificar el monto total de todos los operativos, la asesora letrada del municipio, Natacha Vázquez, y la subsecretaria de Protección Civil, Patricia Díaz, se reunieron con las autoridades del Consejo Provincial de Educación, del colegio y alumnos del centro de estudiantes.
“La idea fue concientizar que esta broma implica movilizar recursos que pueden no estar disponibles para una real emergencia”, afirmó Vázquez.
Recalcó que ante cada llamado falso, el municipio radicó la denuncia correspondiente ante el fiscal Guillermo Lista. “Tuvimos datos concretos de los responsables de las llamadas anónimas (una joven y un joven de 17 y 18 años) y todo eso lo aportamos a la investigación para que se los individualice y se haga el sumario correspondiente”, agregó.
Relató que esos dos jóvenes argumentaron que solo querían probar cómo funcionaba el sistema. “En ese momento, se los excusó de continuar adelante con la tramitación judicial. El juzgado entendió que había sido una broma estudiantil que debía ser contemplada desde el ámbito educativo”, indicó Vázquez.
Consideró no haber tenido “una buena recepción de Poder Judicial de Río Negro. Por eso, la semana pasada le manifestamos la situación a Burzaco en Bariloche y canalizamos todo por la vía federal”.
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