Aval a “seguridad democrática”

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El municipio incorporó a su normativa el “acuerdo para la seguridad democrática” aprobado en diciembre por el Congreso de la Nación con el propósito de poner freno a “las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito”. La ordenanza, aprobada ayer en sesión extraordinaria, fue una consecuencia directa de la violencia policial que le costó la vida a Diego Bonefoi y que también tendría responsabilidad en la muerte posterior de otros dos jóvenes barilochenses. El acuerdo contiene un expreso alegato en contra de “las políticas de mano dura”, en razón de que “no han reducido el delito, han aumentado la violencia y en algunos casos hasta han amenazado la gobernabilidad democrática”. Indica también que “una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población”. El proyecto aprobado ayer fue promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). cuyo director Ejecutivo, Gastón Chillier, estuvo presente en la sesión. También hubo adhesiones expresas de varios diputados nacionales como Claudio Lozano, Eduardo Macaluse, Alejandro Rossi, Felipe Solá, Fernando “Pino” Solanas, Margarita Stolbizer, Diana Conti, Ricardo Alfonsín, Mónica Fein, Ricardo Gil Lavedra y Victoria Donda. Los parlamentarios suscribieron un comunicado en el que consideran que los tres homicidios y la represión policial desatada en Bariloche son “de una extrema gravedad institucional y exige gestos políticos claros que ratifiquen el compromiso de encarar el tema de la seguridad a través de políticas de Estado”. En sus fundamentos, la ordenanza sancionada por unanimidad señala que también generan inseguridad “la violación de derechos laborales, el incumplimiento de las obligaciones para con el Estado, el desconocimiento de las funcionarios respecto de sus obligaciones para con la población, la negativa injustificada a brindar información pública y los repartos arbitrarios de bienes públicos que benefician sólo a sectores privilegiados”.