Aseguran que dos represores condenados viven en Bariloche con “domiciliaria”
Lo confirmó una organización por los derechos humanos. Tienen la identidad de los exmilitares que vivirían en la ciudad.
Aseguran que dos represores condenados viven en Bariloche con “domiciliaria”
Al menos dos represores que tienen condenas firmes por crímenes cometidos durante la última dictadura y fueron beneficiados con prisión domiciliaria, están radicados en Bariloche.
Así fue revelado ayer por una organización local durante la presentación del libro “El juicio que no se vio”, del periodista y abogado Pablo Llonto.
Integrantes de la Red por la Identidad confirmaron que tienen constancias sobre la presencia en Bariloche de dos represores que ya tienen condena y fueron eximidos de cumplir pena en cárcel común.
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Hoy brindarán más detalles sobre los casos. Según trascendió uno de ellos sería el exsuboficial del Ejército Felipe Ayala, quien fue condenado a perpetua en noviembre de 2015 por el tribunal federal de Bahía Blanca.
El otro fue identificado como Ernesto (o Ramón Ernesto) Cooke y fue condenado a 16 años por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tucumán.
Los datos sobre los represores, al igual que la presentación del trabajo de Llonto, cobran especial significación porque fueron dados a conocer a pocos días de un nuevo aniversario del golpe de marzo de 1976, que se cumple el próximo sábado.
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El autor del libro cubrió como periodista para el diario Clarín el juicio a las juntas que se realizó en 1985 y que terminó con las condenas a prisión perpetua de los principales jerarcas de la última dictadura, Jorge Videla y Emilio Massera, y con condenas menores para otros jefes.
Llonto -quien presentó su libro ayer en la Biblioteca Sarmiento junto a Sergio Maldonado, hermano de Santiago, y el dirigente de la CTA, Jorge Molina- dijo que el texto cuenta algunos hechos y circunstancias no difundidos del histórico juicio, por ejemplo “las razones por las cuales no se televisó y la resolución sin firma de (el expresidente Raúl) Alfonsín que impuso esa prohibición”.
También describe “la vida que llevaban los testigos, cuando no existía el colchón de protección que hoy existe y salían de las audiencias de madrugada, cuando estaba todo oscuro, y sus victimarios seguían armados y activos, en los cuarteles y comisarías”.
Llonto dijo que cuando fue asignado junto a otros colegas para trabajar en el juicio por Clarín su jefe era Joaquín Morales Solá y la orden fue “hacer crónica, sin nada de opinión”. Aseguró que en el libro también hay una autocrítica, porque todavía hoy se arrepiente de no haber desobedecido aquella indicación. “Después entendí que debía opinar igual. Lamento no haberme dado cuenta en ese momento”, confesó.
Valoró que existan ya “840 condenados, más de 2.000 procesados y 17 juicios todavía en curso” por la represión de los años 70. Pero dijo que “aun hay torturas en las comisarías, en Prefectura, en Gendarmería. Hay que seguir en esto la enseñanza del movimiento de mujeres, hay que ganar la calle y no ceder un centímetro”.
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