Críticas en la Iglesia a la baja en la edad de imputabilidad
Desde el arzobispado de Buenos Aires advirtieron que la decisión “parece destinada a ampliar la exclusión social”. Para religiosos y curas villeros, la iniciativa del gobierno es “demagogia punitiva”.
Voces críticas en la Iglesia: la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, que integran -entre otros- curas villeros y religiosos, expresó ayer su rechazo a “cualquier intento” de bajar la edad de imputabilidad. La iniciativa, dijo, es “demagogia punitiva” y tiene “fines electorales”.
A la par, la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del arzobispado de Buenos Aires advirtió que medidas de este tipo “profundizan las heridas sociales” y “parecieran estar destinadas a ampliar la exclusión social”.
El arzobispado advirtió que “las jóvenes generaciones necesitan políticas de promoción de su dignidad y sus derechos”. “Siguiendo el pensamiento del papa Francisco afirmamos que ‘ningún niño es descartable’ y, en cambio, a todo niño, niña o adolescente se le deben garantizar la integridad de sus derechos”, afirmó la comisión de Niñez del arzobispado.
Por su parte, la comisión de Derechos Humanos planteó su oposición “a cualquier intento de bajar la edad de la punibilidad, mucho más en este contexto social”. “La discusión sobre la responsabilidad penal juvenil está pendiente” ésta “no puede darse en este marco de incumplimiento de los derechos sociales”, dijo.
Consideraron que “pensar la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana al margen del contexto social es demagogia punitiva, y significará profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales”.
La comisión de Derechos Humanos por la Inclusión está integrada por los sacerdotes José María “Pepe” Di Paola, Lorenzo “Toto” De Vedia y Carlos Olivero; los religiosos Yolanda Galka, Cecilia Lee, Daniel Romanín, entre otros.
El proyecto que
interesa al gobierno
El gobierno enviará al Congreso, para debatir en extraordinarias, un proyecto para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que bajaría a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves, y que contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo. Se prevén penas de hasta 15 años.
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