Arabela sale a renegociar la deuda

La decisión de no pagar los intereses de los bonos del Plan Castello parece intempestiva pero va en la línea de lo que hicieron otras provincias, incluida Buenos Aires.

A partir de la decisión del gobierno de Arabela Carreras de no pagar en término los intereses semestrales de los bonos emitidos para financiar el plan de obra pública Castello, se abrió un período de negociación con los acreedores para reestructurar todo el programa. Ayuda que el Estado nacional esté en la misma línea y que provincias más pobladas, como Mendoza, pasen por el mismo trance.

Las reglas bajo las cuales se emitió la deuda le dan un mes para encontrar una salida. De lo contrario, los tenedores de los papeles podrían pedir una ejecución.

El banco Patagonia, agente financiero de la provincia y de la colocación de los bonos, ya está trabajando en el esquema de reprogramación.

Este mes tendría que haber sido pagada la sexta cuota de intereses semestrales (7,75% anual). En diciembre de 2023 hay que empezar a pagar el capital: 100 millones de dólares cada 12 meses durante 3 años.

Dice el prospecto de la emisión de los bonos que si “la provincia no realizara el pago de intereses o montos adicionales de los títulos de deuda a su vencimiento por un plazo de 30 días posteriores a la fecha de pago aplicable (…) los tenedores de al menos el 25% del monto total del capital de los títulos de deuda en circulación a esa fecha pueden declarar el inmediato vencimiento y exigibilidad del monto de capital de todos los títulos de deuda en circulación a esa fecha por medio de una notificación por escrito a la provincia con copia al fiduciario”.

Pero en Viedma dicen que la sangre no llegará al río.

Río Negro debe pagar en junio y en diciembre cuotas de intereses de 11,5 millones de dólares cada una. Arrancó a finales de 2017, pagó religiosamente durante 2018 y 2019, y ahora Carreras enfrentaba otro vencimiento.

Acá nadie puede hablar de la pesada herencia porque la gobernadora es en sí misma el legado político de Weretilneck. Habrá que sentarse con los acreedores para ver las nuevas condiciones.

La provincia de La Rioja tenía que pagar en marzo casi 15 millones de dólares de intereses de su deuda en moneda extranjera y no lo hizo: arrancó una negociación con los acreedores.

Mendoza anunció que refinanciaría deuda por 5.800 millones de dólares. La Provincia de Buenos Aires está en la misma línea. Y todos miran la negociación del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, con los acreedores externos.

¿Quiénes son los tenedores de los bonos rionegrinos? Es difícil saberlo, pero en el mercado financiero estiman que son los mismos que tienen en su poder papeles de deuda soberana argentina.

El mundo no es el mismo que en 2017, cuando el entonces ministro de Economía de la Provincia Agustín Domingo le acercó al gobernador Alberto Weretilneck la solución a su idea de dejar su impronta en la provincia: la emisión de un bono en dólares que le permitiera realizar un plan de obra pública de envergadura.

Y no se sabe cómo será en el 2023, cuando haya que pagar 100 millones de dólares de capital. Por las dudas, ya están armando la ingeniería del tipo de deuda por la que se canjearían los bonos del Plan Castello. La gobernadora no pude hablar de pesada herencia; ella es el legado.

La situación financiera del Estado rionegrino es realmente complicada, con un ingreso de fondos que creció respecto de 2019 a un ritmo mucho menor que la inflación y con gastos que subieron por encima de los recursos.

Los sueldos estatales se están pagando, pero la gobernadora avisó esta semana en Bariloche que no va a hablar del aguinaldo, cuyo pago debe realizarse el mes que viene.

El primer cuatrimestre cerró con un déficit de 411 millones de pesos.

No es significativo en términos globales, pero hay gastos que crecieron inexplicablemente por encima de otros, como los aportes a la educación privada, que en relación con el mismo período de 2019 saltaron un 50% hasta alcanzar los 608 millones de pesos, más otros 8 millones de aportes de capital para el mismo sector.

En las ciudades más pobladas de la provincia hay servicios que, como el transporte, se darían por satisfechos con subsidios incluso menores. En tiempos de crisis cambian las prioridades.