ATE, ahora en alerta contra la ley de teletrabajo en Neuquén

El sindicato se declaró en estado de movilización frente al avance del proyecto en la Legislatura. Apuntó contra los diputados del Frente de Todos por no haberlos convocado a discutir.

La dirigencia de ATE declaró el estado de alerta y movilización en la provincia frente al avance en la Legislatura de otro proyecto con el cual no acuerdan, la ley de teletrabajo. Se trata de una iniciativa que busca regular los derechos de los trabajadores estatales que realicen tareas remotas, pero desde el gremio aseguran que es una intromisión a los convenios colectivos de trabajo.

“Mientras el Estado Nacional convocó a discutir en mesas paritarias la ley de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo conectado, el Frente de Todos en Neuquén no convocó a nuestra organización sindical que, además de contar con representación mayoritaria de trabajadores en el Estado, es signataria de 16 convenciones colectivas”, apuntaron desde ATE.

El conflicto es el segundo que declara el gremio esta semana contra diputados provinciales del Frente de Todos, más precisamente con el presidente de la comisión de Trabajo, Sergio Fernández Novoa. El martes se movilizaron a la Legislatura para pedir el archivo de la ley de carrera sanitaria, otro proyecto que rechazan por regular condiciones laborales por fuera del convenio de Salud, y apuntaron contra la alianza kirchnerista y, en particular, contra el legislador.

Estamos en una etapa electoral y muchas veces se hacen juegos de distracción, pero esto no depende del Frente de Todos. La suerte del proyecto de carrera sanitaria está ligada al gobernador Omar Gutiérrez y al MPN”, dijo Fernández Novoa esta semana.

La ley de teletrabajo sí es una iniciativa del kirchnerismo, aunque recibió respaldo político casi unánime y ya quedó en condiciones de ser votado en el recinto.

La propuesta establece que quienes se desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo tendrán “idénticos derechos” que quienes realicen tareas equivalentes en forma presencial. También fija que el Estado provincial deberá hacerse cargo de los costos de conexión y el mantenimiento de los dispositivos tecnológicos.


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