Argentina ahora cuestionó las elecciones en Nicaragua en la OEA
Apoyó una resolución que declara que las presidenciales del 7 de noviembre "no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática" y evaluará acciones.
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó ayer una resolución que declara que las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua «no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática. Y propone realizar «una evaluación colectiva inmediata» sobre la situación política y el desarrollo del proceso electoral en Nicaragua. Argentina respaldó la resolución y reafirmó su «compromiso con la defensa de los derechos humanos», según indicaron fuentes de Cancillería.
De este modo, el gobierno cambió su postura diplomática ante Nicaragua, que según la vocera presidencial Gabriela Cerrutti se basaba en una interpretación del principio de no injerencia en los asuntos internos de los países.
La decisión de realizar esta evaluación se tomó en el marco del período 51 de sesiones ordinarias de la OEA que se realizó en Guatemala, y se aprobó con 25 votos (entre ellos el de Argentina), uno en contra y siete abstenciones.
La resolución pide instruir al Consejo Permanente de la OEA que analice la situación que vive el país centroamericano, realice un informe antes del 30 de noviembre y entonces se tomen «acciones apropiadas».
El vicecanciller, Pablo Tettamanti remarcó en su participación sobre el proyecto de resolución «La situación en Nicaragua» que «la Argentina reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, que para nuestro país representa un valor superior e irrenunciable».
La resolución para condenar a Nicaragua fue impulsada por Antigua y Barbuda, Costa Rica, Estados Unidos, Chile, Ecuador, República Dominicana y Uruguay, que presentaron un borrador para que se condenara la situación que impera en el país centroamericano.
No avalar la farsa electoral
En Nicaragua, donde el domingo pasado se realizaron elecciones presidenciales en las cuales Daniel Ortega se impuso por amplio margen, siete dirigentes opositores que pretendían presentarse a esos comicios se encuentran detenidos.
Tras analizar el tema, la OEA resolvió investigar la situación en Nicaragua y realizar una evaluación colectiva entre sus estados miembros para establecer si el gobierno de Ortega cometió violaciones a los derechos humanos.
«Junto al resto de los países americanos, y a través de la Carta de la OEA, mi país también ha asumido un compromiso con la promoción y la consolidación de la democracia representativa, dentro del respeto al principio de no intervención», sostuvo Tetamantti.
En ese sentido, enfatizó: «Argentina cree firmemente que la mejor forma de superar nuestras diferencias ha sido y seguirá siendo el diálogo. Nunca las sanciones o los bloqueos, que en nuestro hemisferio sólo han llevado a resultados negativos».
«La OEA no debe apartarse de los principios y valores que rigen sus instrumentos fundacionales. La capacidad que demuestre esta Organización para retomar el camino de una cooperación entre iguales y basada en el respeto definirá, sin duda, los niveles de consenso, implementación y éxito de sus acciones», añadió.
Tettamanti manifestó: «Nos preocupa, en ese sentido, la condena anticipada de este proyecto de resolución a una cuestión respecto a la cual estamos solicitando que sea analizada por el Consejo Permanente, sin que hayamos tenido aún un debate en profundidad».
«Hemos acompañado el actual proyecto de resolución, con la convicción, la esperanza y la voluntad política de seguir trabajando a favor del diálogo y la solución pacífica de nuestras diferencias, en verdadero beneficio de nuestros pueblos», afirmó el vicecanciller.
En el texto de la resolución aprobada por la OEA se establece que «las iniciativas diplomáticas y técnicas emprendidas desde el 5 de junio de 2018 por la Organización de los Estados Americanos para promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos en Nicaragua no han tenido éxito por haber sido ignoradas o rechazadas rotundamente por el Gobierno de Nicaragua».
Se declara que «en las evidentes circunstancias, las elecciones de 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática», y se concluye que «con base en los principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el Gobierno».
La OEA reitera «sus llamamientos anteriores para la liberación de todos los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos, y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil».
El organismo instruye al «Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas».
En favor de la resolución se pronunciaron Argentina; Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Jamaica, Panamá, Surinam, Trinidad & Tobago, Venezuela (la representación está en manos de Juan Guaidó), Antigua y Barbados, Dominica, Barbuda y República Dominicana.
Siete países se abstuvieron: Honduras, México, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Belice, Bolivia y Dominica.
La delegación de San Cristóbal y Nieves estaba ausente y Nicaragua votó en contra.
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