Buscan respaldar con el Código Penal el uso de poder de fuego de la policía

A pesar de la tensión interna y algunas críticas externas, el gobierno ni siquiera evalúa modificar el nuevo protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas federales. De hecho, el Ejecutivo buscará darle respaldo “legal” al protocolo con la reforma del Código Penal que enviará al Congreso seguramente en marzo, con la apertura de las sesiones ordinarias. La polémica ya arrancó y sacude a Cambiemos. El PJ, más allá del kirchnerismo, mantuvo una posición cauta y hasta un franco acompañamiento.

“La resolución es definitiva, no se va a suspender su aplicación ya vigente”, dijo a este diario Gerardo Milman, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. El lunes, el ministerio publicó el nuevo protocolo: unificó los criterios para las cuatro fuerzas (policía federal, gendarmería, prefectura y PSA) y dio mayor libertad al uso de armas para los efectivos, sin obligatoriedad de dar la voz de alto en casos “extremos”, y hasta la posibilidad de disparar a un delincuente en fuga.

Fuera de la esperable reacción del Frente para la Victoria, que presentó un proyecto de ley para establecer de forma taxativa que los efectivos de seguridad serán responsables penales por el uso ilegal de armas de fuego, la reacción que generó mayor revuelo fue la de Elisa Carrió, que tildó de “fascista” la medida. La diputada luego bajó el nivel de conflictividad y pidió trabajar en una ley o modificación del Código Penal que despeje ambigüedades y corrija falencias que incluso podrían complicar eventualmente a los agentes ante la Justicia.

“La Comisión que trabajó en una propuesta de Código Penal, que el Ejecutivo va enviar al Congreso, incluye una modificación del artículo 34 del Código Penal que incorpora los mismos contenidos que tiene la resolución. Ese sería el mecanismo legal para que el Congreso pueda debatir este tema. Así se convertiría en ley. Pero el juez siempre toma tanto el Código como los protocolos, que regulan la interpretación de la ley, y que ahora es más claro”, respondió ayer Milman al respecto.

El protocolo no es una norma a la que las provincias puedan o no adherir. En todo caso, cada provincia, autónoma en lo que refiere a sus policías, puede decidir copiar la resolución y aplicarla a su jurisdicción. En ese sentido, algunas ya se han pronunciado: por ejemplo, los gobiernos de Neuquén y Río Negro ya advirtieron que mantendrán sus propias reglamentaciones.

En el oficialismo, la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que considera que sus fuerzas –en pleno proceso de limpieza– no están todavía preparadas, anticipó que no homologará el protocolo. El jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, dio señales de que sí lo haría en Capital Federal, pero no se definió demasiado sobre el cuándo y el cómo. También hubo guiños, medidos, del gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo.

Por otro lado, el gobierno de Chubut, a cargo de Mariano Arcioni, uno de los gobernadores del PJ federal, anunció que adecuará el protocolo a su provincia. El salteño Juan Manuel Urtubey también elogió la resolución, aunque advirtió la presencia de ciertos “grises” a corregir. El rionegrino, Miguel Pichetto, uno de los jefes del PJ federal, respaldó el protocolo: “Hay que recuperar la confianza en los policías y darles autoridad”, afirmó. Señales a destacar frente el eventual tratamiento del tema en el Congreso.

Al inicio de la campaña electoral, nada parece inocente. En gobierno aseguran que la medida no se tomó antes porque, al llegar al poder, las fuerzas de seguridad no estaban ni remotamente capacitadas. Pero a nadie se le escapa en el oficialismo lo que señalan las primeras encuestas que ya circulan en los despachos de la Casa Rosada: una mayoría holgada respaldaría la nueva norma de seguridad.

Los efectivos no estarán obligados a dar la voz de alto en casos “extremos” y tendrán la posibilidad de disparar a un delincuente en fuga.

La legislación es más que suficiente para que las fuerzas de seguridad puedan actuar con eficacia, firmeza y respetando las garantías. No creo que haga falta una policía más violenta, sino más inteligente”.

Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe