Andacollo: trabajadores sin salarios y rutas cortadas

De acuerdo a información publicada por el diario Río Negro, Trident SRL, la minera de Andacollo, debió depositar en el 2016 la suma de 1 millón de dólares en concepto de garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas mediante el contrato de concesión para la exploración minera.

No obstante la falta de depósito de esa suma, Cormine Sociedad del Estado Provincial, autoridad de contralor, le permitió iniciar la explotación y continuarla hasta hace pocos días atrás, que le rescindió el contrato. Y solo le reclamó el depósito del millón de dólares en enero de 2020, tres años más tarde de lo que debía.

Es de público conocimiento que los trabajadores de la mina no han percibido sus salarios de los meses de marzo y abril del corriente año, y que la empresa negó tener capacidad de pago.

Lo cierto es que si Cormine le hubiera exigido a la empresa el depósito de garantía que establecía el contrato de concesión no solo los trabajadores podrían haber percibido los salarios hoy adeudados, sino que también la Provincia hubiera podido cobrar cánones de exploración adeudados por aproximadamente 828.000 dólares.

Podrían haber cuidado a los trabajadores, y al mismo tiempo generar desarrollo económico. No hicieron ninguna de las dos cosas.

La empresa no depositó la garantía. Y Cormine no se lo exigió.

El accionar del titular de Cormine como mínimo puede calificarse de negligente. Si buscáramos una calificación penal suave, podríamos encuadrar su conducta en incumplimiento de deberes de funcionario público. Y si uno fuera mal pensado, podría imaginar que pudo haber existido alguna motivación para semejante omisión de contralor que pueda tipificar los hechos bajo una figura penal más grave.

La calificación en definitiva le debería caber a la Justicia, aunque no parece muy bien rumbeada en este asunto. El Ministerio Público Fiscal está actuando de “mediador” en un asunto de neto corte laboral y omite asumir las verdaderas obligaciones que le caben: investigar las posibles comisiones de ilícitos penales.

No sorprende este proceder. Hace muchos años que en esta provincia no conocemos una sola causa de corrupción. No porque esta no exista, sino porque existe la decisión política de no investigar al poder. Y un obediente Poder Judicial acata sin chistar.

No puedo dejar de recordar aquel caso del exsecretario de Medio Ambiente de Neuquén que fuera penalmente denunciado por hallarse en una baulera una caja con 700.000 dólares que presuntamente le pertenecían. Todo quedó en la nada. Como de costumbre.

En esta provincia, los que tienen que controlar no controlan y los que tienen que investigar no investigan. Es así.

Hoy, cientos de trabajadores de Andacollo no pueden llevar el pan a sus hogares, se encuentran reclamando lejos de sus familias y molestando, corte de ruta mediante, a miles de automovilistas que se esfuerzan a diario por pagar sus impuestos.

Mientras, empresarios inescrupulosos se van de noche, funcionarios provinciales sobreactúan ahora el apego a la ley y la Justicia, como siempre, se hace la distraída.

*Abogado y empresario neuquino