Río Negro y sus antecedentes de trata, pornografía infantil y corrupción de menores
El caso del pediatra del hospital Garrahan acusado de distribuir pornografía infantil derivó en un operativo que el año pasado tocó Río Negro. Específicamente realizado en Choele Choel, el allanamiento volvió a vincular a esa localidad y a la provincia con las sospechas, por delitos que dañan a niños y adolescentes.
No es la primera vez que esto ocurre. Acusaciones por redes de trata, corrupción de menores y prostitución infantil dispararon el alerta en los últimos años, en esta y otras ciudades, involucrando hasta sectores de la policía rionegrina.
Choele Choel
Ya en 2015, dos allanamientos llevados a cabo en la ciudad estaban relacionados con una investigación por pornografía infantil que impulsaba la justicia federal, en colaboración con el FBI. Revisaron un cíber céntrico y una vivienda particular del barrio Las Bardas.
Años antes, una posible trata de personas disparó el alerta allí también. Durante la investigación por la desaparición de Otoño Uriarte en 2007, «Río Negro» reveló que la justicia cipoleña dispuso escuchas telefónicas, que dieron a conocer la connivencia entre proxenetas y la policía.
Un diálogo entre el dueño de un cabaret y la comisaría 8° de Choele Choel evidenció el intento por «fichar» ó «blanquear» a una menor que habían traído desde La Pampa.
El hallazgo derivó en la orden de una revisión en toda la fuerza provincial, con cuatro efectivos comprometidos, cuando Victor Cufré estaba en la Jefatura en Viedma. A Cufré también lo investigaron por entorpecer las tareas.
En ese momento, el senador Miguel Pichetto acusó al por entonces gobernador Miguel Saiz de conocer lo que sucedía y no tomar medidas.
Unos meses antes, habían responsabilizado a algunos agentes por encubrir a supuestos integrantes de una red, asentados en el Valle Medio. En 2012, el fiscal Oscar Cid fue absuelto por el Consejo de la Magistratura, tras ser acusado de “excesiva demora” en el envío de las transcripciones que daban cuenta de las escuchas.
«Saiz sabía de las escuchas desde mucho antes»
San Antonio Oeste
Por estos días de 2019 el juez Juan Brussino condenó a tres años de prisión, en suspenso, a tres imputados en la causa de corrupción de menores de San Antonio Oeste.
La investigación se inició en 2018 con fuerte repercusión, ya que incluye la situación del legislador Javier Iud y del intendente Luis Ojeda, ambos señalados, junto a otras cuatro personas, por una menor en la denuncia formalizada por la Secretaría de la Niñez.
Los condenados, Roberto Fortete, Alfredo Navarrete y Eric Pérez, aceptaron juicios abreviados, es decir, reconocieron los hechos imputados y las penas requeridas: mantuvieron «relaciones sexuales con una niña, de 15 años, a cambio de droga y dinero”.
Distinta es la reacción de Iud y Ojeda, quienes niegan todo vínculo con la adolescente. En 2018, el legislador Iud (FpV) cuestionó a la Senaf por demoras en la intervención y aseguró que se trata de un caso de «narcopolítica».
Roca
En el marco del escándalo que significaron las escuchas del Caso Otoño, sobre la trata de personas también se conoció en 2008 la charla de un alto jefe de la Comisaría Tercera de Roca, llamando desde su celular a un empresario de cabarets.
Durante la charla, el empresario elegía qué policías quería para adicionales en su local y cuáles no. El oficial, en tanto, le anticipaba cuándo habrá un control policial en el cabaret y, en un aparente intercambio de favores, le solicitaba una cita con motivos sexuales con una de las jóvenes que trabajaba allí.
En 2006, la búsqueda de una menor desaparecida derivó en el secuestro de una importante cantidad de material pornográfico, exhibiendo a menores, en una vivienda ubicada en Neuquén al 600.
Por otro lado, en 2017, la denuncia que hizo la red social Twitter derivó en que un empleado de Desarrollo Social de Roca sea condenado a tres años de prisión efectiva, pero de ejecución condicional, por tener y distribuir pornografía infantil.
Viedma
En 2017, el abogado José Juan Aguirre y el letrista Miguel Ángel Rodríguez aceptaron la culpabilidad en la segunda causa de corrupción de menores en Viedma.
El primero admitió haber mantenido relaciones sexuales en al menos dos ocasiones con una niña a cambio de la entrega de entre 100 y 300 pesos, entre marzo de 2011 y 2012. El segundo acordó una condena en las mismas circunstancias, con el agregado de haber facilitado su vivienda para que otros hombres mantuvieran relaciones con ella a cambio de dinero.
El historial de estas causas en la capital incluyó la que condenó el ex camarista penal Juan Bernardi por hechos similares. En un tercer proceso detuvieron a Bonifacio Cabeza, Jorge Morón, Omar Ledesma, Nazario Contín y Andrea León. En un cuarto expediente involucraron al abogado Rubén Sella.
Antes, en 2016, la Fiscal de la justicia viedmense, Paula Rodríguez Frandsen, imputó a un hombre de 25 años por el delito de facilitación de la pornografía infantil. Este era docente de escuelas primarias y habría sido separado del cargo por el Ministerio de Educación a raíz de estos hechos de los que se lo acusaban.
Bariloche
En 2009, un allanamiento puso la lupa sobre un conocido matrimonio de la ciudad lacustre, a partir de una investigación que habría iniciado la Interpol en Australia e Inglaterra.
En 2013, después de que la causa penal diera un extenso recorrido por el laberinto judicial, el exprofesor Ricardo Runge iba a ser condenado finalmente a 3 años de prisión efectiva, acusado por el delito de «distribución de material pornográfico con imágenes con fines sexuales de menores de 18 años».
Runge, de 69 años, aceptó la propuesta del fiscal Eduardo Fernández en un juicio abreviado. El funcionario judicial reformuló los cuatro hechos que en principio se le imputaban.
Cipolletti
En 2015, el fiscal Marcelo Gómez confirmó que en Cipolletti existieron cinco investigaciones que se iniciaron a raíz de la transmisión de imágenes pornográficas que involucran a menores de edad. Todo a partir del aviso que llegó desde Estados Unidos, desde una organización conocida como Missing Kids.
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