El desafuero de Iud llegaría al recinto de la Legislatura el próximo jueves

La Legislatura tratará el desafuero del legislador del FpV, Javier Iud si –como se prevé– la jueza Itziar Soly habilita la acusación fiscal y profundiza la investigación penal. Ese análisis legislativo ya se cumpliría –posiblemente– en una sesión que se convocará para el próximo jueves 1 de noviembre.

El pedido judicial surgirá –seguramente– este viernes, cuando la fiscal Paula Rodríguez Frandsen en la audiencia de cargos formalice la acusación por “corrupción de menores” contra Iud, conjuntamente con el intendente de San Antonio, Luis Ojeda y otros tres hombres.

El nuevo Código Procesal Penal establece que planteada la “acusación se solicitará el desafuero”. Formulada la imputación –con hechos y pruebas iniciales– por parte de la fiscal, la jueza Soly determinará si avala o no continuar con el proceso. Todo indica que habilitará seguir y, consecuentemente, requerirá el desafuero a la Legislatura.

Ayer, en Labor Parlamentaria, el presidente del cuerpo, Pedro Pesatti ya esbozó esa posibilidad cierta de que ese trámite llegue al cuerpo y anticipó su postura institucional de que se trate en el recinto, incluso con la aceptación del oficialismo.

En Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck también aportó pistas sobre la proximidad de una intervención legislativa. “Con la acusación formal, entiendo que la Legislatura va a tomar algún tipo de decisión”, dijo a “Río Negro”.

La licencia de Iud, que actualmente se evalúa en el bloque del FpV, no alcanzaría para cumplir con el marco legal requerido por la Justicia. El análisis deberá recaer indefectiblemente en una sesión de la Legislatura.

El caso de Rubén López no es parámetro, pues se cumplió con el anterior Código Procesal Penal. En esa ocasión, en febrero del 2017 se conoció la denuncia por abuso sexual contra el legislador, que inmediatamente tomó licencia y en abril fue indagado. Renunció el 25 de abril cuando se conoció el procesamiento. Ese proceso siguió sin desafuero.

La Ley 5.020 –artículo 92 de Inmunidades constitucionales– prevé que “si se formula denuncia o querella contra un legislador u otro funcionario sujeto a juicio político o jurado de enjuiciamiento se practicará una investigación que no vulnera su inmunidad”. Esta parte correspondería a la primera parte del proceso.

La segunda –que se plantea con la imputación– estaría comprendida en el segundo párrafo. “Cuando se formulara acusación se solicitará el desafuero ante quien corresponda, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifiquen”.

Así, la atención legislativa está puesta en la sesión del viernes y el posible requerimiento de la jueza, que se estima prosperará, considerando que significa la continuidad de la investigación. El desafuero tendrá un inicial tratamiento en Constitucionales y, seguramente, llegará al recinto en la sesión del jueves 1. Pesatti ayer anticipó esta convocatoria, estimándose que el oficialismo ya prevé este proceso parlamentario.

El procedimiento es diferente al que se aplicó para el caso del exlegislador Rubén López, porque en ese momento estaba vigente el anterior Código.