Autorizan salidas de un abusador que se paga el psicólogo y tiene informes negativos

En su momento fue el condenado a la pena más alta de la historia de la provincia: 30 años de cárcel. Pese a semejante sanción, el público que asistió a la lectura de la sentencia apedreó a los jueces: quería perpetua. Quienes lo conocieron en aquella época dicen que está cambiado: aprovechó sus años en la cárcel para instruirse. Y ahora su caso vuelve a llamar la atención: con un dictamen en contra del gabinete técnico criminológico y la oposición de la fiscalía, el Tribunal de Impugnación le concedió un régimen de semilibertad.

El protagonista es Carlos Bernardo Soñé, de 43 años. Su nombre aún trae ecos dolorosos en Cutral Co, donde en 2002 convivió con Patricia Alonso y los dos hijos menores de edad de ella.

Uno de los niños, Franco, murió de una peritonitis a los 3 años de edad. Cuando lo llevaron al hospital comprobaron que había sido violado y recibido varias heridas.

Quedó la sospecha que la peritonitis se desencadenó por un golpe que le aplicó presuntamente Soñé, pero nunca se demostró. Por eso no lo acusaron de homicidio.

Todo ocurrió en un contexto de escasos recursos económicos y carencias socioculturales. La pareja había vivido en Añelo; allí Soñé, por entonces un chofer desempleado de 28 años, conoció a Alonso, que tenía 26, en un local nocturno en el que ella trabajaba. Se mudaron al Parque Industrial de Cutral Co donde ocurrieron los hechos el 1 de noviembre de 2002.

Durante el juicio, un psiquiatra describió a Soñé como “psicópata perverso”. El 6 de mayo de 2004 lo condenaron a 30 años de prisión por “abuso sexual” con varias agravantes.

A ella le aplicaron 16 años, ya los cumplió, se mudó a la provincia de Río Negro y lo último que se sabe es que consiguió un empleo. “Era una víctima más”, dijo alguien que conoce el caso.

Soñé lleva 17 años preso sin recibir tratamiento psicológico, pese a las órdenes judiciales que lo dispusieron y a sus reiterados reclamos.

Hace cuatro meses contrató por su cuenta a un psicólogo particular pero el gabinete técnico criminológico estatal dijo que no le estaba brindando la clase de tratamiento que correspondía, aunque tampoco le informó cuál era el correcto. Siguió desaconsejando que le otorguen salidas porque su riesgo criminológico es “medio-alto”.

“En algún momento va a salir, la prisión perpetua no existe, y lo mejor es ir creando las condiciones”, dijo a “Río Negro” su defensora, Melina Pozzer. “La pena tiene una finalidad: la reinserción. En eso hay que trabajar, en que no salga de la cárcel peor de lo que entró. Para eso el Estado tiene que brindar el tratamiento psicológico adecuado”.

En una audiencia realizada el viernes pasado, Pozzer y su colega Roberto Espina lograron que tres jueces les dieran la razón y le otorgaran un régimen de salidas laborales a Soñé. “Podrá ir a trabajar a un emprendimiento de su pareja y a la noche volverá a dormir a la cárcel”, explicó la abogada.

El condenado tiene por ahora un particular régimen de salidas: dos veces por mes, 12 horas cada vez, con una pulsera electrónica. Pero la provincia no tiene pulseras electrónicas, de modo que en cada salida lo acompaña un policía para suplir esa (otra) falencia.

Soñé dijo en esa audiencia que “a mí me dejaron tirado como en un depósito. En todos los años que llevo preso el gabinete criminológico me vio cuatro veces, diez o quince minutos”.

Los jueces del Tribunal de Impugnación Federico Sommer, Liliana Deiub y Héctor Rimaro fallaron a su favor y le otorgaron el régimen de semilibertad o salidas laborales.

Éste último fue el más enfático: “Hacer justicia no es sinónimo de hacer cumplir a rajatabla la letra de la ley, sino también dar una mayor fundamentación de por qué no está cumplido el requisito del informe criminológico favorable, y aquí hay que reconocer que hay un gran déficit del Estado en no suministrar tanto a Soñé como a tantas otras personas privadas de libertad el tratamiento necesario”.

“Soñé lleva un año y nueve meses de salidas de 12 horas sin problemas, lo cual demuestra que el informe negativo no estaba acertado. Tampoco podemos irnos al extremo de que por un informe negativo vamos a seguir negando derechos”, agregó.

Además de autorizar las salidas, cuya modalidad se debatirá en una próxima audiencia, el Tribunal ordenó que el gabinete técnico criminológico informe «con carácter de urgente» cuál es el tratamiento psicológico que requiere Soñé.

Ese informe deberá ser remitido al juez de Ejecución subrogante, Gustavo Ravizzoli.

Consultado por “Río Negro”, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid admitió que hay varios casos de condenados que no reciben asistencia en las cárceles y desde ese punto de vista dijo que “veo que hay un problema y parte de razón tienen”. Sin embargo, remarcó que “el informe del gabinete técnico criminológico tiene que dar bien” para autorizar las salidas.

También dijo que “me parece pésimo” que Soñé “suplante al Estado y tenga que contratar a un psicólogo, pero además de haber hecho eso, el informe del gabinete le dio mal, quiere decir que no está apto”.

Breide Obeid reveló que le propuso a la jueza de Ejecución de Neuquén, Raquel Gass, que se hagan “audiencias públicas con todas las partes: fiscalía, defensa, víctima, e incorporar al personal del gabinete, de población judicializada, a todos los que intervienen, para tener mejores controles y poder fundamentar mejor las decisiones”.

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Ira y violencia a pesar de ser la condena más alta de la historia de Neuquén

6 de mayo de 2004: Carlos Soñé es condenado a 30 años de prisión por abuso de Franco, hijo de su pareja Patricia Alonso. Ella recibe 16 años. El niño murió pero no los acusan del homicidio.

Diciembre de 2017: Soñé, que nunca recibió atención psicológica, accede a una salida de 12 horas por mes a la casa de su madre con pulsera electrónica. Un año después le autorizan dos salidas por mes. El Estado no tiene pulseras, de modo que sale acompañado de un policía.

13 de noviembre de 2018: La justicia ordena que le den tratamiento psicológico. El hospital responde recién en febrero de 2019 que no tiene turnos.

Febrero de 2019: Soñé empieza un tratamiento con un psicólogo por su cuenta.

18 de junio de 2019: el gabinete técnico criminológico dictamina que el tratamiento que se está haciendo Soñé no es el que corresponde y se pronuncia otra vez en contra de sus salidas transitorias.

19 de julio de 2019: El Tribunal de Impugnación autoriza la semilibertad de Soñé y ordena al gabinete que informe qué tipo de tratamiento debe realizarse.