Caso Atahualpa: confirman irregularidades y sugieren juicios políticos

El miembro sumariante del Consejo de la Magistratura, Adrián Casadei, también detectó anomalías en el proceso de investigación del asesinato del joven Atahualpa Martínez, y recomendó el juicio político para los exfiscales Daniela Zágari y Ricardo Falca y del juez Carlos Reussi.

Ese cuerpo colegiado recibió ayer el informe del legislador quien oficia de instructor del proceso que se lleva a cabo contra los funcionarios judiciales.

El instructor sumariante explicó que existen diferentes actuaciones y responsabilidades en los magistrados involucrados y podrían caber sanciones disímiles, y recomendó el pase a la Procuración para que encare el enjuiciamiento.

Remarcó que tratándose de autores ignorados, es responsabilidad del fiscal llevar a cabo la investigación y afirmó que el juez recién interviene en la causa cuando se imputa a una persona determinada.

Dio precisiones en cuanto a las deficiencias poniendo como ejemplo la falta de allanamientos en lugares clave y también en el tiempo que transcurrió para realizar pruebas científicas en una campera del joven encontrada en un procedimiento.

Tras la presentación, se decidió por mayoría cumplir con el traslado a la parte involucrada de cinco días para que hagan su descargo, y frente al pedido de la familia sobre mayores precisiones temporales se decidió fijar la próxima reunión para el 7 de febrero. Ese día, se votará en el cuerpo colegiado, si avanza o no el juicio.

El Consejo de la Magistratura fue presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Enrique Mansilla, y contó con la presencia de los otros dos legisladores Nicolás Rochás y Facundo López, el juez Gustavo Guerra Lavayén, y los representantes del Colegio de Abogados, Alejandro Molinari, Sandra Eizaguirre y Cirilo Bustamante.

Los familiares y amigos de la víctima hicieron una demostración pública previa con una radio abierta frente al edificio de tribunales donde horas más tarde se tomó la mencionada decisión. El propósito fue recordar la indignación que causa semejantes dislate judicial con los responsables en libertad.

El caso lleva impune 10 años. El 15 de junio de 2008, el joven de 19 años, que cursaba el último año del secundario, salió a bailar y a la mañana siguiente del domingo lo encontraron con un tiro en la espalda. Su cuerpo apareció en un camino de tierra, a las afueras de Viedma, en la zona de la Planta Trasformadora de Electricidad.

En el primer juicio hubo tres imputados: Belén Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo. El juez Carlos Reussi movilizó la causa cuatro años después del homicidio, en junio de 2012, y la elevó a juicio en septiembre de 2013. Finalmente, los tres fueron absueltos en octubre de 2014 pero la sentencia fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ordenó la realización de un segundo juicio que debía comenzar este año.

Como consecuencia de las anomalías en la investigación fue creada una comisión legislativa que impulsó Julieta Vinaya, madre del joven recientemente fallecido.