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Aborto: los 10 puntos principales del nuevo proyecto

Ayer ingresó por octava vez a Diputados el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Se introdujeron varias modificaciones, algunas centrales. El arco político reconoce que no será tratado hasta después de las elecciones nacionales.

29/05/2019 07:05 | Actualizado 29/05/2019 12:19

El 30 de diciembre se cumplieron 2 años de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Foto: (Archivo).

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó ayer en el Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde las primeras acciones en 2005, es la octava vez que se presenta un nuevo proyecto en los últimos catorce años.

Sin embargo, la del año pasado, fue la única vez que el proyecto llegó tan lejos en su tratamiento. El 14 de junio de 2018 fue aprobado por la Cámara de Diputados, por 129 votos a favor y 125 en contra, pero luego el Senado lo rechazó, por 38 a 31, en la sesión del 8 de agosto de 2018.

Masivo «pañuelazo» en la región para acompañar el nuevo proyecto por el aborto legal

Al mismo tiempo y en forma simultánea, en más de 100 ciudades del país, la región y el mundo, se realizaron pañuelazos y concentraciones para acompañar esta nueva presentación que coincidió con la celebración del día internacional de acción por la salud de las mujeres.

Tanto representantes de algunas organizaciones como los legisladores nacionales de los distintos bloques que promueven el nuevo proyecto reconocen que no hay muchas expectativas de que el texto llegue al recinto en este año marcado por la contienda electoral. Pero al mismo tiempo, consideran que “lo más importante es volver a poner el tema en la agenda pública después de todo lo logrado el año pasado”, señaló Daiana Neri, de la regional Río Negro de la Campaña.

“De alguna manera, la agenda electoral marca el eje de la discusión pública, pero el tema del aborto interpela a los candidatos y candidatas sobre su postura en torno al proyecto, algo que se reclama desde distintos sectores de la sociedad”, agregó.

Podrán interrumpir el embarazo toda mujer o identidad con capacidad de gestar, en el ejercicio de sus derechos humanos, hasta las 14 semanas inclusive. Esto se enmarca en el reconocimiento y respeto de la identidad de género de cada persona, entendida como la vivencia interna e individual, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer.

Las personas podrán acceder a un aborto voluntario legal y seguro en los tres sectores del sistema de salud (público, de seguridad social y privado), de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos y con una cobertura total si tienen obra social, mutual o prepaga. Uno de los puntos más fuertes de la iniciativa, es que se exige que la práctica sea incluida en el Plan Médico Obligatorio.

Más allá de las 14 semanas, el proyecto establece que toda mujer o persona gestante tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos: a) Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente y b) Si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante. Aquí se sacó la causal de "malformaciones" que estaba presente en el proyecto anterior por entenderlo como parte del concepto de salud integral de la mujer.

El proyecto fija un plazo máximo de 5 (cinco) días corridos desde su requerimiento para a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud.

La objeción de conciencia de parte de los profesionales no fue contemplada en el proyecto porque se considera esta práctica de salud como un derecho, cuyo ejercicio no puede negarse ni vulnerarse por creencias religiosas, valores personales o morales.

Además del derecho a la autonomía, a decidir sobre el propio cuerpo y proyecto de vida, se reforzó la garantía de derechos ya adquiridos como el acceso a la educación sexual integral y a la anticoncepción.

El nuevo proyecto incorpora que el sistema de salud debe garantizar un/a intérprete de la lengua o idioma en la que se comunica la persona que requiere la práctica. En el caso de las personas con discapacidad se debe proporcionar en formatos y medios accesibles y adecuados a sus necesidades.

Es un apartado nuevo del proyecto y establece que ninguna mujer o persona gestante puede ser sustituida al dar su consentimiento por terceras personas, "independientemente de su discapacidad, diagnóstico en su salud o determinación judicial sobre su capacidad jurídica".

El proyecto propone que se sustituya el artículo 86 del Código Penal por la siguiente redacción: "No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional". Fuera ese ese propone expresar que "no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona gestante: a) Si el embarazo fuera producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida. También plantea la prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que “causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la mujer o persona gestante fuere notorio o le constare".

El proyecto establece que si el aborto “debe practicarse en una persona menor de 13 años se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal". Si tiene entre 13 y 16, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento.

2005: el año en que nació la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
14: los años que pasaron desde las primeras iniciativas por el aborto legal.

2018: el primer año que el proyecto llegó tan lejos en su tratamiento. Se aprobó en Diputados, por 129 votos a favor y 125 en contra. El Senado lo rechazó, por 38 a 31.
8: son los proyectos que se presentaron hasta ahora, con este inclusive.

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