Análisis: la Corte puso un primer límite a Cristina

La decisión de la Corte Suprema de Justicia representa el primer límite para determinación del gobierno de desplazar a los camaristas Bruglia y Bertuzzi y al juez Castelli, involucrados los tres en causas por corrupción que afectan a la vicepresidenta Cristina Kirchnner. El escenario, con todo, sigue abierto.      

La Corte dispuso, por unanimidad, aceptar el recurso extraordinario de per saltum presentado por los jueces y suspender su desplazamiento a sus tribunales de origen hasta tanto se pronuncie por la cuestión de fondo. Los jueces, por el momento, están de licencia. 

Bruglia, Bertuzzi y Castelli habían sido trasladados en 2018 por un decreto simple del expresidente Mauricio Macri para ocupar vacantes en el fuero federal, a pedido del Consejo de la Magistatura, con mayoría entonces oficialista.

El traslado de jueces de un tribunal a otro ha sido una práctica recurrente de los últimos gobiernos –incluidos los del kirchnerismo- sobre la que se presentan con todo algunas objeciones entre los especialistas.

El ministerio de Justicia, bajo el gobierno de Macri consultó en su momento a la Corte sobre la legitimidad de uno de esos movimientos, acaso previendo un cuestionamiento como el que surgió tras el cambio de gobierno y la alteración de los equilibrios políticos en el Poder Judicial.

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La Corte respondió entonces que no era necesario un nuevo acuerdo del Senado si se trataba de un traslado en el mismo fuero.  Es decir, los habilitó. 

A la hora del análisis de recurso, el máximo tribunal considerará probablemente este antecedente. Pero la cuestión no puede darse por cerrada y los expertos no arriesgan a dar una opinión concluyente sobre el pronunciamiento. 

Para poner la situación más allá del contexto: la convalidación de los traslados de jueces por decreto supone la legitimación de un mecanismo más laxo en materia de límites a las arbitrariedades con las que la política interviene en la justicia. No sólo en el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, también en los traslados que eventualmente se produzcan en adelante. 

La Corte enfrenta aquí una situación paradojal: si confirma a los jueces en sus últimos cargos, pondría un freno a la operación impulsada por la vicepresidenta Kirchner en busca de aliviar su situación judicial. Pero a la vez dejaría en manos del Poder Ejecutivo, cualquiera sea el que lo ejerza, una herramienta que ampliaría su discrecionalidad sobre la justicia. La búsqueda de un camino intermedio no será sencilla. 

El freno al Ejecutivo, sin embargo, es un hecho. Los desplazamientos han sido convalidados en una larga secuencia que va desde el voto de las mayorías oficialistas en el Consejo de la Magistratura y el Senado, donde manda la expresidenta, hasta un decreto del presidente, fallos de primera instancia y de un tribunal de casación federal. Y esperaban un pronunciamiento de la Cámara en lo contencioso administrativo federal, un recorrido que terminaría también en la Corte.      

El máximo tribunal ha dado una señal en la dirección contraria a la búsqueda emprendida por la expresidenta de despejar su frente judicial, una operación de su agenda personal, que contempla varios frentes y muestra cierto grado de sofisticación, pero que resulta a la vez bastante más modesta, si se quiere, que las ambiciones de colonización del Poder Judicial con las que en su momento gobernó.  

El kirchnerismo debería recordar algo: en aquellos años fue la Corte Suprema la que declaró la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la magistratura y la que torció aquel proyecto. Y el país, además, ya no es el mismo.