Alicurá: le pusieron un basural en su campo

El viento de la Patagonia sopla casi todo el tiempo en Pampa Alicurá. Allí, el sol castiga con intensidad durante los veranos, sobre todo por la falta de árboles, y los inviernos son crudos, con heladas que dejan su impronta en los coirones y jarillas que crecen en el suelo pedregoso.

En ese lugar inhóspito, Marta Villagra y su esposo, Mario Fernando Soto, construyeron a partir de la década de los sesenta -en el siglo pasado- un sueño. Fue el sitio que eligieron para formar una familia y donde echaron raíces. Pero nunca pudieron acceder al título de propiedad del campo donde crecieron sus hijos a pesar de que lo intentaron durante varios años.

Hoy enfrentan una amenaza de desalojo porque el Gobierno neuquino borró de un plumazo esa parte de la historia.

En una resolución que el secretario de Ambiente y Desarrollo de la provincia, Jorge Lara, dictó a principios de octubre pasado -y en tiempo récord-, según los abogados que representan a Marta y sus hijos Roberto y Ariel Soto, la Provincia dispuso recuperar el campo, porque observó que esas tierras fiscales eran aptas para instalar un vertedero regional.

El Gobierno provincial y la Municipalidad de San Martín de los Andes necesitaban con premura encontrar un sitio donde depositar los residuos. El basural de San Martín de los Andes está colapsado. Por eso, algunos funcionarios y técnicos del Ejecutivo provincial pusieron los ojos en el campo de Pampa Alicurá.

Durante décadas, Villagra, su esposo y sus hijos vivieron sin que la Provincia les golpeara la puerta y los urgiera a entregar el campo. Pero los tiempos cambiaron. Y el Estado provincial avanzó.

En dos días entraron máquinas, personal de una empresa y comenzó la disputa por las tierras.

Todo se ejecutó con una velocidad sorprendente para los tiempos habituales de la administración pública.

Roberto afirmó que el personal con las máquinas entró al atardecer del 3 de octubre pasado. Dijo que les avisó Hugo Nolasco, que en los recursos judiciales figura como peón de campo “y empleado de confianza” de la familia Soto-Villagra. Según aseguró Roberto, es como “un hermano de crianza”. Al día siguiente empezó la pelea entre la familia Soto y la Provincia de Neuquén, que terminó en la Justicia.

El abogado Marcelo Nunci interpuso dos amparos: uno particular y otro colectivo por la protección del ambiente, que frenaron el movimiento de las máquinas en el campo hasta hace unas semanas porque una jueza de Familia dictó una medida cautelar, que luego quedó sin efecto.

El campo en disputa está rodeado de dos enormes estancias, donde hay interesados que observan en silencio cómo se desarrolla el litigio.

Roberto explicó que existe una servidumbre de paso a favor de la empresa Corfone y sostuvo que personal de esa firma estatal neuquina tenía copia del candado de las cadenas que impedían abrir la tranquera.

Marta denunció el 4 de octubre en la comisaría de Piedra del Águila que habían entrado a su campo sin autorización. Horas después, Roberto cambió el candado porque no sabía quiénes eran los que habían irrumpido en el campo.

El Gobierno provincial denunció a Roberto por el delito de turbación de la propiedad. El fiscal Fernando Rubio impulsó la causa penal. Hubo un intento de mediación, pero fracasó. La causa penal siguió adelante. La fiscalía le ofreció a Roberto una suspensión de juicio a prueba, como para resolver el conflicto penal. “No quise; si yo no estoy usurpando”, afirmó Roberto, que fue juzgado a finales de agosto pasado y declarado culpable del delito de turbación de la posesión por el juez Juan Pablo Balderrama.

En los próximos días se definirá la pena que le corresponde, aunque será de ejecución condicional porque no tiene antecedentes penales. Lo defiende el abogado Fabián Flores.

“Nunca lo trabajó el campo y no hizo ninguna producción ni nada por el estilo”, afirmó Lara, que además es el presidente de Corfone. “Ellos no tienen ningún papel que acredite que son los titulares del campo”, sostuvo. Aclaró que son tierras fiscales y que la Provincia dispuso ejecutar la retrocesión de esa fracción.

Recordó que la ley vigente de tierras fiscales establece que si el ocupante o beneficiario no trabaja esa tierra vuelve al Estado neuquino.

Afirmó que cuando la Provincia cede tierras fiscales a un particular que después quiere acceder a la titularidad debe demostrar el proyecto y la inversión. Comentó que una vez que se fija el precio pasa a la venta, donde se debe demostrar que el beneficiario cumplió todas las obligaciones y el último paso es la escrituración.

Sobre la falta de notificación de los movimientos que la Provincia se disponía a hacer, Lara respondió: “Ellos pueden decir lo que quieran”. Pero observó que la justicia notificó debidamente a Soto en la causa penal. “Son tierras totalmente abandonadas. No hay nada, ni un álamo”, remató.

Soto invitó a Río Negro a conocer la semana pasada el campo. En la recorrida señaló las vacas y caballos que pastaban. Aseguró que ahora tiene 25 vacas y 28 caballos.

“El año que hizo erupción el volcán (en junio de 2011) casi me termino las vacas, pocas pude salvar”, recordó Soto. “Si no tenía explotación ni animales, ¿por qué la Provincia me daba maíz, pasto que lo iba a buscar a San Martín de los Andes?”, planteó. “Capaz que querían que tuviera mil vacas, pero el campo no da para más de ochenta vacas, yo con ochenta vivo. Y uno vive con lo que tiene y se las rebusca”, aclaró.

Villagra aseguró que cuando estaba su esposo criaron ovejas. “Llegamos a tener casi quinientas”, afirmó. Pero la ecuación económica cambió y el mallín que está ubicado al fondo del campo de 1.000 metros de ancho por casi 10 kilómetros de extensión, no era suficiente. Roberto mencionó el tema de los pumas que devoraban las ovejas, sobre todo en la temporada de las “pariciones”.

Lara dijo que se propuso una mediación. “Pero aparecieron con un abogado que dijo en ese momento: ‘vamos por todo”, recordó. De todos modos, admitió que siempre hay instancias de diálogo.

Villagra dijo que la propuesta de los representantes del Gobierno neuquino en esa mediación fue un grupo electrógeno y traernos agua para un tanque australiano.

Recordó que su marido sufrió un ACV a mediados de la década de los ochenta y eso la obligó a mudarse a Piedra del Águila porque él requería atención médica permanente.

Explicó que le dio un poder a su hijo Roberto para que siguiera la pelea en la Justicia. Ella desistió a partir de una carta documento que recibió en su domicilio donde le advirtieron de que se exponía a una multa de 5.000 pesos diarios por tener las máquinas paradas afuera del campo e impedir que entraran a trabajar.

Roberto dijo que seguirán el reclamo judicial. “Mi padre murió a mediados de los noventa siempre esperando que saliera el título de propiedad”. “Ahora quieren desconocer que nosotros estamos acá”.

Los años dorados de Hidronor

Marta Villagra llegó, junto a su esposo, Mario Fernando Soto, a mediados de los años 60 a ese lugar. Ella tenía apenas 24 años y Mario había logrado convencerla de que en ese rincón de la enorme Patagonia argentina había una oportunidad para ellos. El hombre se había enamorado de ese paraje durante los viajes que realizaba por su trabajo.

Se instalaron cerca del río Limay que por esos años circulaba con absoluta libertad. Nadie imaginaba que años después, el Estado nacional construiría una presa ahí para abastecer al sistema eléctrico del país. Esa megaobra obligó a Marta y su esposo a desplazarse hacia la parte alta de la meseta.

La mujer aseguró que a principios de la década del 70, le compraron el campo a un poblador que vivía en la costa del río. “Compramos a nombre de mi papá”, relató. Dijo que su esposo no podía acceder porque había nacido en Chile. El matrimonio tenía entonces dos hijos.

Relató que el hombre que les vendió era empleado de YPF y le hizo una cesión de derechos. En 1975 inició el trámite ante la Dirección Provincial de Tierras para acceder a la titularidad de ese lote fiscal. El pedido tomó forma en el expediente, según la presentación judicial del abogado Fabián Flores. Solicitaron en 2005 la adjudicación en venta para titularizar la tierra. Pero el pedido no prosperó. Villagra dijo que con cada cambio de gobierno tenía que presentar toda la documentación otra vez.

La mujer relató que para levantar la casa trajeron bloques de Cutral Co. Como la familia creció, ampliaron la vivienda. Empezaron con una despensa que abastecía a los habitantes de Villa Alicura y después tuvieron un parador, donde almorzaron y cenaron numerosos camioneros argentinos y chilenos, que iban por las rutas de la Patagonia.

Villagra recordó que hasta Sergio Denis con su familia almorzó hace unos 30 años allí. Eran los años dorados de Hidronor, cuando traía recitales a la Villa Alicurá para el personal que trabajaba en la obra de la presa, que empezó en 1979 y finalizó por 1986. Hasta 3.000 mil personas vivieron en esa villa, que tuvo casi todos los servicios. De hecho, Roberto y sus hermanos fueron alumnos de la escuela primaria de Alicurá.

Fueron años difíciles. Nunca tuvieron agua potable. Hoy, Roberto y su hermano, Ariel, tienen que ir a buscar agua en una camioneta, como lo habían hecho sus padres. Y la energía estuvo siempre cerca. Basta cruzar la ruta nacional 237 para observar la presa Alicurá, con turbinas que generan cientos de megavatios. Los Soto-Villagra nunca accedió a un kilovatio como para iluminar la casa.

No me olvido más

El director de Tierras de la provincia, Fernando Domínguez, explicó que la familia Soto-Villagra no demostró una continuidad a los fines de ejercer una posesión efectiva de la tierra.

“No tienen ningún animal y desde 1995 no tienen ninguna explotación. Pueden llegar a tener uno u otro caballo en estado salvaje”, aseveró.

Comentó que el campo tiene unas 1.000 hectáreas. Y sostuvo que Marta Villagra trabaja desde 1995 como portera de una escuela en Piedra del Águila.

Admitió que la familia hizo presentaciones en el ámbito administrativo para acceder a la titularidad.

Domínguez explicó que el secretario de Ambiente y Desarrollo, Jorge Lara, y su equipo concluyeron que las condiciones de ese terreno eran óptimas para la instalación del vertedero regional. Para ese objetivo destinaron unas 70 hectáreas del campo.

“Es el mejor de toda la provincia”, sostuvo Lara. Y explicó que se está haciendo un proyecto de fondo, que incluye la construcción de un galpón para la separación de residuos.

Dijo que forma parte del proyecto Girsu (Gestión de Residuos Sólidos urbanos) Regional, que recibirá camiones con la basura de San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Traful y Piedra del Águila. Destacó que es un lugar próximo a una ruta nacional y ubicado en el punto medio entre esas localidades.

Roberto Soto señaló que el vertedero que instaló la Provincia funciona en la vieja cantera que hizo Hidronor cuando construyó Alicura.

Dijo que otras familias que ocupan hace décadas tierras fiscales, pudieron acceder a los títulos porque “trabajaron el campo y no especularon con la tierra”. “Desde 2010 no hay ningún movimiento en el expediente” de la familia Soto-Villagra, indicó. Aseguró que nunca accedieron a la adjudicación en venta de esas tierras. Para llegar a esa instancia, se tienen que acreditar las mejoras, la ocupación efectiva y explotación productiva.

Villagra recordó que la tarde del 4 de octubre, Domínguez apareció en la comisaría de Piedra del Águila luego de que ella hiciera la denuncia porque había entrado al campo sin autorización. La citaron. Dijo que le pidieron que firmara unos documentos. “Yo quería explicaciones. Si dicen que yo no tengo ningún derecho ¿para qué querían que firmara esos papeles? No firmé”, contó Villagra. “Domínguez. No me olvidó más de ese apellido”.