A 14 años del crimen de Fuentealba, ocho policías irán a juicio en Neuquén
Están acusados de abuso de autoridad y encubrimiento por su actuación en el operativo represivo en el que fue asesinado el docente.
El sindicato docente ATEN acompañó las audiencias que se desarrollaron en la Ciudad Judicial. Foto Florencia Salto.
El 4 de abril de 2007 Carlos Fuentealba, un profesor del CPEM 69 de la ciudad de Neuquén que participaba de una protesta del sindicato ATEN, fue asesinado por el cabo José Darío Poblete, durante la represión ocurrida en cercanías de Arroyito. Catorce años después el juez de Garantías, Lucas Yancarelli, resolvió elevar a juicio la causa contra ocho policías, incluido Carlos Zalazar, quien era el máximo jefe, por su intervención en el operativo.
«Espero que antes de que se cumplan los 15 años se lleve a cabo el juicio y se resuelva en definitiva la suerte de esta causa», afirmó hoy el magistrado, luego de desestimar los pedidos de sobreseimiento y nulidades e incluso imponer costas, por ejemplo a los defensores Gustavo Lucero y a Esteban Sampayo, por formular planteos reiterativos.
Un tribunal colegiado deberá definir ahora si Zalazar, Moisés y Adolfo Soto, Mario Rinzafri y Jorge Garrido son responsables de los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento, debido a las responsabilidades que tuvieron en la planificación y ejecución del operativo.
Los policías Aquiles González y Julio César Lincoleo están imputados por el encubrimiento agravado de Poblete, con quien conversaron minutos después del disparo que realizó con la pistola lanzagases a la luneta del Fiat 147 en el que viajaba el docente.
Los cargos en estos siete casos serán sostenidos únicamente por la querella, encabezada por los abogados Marcelo Medrano y Ricardo Mendaña, que representan a las hijas de Fuentealba, Camila y Ariadna, y a su compañera Sandra Rodríguez.
La única imputación en la que serán acompañados por el fiscal Maximiliano Breide Obeid será contra el policía, Benito Matus, que está acusado por abuso de armas en concurso con lesiones leves. Se le reprocha haberle disparado el 4 de abril a Angélica Cisterna, con una escopeta 12/70, en las inmediaciones de la estación de servicio YPF de Arroyito, mientras iba en el asiento trasero de una Ford Escort y poco después, a la altura del kilómetro 1.263, golpear con el arma a Miguel Alejandro Castelar, que se dirigía con las manos en alto hacia un cordón policial.
Las defensas anticiparon que impugnarán esta decisión.
En cuanto a la prueba que se incluirá en el juicio, Yancarelli descartó una pericia que es central para la querella: la que realizó Rodolfo Pregliasco, del Centro Atómico Bariloche, sobre el material audiovisual.
Esta es la única causa del sistema procesal anterior que sigue vigente. Nació como «Fuentealba II», con el fin de evaluar las responsabilidades de funcionarios y policías que habían intervenido en la represión. Se reactivó luego de que la querella lograra que la Corte Suprema de Justicia abriera el caso y ordenara un nuevo fallo. El Tribunal Superior de Justicia, en agosto de 2019, dejó sin efectos los sobreseimientos dictados y dio luz verde para que la investigación se retomara.
«Esto es histórico, después de tanta lucha en todos los sentidos, haber llegado a algo que era perfectamente lógico y necesario es excelente. Pienso en Sandra, en Camila y en Ariadna y celebro desde ese lugar, de que podamos ir a un juicio oral y público. Además pienso en el derecho a la verdad de la sociedad neuquina para poder dar cuenta de lo que pasó ese 4 de abril de 2007», aseguró Medrano tras la audiencia.
Originalmente eran 15 los involucrados, de los cuales uno murió -Raúl Pascuarelli- y seis resultaron sobreseídos.
La expectativa de la querella era que se juzgara al exgobernador, Jorge Sobisch (MPN), por instruir el operativo. Finalmente eso no se consiguió y el juez aceptó que el entonces mandatario y, actualmente referente de la Democracia Cristiana, sea citado como testigo, a pedido de las defensas.
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