Bariloche controlará el comercio de artículos usados

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El municipio impondrá a las ferias americanas, desarmaderos y locales de compra y venta de usados la obligación de llevar un registro donde conste el origen de cada uno de los artículos que coloquen a disposición de sus clientes.

La ordenanza sancionada ayer por el Concejo busca sumar obstáculos a la reducción clandestina de objetos robados y fue presentada como «un aporte concreto a la lucha contra la inseguridad».

El autor del proyecto, Marcelo Cascón (UCR), subrayó que la multiplicación del delito es visto como «una problemática que excede el campo de acción del gobierno municipal».

Por eso el control estricto del comercio de cosas usadas (que han crecido en número desde la crisis de 2001) «demuestra que sí se pueden hacer cosas» para contribuir a la solución de un tema que cada día preocupa más.

En un principio la iniciativa sólo estaba pensada para las ferias americanas o comercios de compra y venta de ropa usada, pero luego se extendió también a los locales que ofrecen todo tipo de objetos de segunda mano, incluso en alquiler.

Se incluyó además al texto original que estarán sujetos a la misma normativa los que tengan esa actividad como «principal o accesoria».

Este último agregado surgió a raíz de lo ocurrido hace pocos días en «Oscar Gas», cuyo titular compró matafuegos robados de una escuela, a pesar de que su rubro principal es la venta de artículos nuevos.

Según la ordenanza sancionada ayer por unanimidad, los comercios que ofrezcan en venta o alquiler objetos usados deberán tenerlos numerados en forma correlativa. A su vez tendrán que llevar un libro foliado y rubricado por el municipio donde registrarán las características de cada artículo, incluyendo su fecha de ingreso, marca, modelo y factura o contrato de compra, permuta, alquiler o consignación, que en casos puntuales podrá ser reemplazado con un documento donde conste el nombre, DNI, domicilio y firma del anterior propietario.

El texto también hace fuerte hincapié en la higiene y desinfección periódica que deberá practicarse en los locales.

Los infractores se expondrán al decomiso de los artículos no registrados y multas que podrán llegar a los 500 pesos, más otros 20 por cada objeto involucrado. Los reincidentes podrán ser penalizados con clausuras.

Cascón destacó que hasta hoy las condiciones de oferta de artículos usados no estaban abarcadas por regulación alguna.

Subrayó también que a quienes se dedican a cometer asaltos y delitos contra la propiedad «les resultará más difícil si no encuentran dónde sacarle provecho económico» a los robos.

La edil de MARA Sandra Guerrero manifestó su adhesión en general pero advirtió que «un porcentaje ínfimo» de los objetos robados en Bariloche se canalizan en desarmaderos y ferias americanas de la localidad, ya que las mismas organizaciones del delito las reducen por lo general en otros destinos.

El Deliberante también aprobó ayer la prórroga del contrato con la empresa prestadora de transporte urbano Tres de Mayo, que en realidad fue suscripto por el Ejecutivo en abril de 2003 con vigencia hasta abril de 2005. En esa fecha el servicio deberá ser licitado, tomando como base un estudio técnico que hoy está en plena elaboración.

Reproche a Icare

Durante el debate de la prórroga a la concesión de transporte, varios ediles señalaron ayer la necesidad de que el Ejecutivo municipal ponga fin a la costumbre de solicitar la ratificación de contratos ya firmados y en plena vigencia.

Subrayaron que la Carta Orgánica obliga al intendente a conseguir el aval del Deliberante «antes» de la firma de cualquier contrato o convenio. El concejal Andrés Martínez Infante (Encuentro) cuestionó que la situación de urgencia invocada para ignorar esa obligación pasó a ser la norma, antes que la excepción.

El edil recordó que también tienen bajo análisis otros convenios que recibieron en fecha reciente y con las firmas puestas. Entre ellos el celebrado con Parques Nacionales para aprovechamiento leñero, el de pasantías con los CEM 45 y 46 y el comodato con la Asociación de Microemprendimientos Productivos.

Los ediles se encuentran presionados para votar siempre en forma afirmativa frente a esos contratos, ya que de otra forma dejarían al municipio en situación jurídicamente vulnerable. (AB)