Análisis: Letargo que prolonga la impunidad «mapuche»
Una mujer mapuche frente al cordón policial antes del desalojo de El Foyel. Foto: Alfredo Leiva
Aletargar acciones solo agrava las cosas.
La usurpación en El Foyel ocurrió el jueves por la mañana. Desde entonces las familias propietarias vienen denunciando su condición de rehenes. El país es caja de resonancia de este clamor a través de los medios más importantes. Cada día los sitiados reiteraron su dramático pedido. Pero el juez Calcagno se enredaba en formalidades para eludir el pedido del fiscal y la querella de desalojar. “Hay que escuchar a los imputados”, decía el viernes cuando ya era evidente el desprecio de los acusados por asistir a la audiencia. Ilusa pretensión. Ayer ni siquiera concurrió el abogado que los representaba. Paradójicamente el juez pedía capturas, pero no la expulsión de los usurpadores.
Tres días después del delito, otro juez se decidió a actuar.
En todo este lapso, se dio tiempo a los usurpadores a que consolidaran posiciones y su núcleo de adherentes. Estos últimos, no tardaron en bloquear la Ruta 40 en Mascardi, reino del lof Lafken Winkul Mapu. Así nos dimos cuenta de que la villa y su ruta nacional seguían siendo área liberada. ¿Dónde estaban las fuerzas federales que habían puesto para custodiar la zona?
Impunes y sin freno, los encapuchados de Mascardi atacaron con boleadoras y piedras. Fue insultada la propia gobernadora Arabela Carreras, que viene poniendo el cuerpo en estos escenarios de tensión; la única funcionaria que tuvo la valentía de decir las cosas por su nombre: caracterizar de delito lo evidente, lo que el Gobierno nacional -por incompetencia o ideología- se niega a ver. Un Gobierno central que no actúa ante la violación de la propiedad privada, el derecho de circulación, la privación ilegítima de la libertad. Que permite que incendien y saqueen edificaciones, que talen añosos árboles para que caigan sobre las viviendas…
Todo es letargo. Lo ha sido la usurpación del Mascardi. Lo es la toma no resuelta de tierras del INTA en Lago Puelo, lo fue ahora el sitio a El Foyel. Ni siquiera parece conmover al Estado nacional el ataque a sus propias instituciones.
Letargo de impunidad frente a un Estado indiferente -mejor dicho, cómplice- que no garantiza derechos constitucionales; por el contrario, convalida el delito. Y frente una justicia adormecida, incapaz de dar resguardo al ciudadano que se ajusta a derecho cuando lo necesita.
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