Las cosas en su lugar

Para sorpresa de nadie, la Cámara de Apelaciones de Viedma acaba de anular las indagatorias, con lo cual de hecho se revoca el procesamiento de los implicados en las denuncias por coimas y fraude a la administración pública en los negocios de la Lotería rionegrina.

Hubo alguna demora en el pronunciamiento, probablemente determinada por la necesidad de esperar el resultado electoral sin complicar más las elecciones, y una vez asegurado el triunfo del gobierno en las urnas, lo más que puede decirse de esta esperable resolución es que, en realidad, ha vuelto todo a la normalidad. En realidad, lo extraño de este procedimiento era que un juez hubiera investigado seriamente un caso de denuncia de corrupción y que hubiese llegado a dictar el procesamiento de funcionarios encumbrados, con lo que en algún momento se tuvo la impresión de que la causa estaba encaminada a investigar seriamente un caso paradigmático dentro de los numerosos ocurridos en la administración pública provincial.

Dadas las circunstancias, esto constituía una verdadera anomalía que la Cámara de Apelaciones ha puesto en su lugar, revocando una situación insólita e insostenible en la Justicia provincial.

Es cierto que hubo una investigación periodística muy profunda y que el juez y la fiscal aportaron elementos nuevos que permitieron reunir una cantidad de evidencias contundentes como tal vez nunca se haya logrado en otro caso.

Pero el hecho de que la prueba existente o la determinación del juez hayan influido para dictar las resoluciones apeladas dejaba en claro que se estaba violando una regla de oro en la Justicia de Río Negro, en el sentido de que jamás un proceso incoado contra un funcionario público puede llegar más allá de las investigaciones preliminares aparentes como para descomprimir la presión que suponen los primeros tiempos en una denuncia.

En definitiva, la resolución de la Cámara está en plena lógica con el sistema. Los funcionarios judiciales que la integran y que puedan tener relación con la investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos, son seleccionados cuidadosamente y reclutados, no precisamente por sus méritos jurídicos ni por sus valores individuales, sino por la actitud que puedan asumir en el caso de investigación de algún funcionario corrupto.

Un control menos eficaz permitió que en el pasado pudieran ocurrir algunos sobresaltos. Recordemos las grotescas piruetas que el corrupto gobierno de Massaccesi debió realizar para impedir que la Cámara de Apelaciones entendiera en la añeja causa del Banco Provincia y ha habido tal vez otros casos no demasiado numerosos en donde fiscales o jueces avanzaron más allá de lo que la prudencia política podía aconsejar.

A diferencia de lo que está ocurriendo en el orden nacional, donde el gobierno parece decidido a encarcelar a policías corruptos y a funcionarios enriquecidos en forma injustificada, aquí el mensaje sigue siendo muy explícito, en el sentido de que los ladrones, los coimeros y otros protagonistas de delitos contra la administración pública pueden seguir haciéndolo con tranquilidad porque no hay la más mínima posibilidad de que corran algún riesgo. El sistema se ha ido aceitando y es cada vez más improbable que existan desviaciones como las ocurridas en el pasado o en la investigación del juez Bustamante. Por otro lado, la reacción de la opinión pública es cada vez más indiferente y si bien es posible que algunas personas sientan profundo desprecio por magistrados como Liliana Piccinini, Ricardo Rodríguez Aguirrezabala y Ernesto Rodríguez, los más parecen adoptar una actitud como de resignación, lo que explica la por otra parte inexplicable conducta pasiva de los colegios de abogados, partidos políticos y otras entidades intermedias y la probabilidad de que en consecuencia se incrementen en el futuro los actos de corrupción, en la medida en que cunda la seguridad de que los delitos cometidos por los funcionarios públicos van a quedar indefectiblemente impunes.