ATE paga $400.000 por destrozos y evita un juicio penal

Neuquén

NEUQUÉN (AN).- Los ocho gremialistas de la Municipalidad de Plottier que ayer fueron llevados a juicio penal por la protesta con lesiones e incidentes en la casa del entonces Secretario de Gobierno, Gerardo Cugliandolo, eludieron el proceso gracias a un acuerdo civil por el cual el gremio ATE abonará una reparación de 400.000 pesos.

A los imputados, entre ellos la secretaria general de ATE Plottier e Interior Pilar Sagredo, se les otorgó una suspensión de juicio a prueba o probation por la cual deberán realizar 96 horas anuales de trabajo comunitario, en el caso de los hombres por dos años y para las mujeres por uno.

El acuerdo se dio cuando las partes se sentaron ayer para iniciar el juicio en contra de Sagredo, Juan Cabrapán, Belén Carnovale, Sergio González, Juana Navarrete, Diego Parada, Julia Quiñones y Orlando Rosales.

Los episodios que generaron la causa ocurrieron el 10 de agosto de 2012 en el contexto de un reclamo salarial.

Ese día la protesta comenzó a la mañana y se extendió hasta la noche en la casa de Cugliandolo.

En ese plazo él, Alejandra Lorenzo y Analía Kuperman quedaron encerrados, se destrozó un vehículo y varias ventanas y Cugliandolo fue golpeado y se le debió practicar una extirpación.

Pese a que los imputados enfrentaban seis cargos penales cada uno, un acuerdo en sede Civil por el cual el gremio ATE le abonará a la víctima 400.000 pesos de reparación y los costos asociados permitió destrabar el juicio penal que concluyó con la probation, la cual de ser respetada llevará al sobreseimiento de los imputados.

El querellante por la Municipalidad de Plottier, Eduardo Badano y las víctimas aceptaron la propuesta realizada por los abogados de los imputados, Juan Kairuz, Mariano Mansilla y Virgilio Sánchez.

Ante esto el fiscal Agustín García debió modificar la acusación para eliminar el cargo de coacción agravada que impedía que reciban una probation.

El tribunal formado por los jueces Andrés Repetto, Florencia Martini y Alfredo Elosú Larumbe homologó la suspensión del juicio a prueba remarcando que lo hacían excepcionalmente ante el acuerdo de las partes y el hecho de que el caso prescribe en enero.

Los imputados, además de tener que abonar los honorarios del abogado del Municipio y del abogado de Cugliandolo, no podrán ser imputados de nuevos delitos. Una medida que Badano remarcó que implica que no podrán manifestarse de forma violenta o violando alguna norma. Situación que de darse llevaría a la anulación del beneficio y el reinicio del juicio.

Cugliandolo indicó que si bien aceptaba el acuerdo para “darle un corte” al proceso, también le solicitó a los magistrados que se tomen las medidas de control suficientes “para que los imputados cumplan con lo acordado”.

Es que entre las pautas de conductas también se les prohibió el acercamiento a su vivienda.