Cómo sigue la situación del ginecólogo Rodríguez Lastra

El médico podrá seguir trabajando hasta que quede firme la pena. Esta mañana fue declarado responsable de incumplir sus deberes de funcionario público por interrumpir un aborto legal.

El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra podrá seguir trabajando hasta que quede firme la pena que le corresponde por el delito de incumplimiento de sus deberes como funcionario público. El médico se desempeña en la guardia del hospital de Cipolletti, el mismo lugar en el que el 2 de abril del 2017 interrumpió el aborto legal que había iniciado una joven víctima de violación.

Esta mañana, el juez Álvaro Meynet consideró que no se había garantizado la práctica legal a la joven, que hoy tiene 21 años, y que quedó demostrado que Rodríguez Lastra nunca tuvo la intención de realizarla.

Los próximos pasos serán esperar el plazo de cinco días estipulado para presentar pruebas y luego se fijará la audiencia de cesura en la que se impondrá la pena. Puede extenderse de un mes a dos años de prisión, o sea que es excarcelable, más el doble de inhabilitación para ejercer su profesión. Finalmente se realizará la lectura de la sentencia, con el desarrollo de los argumentos que Meynet adelantó hoy.

Una vez que se cumpla este proceso, el médico podrá optar por apelar la decisión judicial, tanto los fundamentos por lo que se lo declaró responsable de un delito como el monto de la pena que se le fije.

El fiscal Santiago Márquez Gauna resaltó que la sentencia tuvo un carácter técnico en el que se juzgó si una persona cumplió o no con las leyes del país. Sobre la postura del juez, quien consideró que no hubo violencia obstétrica, adelantó que esperará a la lectura de la sentencia para definir si se realiza alguna acción con respecto a este punto.

Por su parte, el defensor Damián Torres cuestionó que Meynet se haya dirigido en forma directa respondiéndole a su pedido de que tenga en cuenta, a la hora de tomar su decisión, «que era observado por el nacido».

En su lectura de sentencia, Meynet aclaró que si bien no era argumento adecuado al caso, » ni siquiera jurídico», se proponía responder desde la razón: «el solo hecho de considerarlo implicaría juzgar con disvalor la decisión que a la par de la ley tomó una joven mujer ultrajada que acudió al sistema público de salud de la provincia en la búsqueda de una respuesta que le fue negada por la conducta del acusado».


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