Argentina tiene su primer plan nacional de derechos humanos

Los argentinos hemos aprendido según pasan los años que la lucha por la defensa de los derechos humanos es una tarea permanente, que tiene que ver con el desafío de sentar las bases de un país más justo e inclusivo que nos una en la diversidad y promueva las condiciones para que las generaciones del futuro puedan desarrollarse en un contexto de paz, convivencia y armonía.

Es el espíritu que guía el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, para concretar las metas planteadas y asumir los nuevos retos que plantea la realidad.

En estos días, dos hechos trascendentales marcaron la agenda: fuimos parte de la hazaña que significó la identificación de los restos de nuestros héroes de Malvinas, tarea en coordinación con la Cruz Roja Internacional y el Reino Unido, y conocimos la sentencia de la emblemática causa ESMA III, el juicio oral más largo de la historia penal de nuestro país.

Venimos también de rendir en Ginebra el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, espacio que saludó la política de derechos humanos de la Argentina y sirvió –además– para la presentación del primer Plan Nacional de Derechos Humanos.

Esta iniciativa, que presentaremos para todos el 12 de diciembre en Casa de Gobierno, es la significativa en la materia, dado que traduce la decisión política del Poder Ejecutivo Nacional, sumada al trabajo coordinado y consensuado con los ministerios, para abordar los compromisos que cada área de gobierno definió como prioritarios en ese sentido.

Es la primera vez en la historia que Argentina asume un desafío de esta naturaleza. Es un hecho incontrastable que da testimonio de que, para nuestro país, los derechos humanos constituyen una política de Estado.

Este plan es fruto, además, de la escucha atenta de las ideas que sumaron organizaciones de la sociedad civil, así como también organismos internacionales. Y fue elaborado teniendo en consideración los aportes y recomendaciones de los diferentes comités de tratados e informes de relatores y grupos de trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del proceso de integración de la Argentina en el escenario global.

Los ejes temáticos que aborda el Plan Nacional son: inclusión, no discriminación e igualdad, seguridad pública y no violencia, memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias; acceso universal a derechos y cultura cívica y compromiso con los derechos humanos.

Se trata de la profundización de temáticas que definen el nuevo paradigma de derechos humanos que encarna la gestión, que incorporó por primera vez a la política pública y a la estructura orgánica de gobierno las ideas de diversidad y pluralismo cultural.

Da cuenta de esta nueva realidad la fuerte tarea que se ha venido desarrollando vinculada a la integración, al fomento del diálogo intercultural y el encuentro interreligioso, para que la xenofobia, la discriminación y el racismo no tengan lugar en nuestro país.

Una de las medidas más relevantes en este sentido tiene que ver con el decreto que suscribió el presidente Mauricio Macri, que reconoce la importancia del Decenio Internacional Afrodescendiente proclamado por Naciones Unidas y compromete al gobierno a realizar acciones de visibilización y promoción de derechos de toda esa comunidad. El principal objetivo consiste en situar a la población afro en un plano de igualdad de condiciones y reconocimiento con todas las colectividades, comunidades y flujos migratorios que definen el mosaico de identidades que conforma nuestra sociedad.

También se ha priorizado la temática de los pueblos originarios, con el objetivo de proteger, garantizar y promover el acceso a los derechos de las comunidades a lo largo de todo el territorio del país. Se decidió, además, que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pasara a la órbita de Derechos Humanos, procedente de Desarrollo Social. Aquí el cambio de paradigma implica entender a los pueblos originarios como sujetos de derecho, y no desde una perspectiva asistencialista.

Tiene mucha relevancia, asimismo, la labor que realiza la Dirección General de Políticas Públicas Integrales de Diversidad Sexual, creada por la gestión, para apostar a la educación como herramienta para luchar contra la discriminación y avanzar en la integración de la población Lgbtiq.

Para garantizar el acceso a un derecho humano fundamental, el derecho a la identidad, se ha creado en el ámbito de la Secretaría la Red por el Derecho a la Identidad Biológica, que además representa un plan intensivo de documentación, que es el punto de partida básico para cualquier acceso a derechos.

Seguimos abrazando las consignas de memoria, verdad y justicia para los crímenes cometidos durante la última dictadura. Una afirmación que encuentra correlación con el rol que la Secretaría ha llevado adelante como querellante en 220 causas de lesa humanidad. Con el mismo criterio, se rechazaron todos los pedidos de aplicación de la ley del 2×1 para represores.

También se presentó ante la Unesco la petición para que el Museo Sitio Memoria ESMA –ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio– pase a integrar el listado de sitios declarados “patrimonio de la humanidad por el Nunca más”.

*Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación