Denuncian en la Justicia a Gennuso por abuso de autoridad

Las contrataciones directas del intendente Gustavo Gennuso para realizar obras del Plan Castello llegaron a la órbita judicial con dos denuncias penales por presunto abuso de autoridad.

En los últimos meses, el jefe comunal realizó contratos directos por 17 millones de pesos para la adquisición de equipamiento vial y obras de asfalto y un puente sobre el arroyo Ñireco que pertenecen al Plan Castello.

El viernes se conoció una nueva resolución, firmada por el presidente del Concejo a cargo del Ejecutivo, Diego Benítez, para contratar a la empresa DR Group SRL por 3 millones de pesos para ejecutar un plan de “comunicación inteligente”.

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La reiteración de contrataciones directas por vía excepcional, que sobrepasan el monto máximo permitido por normativa, motivó una denuncia penal por el presunto abuso de autoridad y otros posibles delitos que radicó ayer en el Ministerio Público la vocal del Tribunal de Contralor, Julieta Wallace.

El jueves pasado, el legislador Alejandro Ramos Mejía y su par Nicolás Rochas presentaron una denuncia similar por las contrataciones con fondos del Plan Castello a la que le agregan la posible comisión de delito de defraudación. También anticiparon que denunciarán la contratación directa por los llamados telefónicos.

Wallace incluyó en la denuncia la contratación de la empresa de telecomunicaciones e incorporó en la presentación copia de las resoluciones por la que se realizan los contratos directos del Plan Castello y antecedentes de causas iniciadas o advertencias del Tribunal de Contralor -en nueve ocasiones desde 2016 hasta el año pasado– respecto al uso excesivo de esta modalidad contractual sin pasar por licitación.

La vocal del Contralor, referente del FpV, dijo a “Río Negro” que llevó el caso a la justicia penal porque “no están dadas las condiciones de imparcialidad en el organismo de control” debido a que la mayoría del cuerpo pertenece al partido de gobierno.

Wallace indicó que el intendente “avanza en las contrataciones directas incumpliendo la resolución 77 de 2013 del Tribunal de Contralor, en la que se exige que se informe al organismo en un plazo de 72 horas. En el único caso que se informó fue el viernes, por la contratación de la empresa de las llamadas”, remarcó.

En la denuncia penal, Wallace señaló que Gennuso “evitó de manera deliberada, infundada y con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta la realización del llamado que corresponde al proceso licitatorio”, en los casos de los contratos del Plan Castello.

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