Alpat comenzó con suspensión de tareas por embargos de cobranza

Una parcial suspensión de sus tareas cumple la planta de Alpat, a partir de un embargo judicial de sus cuentas por cobrar. Esta situación impone incertidumbre para su actividad, por lo cual, el gremio se puso en alerta, con medidas de fuerza, y el personal ayer no cobró su remuneración semanal.

La primer afectación alcanzó a la cosecha de sal y la molienda de piedra caliza en Aguada Cecilia, afectando a unos 40 empleados.
Ayer, directivos de Alpat y Camuzzi -que requirió el ambargo- negociaban y estiman que el lunes podrían acercar una alternativa a la Justicia. Ocurre que el embargo es muy superior a la deuda de la planta con la distribuidora de gas, pues se aplicó esa carga total en las cuentas por cobrar de seis clientes que depositan sus pagos a Alpat.
El gobierno provincial conoce la situación y alentó esa reunión entre las partes. El gremio sigue atentamente el proceso aunque, inicialmente, dispuso medidas de retención de servicios.

Alpat pretende que el embargo se flexibilice y libere parte de sus ingresos, destacando que la actual medida compromete al 80% de su cobranza. El embargo judicial operado -según la firma- es “varias veces millonarios y por un monto seis veces superior al objeto del reclamo”.
Hay expectativas de alcanzar un acuerdo con Camuzzi en los primeros días de la semana próxima. Pero, inicialmente, la conducción ha tomado “una serie de medidas” para “morigerar y reducir, en cuanto sea posible, el impacto de esta reducción en sus ingresos/cobros”, según explicaron a los trabajadores.

Así, informó de “dar por finalizada la cosecha de sal de esta campaña”, dejando una “operación mínima con su dotación permanente que garantice el transporte de Sal a Planta SAO”, y “suspender la molienda de piedra caliza, en Aguada, dejando un esquema mínimo y de urgencia para la carga”.

Ayer, el secretario general del gremio de los químicos, Pablo Gutiérrez comentó a “Río Negro” de la preocupación de los empleados mientras admitió un acompañamiento al proceso y un atento seguimiento de las negociaciones de Alpat con Camuzzi. Igualmente, reconoció que existen medidas de retención de servicios, con mantenimiento de las guardias mínimas.

La planta cuenta con unos 400 trabajadores y, desde hace años, afrontaron momentos de mucha zozobra por su empleo y por su salario. Cobra, actualmente, por semana y, en la víspera, no lo percibieron.

La fragilidad y el peso de pertenecer

Alpat no tiene paz.

A su histórica vulnerabilidad, la empresa se hizo más endeble cuando el Poder Judicial puso la lupa en su dueño Cristóbal López, hoy detenido por la millonaria defraudación al Estado por la retención de su petrolera Oil de los impuestos cobrados a cuenta de la AFIP.

En el 2017, el empresario –que construyó el imperio Indalo en la época kirchnerista– vendió sus empresas. Pero, la Justicia trabó esa cesión. Llegaron las consecuencias de las inhibiciones y la provincia facilitó hasta créditos para los salarios. Se sucedió un año y medio de sobresaltos.

En el 2018, la planta de SAO sumó el impacto general de la suba del gas y quedo jaqueada por Camuzzi, llegando al corte que exigió la actuación judicial y provincial para su restitución.
La distribuidora volvió con su reclamo y ratificó la fragilidad de Alpat, con sus 400 empleados.