Acusan a los Campo Maripe de usurpación en Vaca Muerta

El sonido ronco del xuxuka, instrumento musical del pueblo mapuche, una suerte de aerófono circular, se coló ayer en la sala de audiencia, en la que seis integrantes de la comunidad Campo Maripe fueron acusados de usurpación por despojo y turbación de la posesión en Añelo, área estratégica de la explotación hidrocarburífera.

El juez de Garantías, Lucas Yancarelli, tuvo por formulados los cargos contra el lonco Juan Albino Campos y cinco integrantes de su familia, tal y como había requerido el fiscal Marcelo Silva y el abogado Juan Coto, patrocinante de los querellantes Andrés, Pablo y Gilberto Vela. Además se les imputó a tres de ellos el delito de desobediencia a una orden judicial, en la causa que se tramita en la justicia civil.

El magistrado hizo lugar también a las medidas de coerción pedidas por Silva como la prohibición de acercamiento a los Vela y de inhumación de cuerpos. Para la comunidad es territorio ancestral y allí funciona su cementerio. Yancarelli sólo rechazó que en un plazo de cinco días se practique una exhumación bajo apercibimiento de que se utilice la fuerza pública, porque dijo, “es una medida que tranquilamente la puede llevar la fiscalía” y eventualmente “solicitarla al juez de Garantías que se encuentre de turno”.

“Mari mari kom pu che”, contestó el lonco cuando el juez le pidió que se identifique, al inicio de la audiencia. De inmediato Yancarelli lo interrumpió: “perdón, no entiendo, yo le voy preguntando y usted me va contestando: ¿Me dice su nombre completo por favor?”.

Una vez que se presentaron cada uno de ellos, Silva comenzó con la descripción de los hechos. Les atribuyó que el 12 de noviembre de 2014 ingresaron al campo ubicado sobre ruta provincial 17, kilómetro 154, de la zona rural de la ciudad de Añelo, para invadir y turbar la posesión y con ese accionar despojaron las tierras de los denunciantes.

La defensora, Micaela Gomiz, solicitó el sobreseimiento de los imputados e hizo especial hincapié en que es un conflicto que no debe resolverse en la justicia penal, ya que hay una disputa civil en marcha, y que hace dos años atrás el mismo fiscal archivó el caso.

“No podemos dejar de señalar que nos resulta sorpresivo el cambio de actitud procesal que tiene la fiscalía que en octubre de 2015 entendió que no se podía imputar dolo al accionar de mis defendidos por tratarse de ocupación indígena”, aseguró Gomiz, quien en ningún momento dejó de mirar a Silva.

“Entendí que el ministerio público fiscal debería dar una respuesta diferente”, respondió el funcionario.

“Se requieren otras vías de resolución, entiendo que el Estado reconoció esas circunstancias cuando sancionó la ley 26160”.

Micaela Gomiz, defensora de la comunidad Campo Maripe.

“La querella en todo momento participó y logró que se revoquen ciertas decisiones y que se exijan otras a la fiscalía”.

Juan Coto, querellante en representación de los propietarios de los lotes.

Respaldo de los

investigadores

Docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Comahue expresaron su apoyo al pueblo mapuche en lo que definieron como una “escalada de violencia y hostigamiento, negando toda estigmatización que los sitúe en el ejercicio del terrorismo y el odio”.

Pidieron que se reconozca como “legítima, la legalidad y justeza de los derechos territoriales” y que se prorrogue la ley 26.160 para evitar futuros desalojos.

Además se hizo un fuerte reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, un joven que fue visto por última vez mientras intentaba escapar de un operativo conducido por Gendarmería en Cushamen.