Avanza la causa contra funcionarios de Gaido y una cooperativa de espacios verdes
La fiscalía aguarda información para resolver si avanza en la formulación de cargos. La denuncia apunta al titular de Espacios Verdes, Fabián Heuberger, por negociaciones incompatibles.
Trabajando Juntos Ltda. hizo contratos millonarios con la municipalidad para el mantenimiento de plazas y espacios públicos. Foto: archivo.
El fiscal de Delitos Económicos, Marcelo Jara, solicitó información a la AFIP y otros organismos públicos de la provincia para resolver si pide la formulación de cargos en la causa contra funcionarios municipales de Espacios Verdes denunciados por negociaciones incompatibles.
Se trata de la investigación judicial que se abrió tras la presentación del titular de la UCR, Juan Peláez, quien vinculó al subsecretario de Espacios Verdes, Fabián Heuberger, con la cooperativa Trabajando Juntos Ltda. (Cotrajun) que recibió millonarios contratos para el mantenimiento de plazas en la ciudad.
Según se informó desde el ministerio público fiscal, el funcionario libró cinco oficios la semana pasada hacia el municipio, el Registro Público de Comercio, la dirección de Personas Jurídicas y la AFIP para recabar información sobre la cooperativa y dos empresas también vinculadas (Marfa y Mapala). Se intenta determinar en qué licitación o compulsas participaron y si efectivamente hay empleados municipales vinculados a esas organizaciones.
Según la denuncia de Peláez, el propio Heuberger fue tesorero de la cooperativa Cotrajun hasta días antes de su asunción como funcionario y dejó como reemplazo a su pareja, María de los Ángeles Salgado. También vincula a quien se presenta como coordinador de Espacios Verdes, Braian Marino, presidente de la cooperativa.
En la denuncia se enumeraron siete contratos de 2020 y 2021 con Cotrajun para el mantenimiento de espacios verdes que sumaron un total de 153 millones de pesos. La misma organización también habría tenido a cargo la provisión de las macetas que la gestión de Mariano Gaido distribuyó por toda la ciudad.
Una ampliación posterior de Peláez también sumó a las empresas Marfa SRL y Mapala SRL, cuyos socios serían Marino y Salgado, pues afirmó que participaban de las licitaciones “para lograr una fachada de legalidad”.
Una vez que la fiscalía cuente con la información solicitada, deberá resolver si avanza con la formulación de cargos y el tipo penal que utilizará. Si bien la denuncia de Peláez es por negociaciones incompatibles con la función pública, otra vía posible podría ser la de enmarcar las maniobras como defraudación.
El municipio hizo una presentación ante la fiscalía para ponerse a disposición. Públicamente, defendió que todas las contrataciones fueron hechas “bajo las normativas vigentes”.
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