Abogados piden que jueces concurran a sus trabajos en Río Negro

La concurrencia obligatoria de jueces y de funcionarios judiciales a los tribunales fue una exigencia de los colegios de abogados al Superior Tribunal de Justicia para incrementar la actividad en ese Poder. Anticipado en una videoconferencia, los cuatro entidades profesionales presentaron después un documento conjunto al mencionado tribunal donde además piden que se garantice una “dotación mínima de personal”, también procurando un mayor servicio judicial.

La presencia de magistrados y agentes conforma un reclamo de los Colegios que entienden que la actividad judicial es mínima, mas allá de las promovidas acciones del STJ, en distintas acordadas. En la última, el tribunal se insistió en avanzar en “los procesos no urgentes” e instó a los jueces para que dicten sentencias pendientes, y cumplir con “todo acto procesal que pueda implementarse de modo remoto”.

Además del diálogo en la audiencia virtual con los vocales del STJ, los presidente de los cuatro colegios elevaron una nota donde piden “abandonar el Régimen Extraordinario asimilable a una feria judicial hacia una salida administrada”, planteando que se “habilite la recepción en formato digital de todo tipo de escritos” y, en la práctica, se “disponga la concurrencia obligatoria a sus lugares de trabajo” de magistrados y funcionarios, “conjuntamente con una dotación mínima del restante personal” para “cumplir con el servicio de justicia de la manera más amplia posible”.

Se propone que la presencia del personal en sus lugares de trabajo se cumpla por  turnos o por días, incluyendo la modalidad de teletrabajo para aquellos que se encuentren dentro de los grupos de riesgo.

Se requirió también la “prescindencia de la feria judicial invernal”, se insistió en la “pronta digitalización de todos los expedientes” y se pidió gestiones para que los abogados puedan tener excepciones de circulación.

Antes, en la videoconferencia, los cuatros presidentes –Gastón Suracce de Viedma, Raúl Franco de Cipolletti, Alejandro Quiroga de Bariloche y Gastón Lauriente de Roca– expusieron los  lineamientos que posteriormente se formalizó con la misiva.

Ayer, Lauriente valoró el contacto y dijo que esperan respuestas a los planteos en la nueva acordada del cuerpo, que seguirá a las nuevas reglas nacionales y provinciales. El STJ no adelantó postura a los reclamos. Esa representación estuvo liderada por su presidenta, Liliana Piccinnini, los otros cuatro vocales -Enrique Mansilla, Adriana Zaratiegui, Sergio Barotto y Ricardo Apcarian- y el Procurador, Jorge Crespo.

Centrada en liberarse de los reclamos, Piccinini -en su exposición- se amparó en un encuadramiento nacional y provincial. Afirmó que ese Poder no puede “destrabar el impedimento de circular” de los abogados y, en contrapartida, aseguró que “la presencia de los magistrados y funcionarios” en los tribunales se origina en “decretos nacionales y provinciales que lo permitieron”. Esta concurrencia, casualmente, es un punto disidente con los colegios, que niegan esa presencia, salvo algunas excepciones. Por eso, piden al STJ que establezca la “obligatoriedad  que los magistrados concurran”.

Ayer,  Lauriente  contó que esa asistencia es totalmente irregular, pues depende la actitud de los jueces y así -entre otras razones- se genera disparidad en el funcionamiento judicial.

“Las acordadas son contradictorias. Por un lado, le dicen a los jueces que dicten sentencias y, por otro lado, le dicen que vayan al juzgado si quieren. El Poder tiene un límite en este contexto, pero pueden hacer más de lo que vienen haciendo”, resaltó Lauriente.

En principio, Piccinini explicó que el STJ entendió “en el inicio del proceso que lo primero era atender las urgencias” y, luego, se fue “profundizando servicios”.

Hasta ayer, el gremio judicial no tenía participación y seguía apartado. La secretaría de Trabajo no aceptó el pedido de Sitrajur que se convoque a paritarias, ni tampoco el STJ expresa determinación por incluirlo en el análisis de las acciones frente al proceso de la presente cuarentena.

Los colegios entienden que este cuerpo debe abrir una instancia de diálogo con Sitrajur en favor de consensuar el aporte y la incorporación del personal. Aún así, hay voces críticas entre esos profesionales. Por caso, el presidente de la entidad cipoleña, Raúl Franco aludió a una posición “firme y fuerte respecto a los empleados judiciales. No podremos salir si no ponemos el hombro todos juntos”, dijo. Censuró por “su egoísmo total” al posicionamiento gremial, que rechaza la vuelta de los trabajadores y se opone al teletrabajo.

La presente actividad judicial y la disparidad de resultados

Un informe oficial consignó que el STJ dictó 66 sentencias durante este receso por la pandemia, destacando los “32 fallos del fuero penal”.

Un repaso más amplio evidencia igualmente un impacto laboral en el máximo tribunal, pues el registro del mismo periodo del 2019 totalizó 84 resoluciones definitivas.

Además, 19 de los 27 organismos jurisdiccionales -juzgados y cámaras- no presentan movimientos de fallos. Sólo ocho tienen expedientes cargados, según la información de la página de la Justicia. El Tribunal de Impugnación figura con dos sentencias cuando llegó a 44 resoluciones en el mismo mes y medio del año pasado.

Hay una explicación oficial general: no están todavía registrados los fallos porque no hay personal. En cambio, las nóminas de despachos -indican- reflejan mucho mayor movimiento por su obligatoriedad, a pesar que se admite una diversidad en la producción.

Por su parte, ayer, en otro comunicado, el STJ detalló el proceso asumido en “la ampliación de la cantidad de servicios. El compendio de normativas internas -agrega- refleja no sólo el intenso trabajo de distintas áreas durante la cuarentena, sino también el incremento permanente de los mecanismos de acceso y los procesos judiciales” para “asegurar la continuidad del servicio”, sin “poner en riesgo la salud de los justiciables, auxiliares y trabajadores”.

Luego se repasan las normativas, comenzando con que se liberó “a todo el personal de la obligación de concurrir a sus lugares de trabajo” y, luego, el 30 de marzo, se extendieron las “guardias pasivas a la totalidad de los jueces y funcionarios, disponiendo los puestos de trabajo domiciliario”.

El 12 de abril, se “amplió el uso de herramientas digitales” y, el 17 de abril se creó la Mesa de Entradas de Escritos Digitales, que el 26 se sumó a todo tipo de expedientes. Esa acordada llama además a “los jueces a dictar las sentencias pendientes”. El lunes 27 “se iniciaron todas las audiencias para los fueros de Familia, Civil, Laboral y Penal”.