Los detalles del revés para Gennuso en el litigio por el cerro Catedral
El Superior Tribunal de Justicia no hizo lugar al planteo del municipio de Bariloche y mantuvo la cautelar que impide avanzar con la extensión del contrato de concesión hasta el año 2056.
A pesar de la polémica, en abril de 2018 los concejales del oficialismo aprobaron el contrato, pero la medida cautelar impidió la firma. Foto: archivo
El Superior Tribunal de Justicia le cerró el paso a la última carta que había jugado el intendente Gustavo Gennuso para destrabar el conflicto por el cerro Catedral y habilitar una nueva concesión directa con la empresa Capsa hasta 2056.
Ese contrato -que habilitaría inversiones por más de 22 millones de dólares– fue aprobado por ordenanza hace ya más de un año, pero quedó bloqueado por una medida cautelar que dictó la Cámara Civil de esta ciudad y ayer quedó confirmada por el STJ.
La demanda original había sido impulsada por el legislador Alejandro Ramos Mejía (FpV), quien impugnó el acta de intención firmada por Gennuso con Capsa a fines de 2017 con el fin de avanzar en la nueva concesión.
Ahora el tribunal local deberá retomar el trámite del expediente para resolver la cuestión de fondo, lo cual torna casi imposible que el intendente pueda firmar el contrato con Capsa antes del fin de su mandato, que caduca en diciembre próximo.
Gennuso había apostado a dejar encarrilado lo que consideraba el único proyecto viable para “modernizar” el cerro Catedral, que incluía la colocación de nuevos medios de elevación, la ampliación del área esquiable, la instalación de equipamiento para la fabricación de nieve y el desarrollo de una nueva urbanización.
Esto último fue lo que más rechazo generó en distintos sectores políticos y sociales, que realizaron varias presentaciones judiciales, organizaron campañas de firmas y dejaron sentadas sus críticas en una audiencia pública con más de cien oradores, que se extendió a lo largo de dos días.
Ramos Mejía había recusado de los jueces del Superior Tribunal de Justicia porque entendió que tenían posición tomada en favor del gobierno provincial y municipal. El pedido fue desoído, pero aún así fallaron en su favor. También sorprendió porque fueron en contra del dictamen del procurador Jorge Crespo, quien se había pronunciado por aceptar la apelación del municipio.
Ayer el legislador dijo que la resolución del máximo tribunal “es muy importante porque impide cualquier avance sobre el Catedral” sin cumplir con los recaudos ambientales y sin un consenso más amplio de los vecinos.
“Sobre los jueces no puedo decir nada, el fallo es destacable y me sorprende gratamente”, aseguró.
Dijo que, en lo esencial, al dejar firme la orden de no innovar que frena la firma del contrato, la sentencia “evita que se consoliden derechos respecto de un acuerdo que es cuestionable desde lo judicial y desde lo político”.
Fallo dividido
La decisión del STJ fue dividida, ya que por el rechazo de la apelación que interpuso el municipio se pronunciaron los jueces Liliana Piccinini, Adriana Zaratiegui y Sergio Barotto, mientras que Ricardo Apcarián votó por acoger el planteo y dictar la nulidad de la cautelar. La quinta integrante (en subrogancia) fue la jueza Sandra Filipuzzi de Vázquez, quien se abstuvo.
El argumento central de los jueces de la mayoría fue que sólo las sentencias definitivas son apelables ante el STJ, que la cautelar queda excluida y no corresponde aplicar una excepción este caso.
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