Corrupción de menores en SAO: condena de tres años para tres imputados
La investigación se inició el año pasado con fuerte repercusión ya que la misma incluye la situación del legislador Javier Iud y del intendente de SAO Luis Ojeda.
Foto Archivo: Marcelo Ochoa.
El juez Juan Brussino condenó a tres años de prisión, en suspenso, a tres imputados en la causa de corrupción de menores de San Antonio Oeste, cuya investigación se inició el año pasado con fuerte repercusión ya que la misma incluye la situación del legislador Javier Iud y del intendente Luis Ojeda.
Los condenados aceptaron juicios abreviados, es decir, reconocieron los hechos imputados y las penas requeridas. Hoy, el magistrado aceptó esos acuerdos, fijando penas de tres años de prisión, de cumplimiento en suspenso, para Roberto Fortete, Alfredo Navarrete y Eric Pérez como autores del delito de corrupción de menores. También se le estableció las siguientes pautas de conductas, como “fijar y mantener domicilio y someterse al Instituto de Asistencia a Presos”, con “prohibición de contacto y acercamiento con la víctima en un radio menor a 200 metros”.
El pedido de las partes de los juicios abreviados fueron formulados la semana pasada, a partir que los tres imputados aceptaron “haber mantenido relaciones sexuales con una niña, de 15 años, a cambio de droga y dinero”.
Esta situación constituye una marcada diferenciación con Iud y Ojeda, quienes niegan todo vínculo con la menor. Incluso, en octubre pasado, la jueza Itziar Soly entendió insuficiente la existencia de elementos y desestimó los cargos presentados contra ellos por parte de la fiscal Paula Rodríguez Frandsen.
En cambio, a fines de abril, Brussino ratificó la continuidad de la investigación frente a las pruebas reunidas para esta instancia procesal. Esta etapa concluirá en agosto cuando vuelven a reunirse las partes donde la fiscal ratificará -seguramente- la acusación, descartándose un juicio abreviado ya que requeriría la aceptación de los hechos por parte de los imputados.
En octubre pasado, las defensas de Fortete, Navarrete y Pérez ya habían propuesto un acuerdo con la Fiscalia a la jueza Soly, pero ella no lo aceptó al entender que el delito no era “corrupción de menores” sino “promoción y facilitación de la prostitución”. Recientemente, Frandsen insistió con su tipificación al considerar que el delito sugerido por la magistrada requería “una oferta abierta y habitual”, que no era lo ocurrido en los hechos investigados. La fiscal remarcó que era “corrupción de menores porque los sucesos corrompieron el normal desarrollo sexual de la niña”.
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