Ascensores y escaleras

Ocurre todos los años en la Argentina, y seguirá ocurriendo mientras la tasa de inflación se mantenga en dos dígitos anuales. Cada año arranca con precios nuevos y salarios viejos, que reeditan aquella antigua frase del expresidente Perón según la cual los primeros suben por el ascensor y los segundos por la escalera. La principal diferencia es ahora el fuerte repunte inflacionario de los últimos cuatro meses, que recalienta la carrera por cubrirse –o adelantarse, según el caso– tanto por parte de empleadores como de trabajadores. No es la única diferencia. Otra es que el gobierno de Mauricio Macri acaba de anunciar en enero un programa de metas fiscales y monetarias decrecientes para reducir gradualmente la inflación a un dígito en cuatro años, cuya primera escala es ubicarla en un rango de 20/25% anual en el 2016. A primera vista, este porcentaje –fraccionado– es el que la Casa Rosada busca aplicar a los salarios del sector público, comenzando por los docentes con cuyos gremios se negocian paritarias poco antes del comienzo de las clases. Otro tanto ocurre en las provincias. Hasta ahora, no prosperó ninguna negociación. El caso extremo es el de la provincia de Buenos Aires, donde uno de los gremios docentes (Suteba) reclamó una suba inicial de 40% y la revisión a mitad de año, tras rechazar la oferta oficial de 23% dividido en tres tramos. A su vez, se elevó a 30% el piso de los reclamos en la mayoría de los gremios del sector privado, salvo en aquellos donde está comprometida la actividad y/o el empleo. Como ha sido una constante en todos estos años, el gobierno de Macri también afirmó que no habrá techos en las paritarias. Sin embargo, el objetivo de una pauta salarial de 25% es –en los papeles– consistente con el de reducir este año el déficit fiscal en un punto del PBI, para bajar a una cuarta parte la emisión de pesos del Banco Central y cubrir la diferencia con endeudamiento interno y externo a fin de desacelerar la inflación. El problema es que desde noviembre del 2015 y, en especial, desde que se conoció el resultado del balotaje, muchos precios se dispararon ante la expectativa de devaluación del peso y el año pasado cerró con una inflación del orden de 27/29%, obviamente no registrada por el Indec. En enero se mantuvo la tendencia y, según estimaciones privadas (ya que la reconstrucción del Indec obligó a suspender la difusión de los índices), el alza mensual se ubicó en torno del 3%. Anualizada, equivale a una tasa de 42,5%. Para este mes las expectativas no son mejores. Si bien se frenó el impulso de algunos aumentos en supermercados (con excepción de la carne), la fuerte suba de tarifas eléctricas en la Capital Federal y Gran Buenos Aires (superior al 500%, debido a la quita de subsidios) agregará más puntos a los índices privados (y al oficial de CABA, que el Indec sugirió como referencia junto con el de San Luis). En rigor, buena parte de este rebrote inflacionario responde al sinceramiento de la herencia de atraso cambiario y tarifario que el nuevo gobierno recibió del kirchnerismo, junto con los subsidios masivos al consumo eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En este último caso, un problema adicional es que su impacto es dispar en otras regiones del país, donde también se carece de índices oficiales para medirlo. A ello debe sumarse la inercia inflacionaria sobre distintos rubros (alquileres, medicina prepaga, celulares, colegios privados, seguros, etc.) que promete extenderse durante lo que resta del primer cuatrimestre y reducir aún más el poder adquisitivo a los salarios. Con esta perspectiva, el gobierno nacional queda atrapado entre dos realidades opuestas, al igual que la mayoría de las administraciones provinciales. Por un lado, no pueden desconocer que la mayor inflación de fines del 2015 y comienzos del 2016 deteriora el poder adquisitivo real de los salarios acordados el año pasado. Por otro, no tienen presupuesto para otorgar mejoras de 30% (o más) sin poner en peligro las cuentas públicas o –en el caso de la Casa Rosada– el objetivo de bajar fuertemente la inflación en la segunda mitad de este año. Para eso necesitaría que las subas mensuales se reduzcan a menos de una tercera parte (de 3/4% a menos de 1%), algo que ya muchos analistas ponen en duda. Aún así, Macri tiene varias herramientas para evitar que los salarios queden muy abajo en la escalera. Para los sueldos más altos, en marzo enviará al Congreso la ley para subir el mínimo no imponible (a $ 30.000 mensuales brutos) y las escalas del impuesto a las Ganancias, que será retroactivo a enero, implicarán el reintegro de anticipos y una menor presión tributaria sobre el 10% del total de asalariados en blanco. Aun así, deberá competir con otros proyectos que acaban de presentarse para elevar el piso a $ 37.000 (Miguel Pichetto) y algo más de $ 47.000 (Elisa Carrió). A la vez, otra iniciativa oficial prevé reducir a la mitad el IVA sobre los productos de la canasta básica, que proporcionalmente beneficiará en mayor medida a los sectores de menores ingresos. El sacrificio de recursos fiscales de estas medidas ya está incluido en las metas oficiales y no afectará los costos de las empresas privadas. Otra carta reservada es conseguir el apoyo de la dirigencia sindical peronista mediante la cancelación gradual de las deudas del Estado con las obras sociales sindicales, que el gobierno de Cristina Kirchner dejó de pagar durante años y totalizaría no menos de 25.000 millones de pesos. Para eso Macri recibió días atrás a Hugo Moyano y no se descarta otro próximo encuentro. Esa negociación no parece barata ni sencilla, ya que en la cúpula sindical no pocos dirigentes suelen acusar al dirigente camionero de cortarse solo. De hecho el gremio conducido por su hijo Pablo acaba de amenazar con un paro nacional, pero no por el pedido de una suba salarial de 30%. El reclamo es que se derogue una reciente circular del Banco Central que eximió a los bancos de la obligación de enviar resúmenes de cuenta impresos a sus clientes, con el argumento de que significará la pérdida de 4.000 puestos de trabajo en empresas de correo privado. Hace años que las entidades ofrecen la opción de ponerlos a disposición vía home banking para consumir menos papel (y, de paso, ahorrar costos). De concretarse, el paro afectará al transporte de caudales. Aunque en los próximos meses las paritarias prometen ocupar el centro de la escena, el problema de fondo es que la inflación conspira contra el objetivo de reducir la pobreza y aumenta la desigualdad social. Máxime cuando el empleo en negro alcanza al 34% de los trabajadores. Una prueba de ello son dos recientes indicadores privados de precios, que arrojan para enero una suba de 3% y de 28/29% en los últimos doce meses. En el primer caso, FIEL calcula que el costo de la canasta básica se ubica en $ 7.442 mensuales, por debajo del cual una familia tipo ingresa en la pobreza (y de $ 4.055, en la indigencia). En el otro extremo, la Universidad del CEMA estima en $ 68.800 mensuales lo que debería gastar un profesional ejecutivo de altos ingresos para cubrir otra canasta de consumos más sofisticados y servicios privados. Hace ocho años, esta última equivalía a $ 11.800.