Las fuerzas de seguridad en debate

Los efectivos de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y de seguridad Aeroportuaria) son los que están alcanzados por la resolución del ministerio de Seguridad de la Nación, referida al empleo de armas de fuego que considera, por ejemplo, como una situación de peligro inminente “cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego en los hechos se comprobase que se trataba de un símil de arma letal”. El abogado Darío Kosovsky, miembro del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), no descarta que estos preceptos se incorporen en los reglamentos de las policías provinciales.

“Se fija el deber y a partir de esa lógica intentan fundar futuras acciones. Lo aprueban por resolución para plasmar una ideología y después poder sostener que hay una determinación reglamentaria”, aseguró Kosovsky.

Agregó: “El poder Ejecutivo pretende inmiscuirse en el ámbito legislativo, y a futuro en el judicial, para cada uno de los casos. Sentar una posición donde ellos son los buenos y persiguen el orden y los “jueces garantistas” son los malos que liberan delincuentes y favorecen a la delincuencia. Ponen en una lógica plebiscitaria la decisión de quien de los dos tienen razón. Es una tendencia a condicionar a futuro a los jueces.”

En Neuquén un caso emblemático de gatillo fácil fue el que tuvo como víctima al joven Brian Hernández. El policía de Neuquén, Claudio Salas, disparó en 2012 contra un vehículo Renault Fuego en el que circulaban siete adolescentes y lo mató. El agente dijo que había reaccionado porque creyó que desde el auto le apuntaban. El tribunal de juicio que lo condenó analizó que “aún dando por cierta –a favor del reo– la existencia de una agresión ilegítima (que apuntaran al personal policial con un arma de fuego), resultó innecesaria e irracional por cuanto contaba con otros medios menos drásticos para repelerla”.

El TSJ revocó el fallo. El hecho cambió de calificación de homicidio calificado a simple.

Kosovsky señaló que si bien el reglamento no modifica la Constitución, los tratados internacionales o el Código Penal su estrategia se afinca en la dimensión ideológica. “Al reducir el debate, al decir “la policía es buena y los que se enfrentan con la policía son malos”, lo que hace es bipolarizar el discurso social. “¿Ustedes de qué lado van a estar?”, “¿van a estar del lado de los organismos de Derechos Humanos que defienden a los malos o van a estar del lado nuestro que defendemos a los buenos?”, reflexionó.

Para Baquero Lazcano no hay “licencia para matar”

El juez cipoleño Guillermo Baquero Lazcano se refirió a la resolución del ministerio de Seguridad de Nación e indicó que “no se trata de una licencia para matar”, ni de “una carta libre”, como algunas organizaciones creen.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la norma 956/2018 en la que se dispuso que en cumplimiento del deber se utilizarán armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”.

Además, en la resolución se aclaró que el uso de armas letales es válido en “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” o “para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”.

Baquero Lazcano sostuvo que “un decreto no puede alterar la esencia de la ley” y que pese a esta nueva resolución “las muertes violentas se van a seguir investigando”. En cuanto a los casos de gatillo fácil puntualizó que “esta nueva normativa no tendría por qué aumentar los casos de gatillo fácil porque no es una licencia para matar”.

“Esto apunta a darle carta blanca a las fuerzas de seguridad para intervenir en todos los escenarios, con la tranquilidad de que tienen respaldo político”.

Darío Kosovsky es
miembro del Ilsed.