Caso Garrido: fiscales pidieron condena y la querella volver a investigar

Caso Garrido: fiscales pidieron condena y la querella volver a investigar

Los fiscales Francisco Arrien y Martín Lozada sostuvieron esta mañana de jueves su teoría del caso y ratificaron que Guillermo “Coco” Garrido se suicidó con su cinturón, en una celda de la comisaría 12 de El Bolsón, por la negligencia de los policías que no tomaron los recaudos necesarios.

Por eso, los fiscales pidieron al tribunal, integrado por los jueces Sandro Gastón Martin, Gastón Pierroni y Gustavo Quelín, que condenen a los policías Laura Leiva y Emilio Oyarzún por el delito de homicidio culposo. Recordaron que los acusados eran entonces los instructores a cargo de los agentes que estaban en la guardia de la comisaría cuando ocurrió la muerte de Garrido.

En cambio, la abogada por la querella Marina Schifrin contradijo la hipótesis oficial y planteó en su alegato que a Garrido lo mataron en el calabozo. Denunció que hubo una investigación deficiente y criticó a los funcionarios judiciales y peritos oficiales que intervinieron.

Schifrin solicitó al tribunal que reenvíe toda la información del juicio a la fiscalía correspondiente para que se investigue la privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad, tortura y el homicidio doloso. También quiere que investiguen el supuesto encubrimiento de funcionarios públicos, policiales, judiciales y médicos y los incumplimientos de los deberes de funcionario. La querellante no sostuvo la acusación contra los policías acusados.

Los defensores Marcos Cicciarelo y Darío Barroero plantearon la nulidad de la acusación fiscal por violar el principio de congruencia. Señalaron que Leiva y Oyarzún no eran los responsables de la guardia según la normativa que regula las funciones policiales. Por eso, pidieron la absolución. La sentencia se conocerá el 4 de diciembre. En caso de que sean declarados autores del delito de homicidio culposo, se fijará otra audiencia para definir la pena a imponer a los acusados.

Un choque

“Coco” Garrido conducía la noche del 13 de enero de 2011 un Renault 12 por el centro de El Bolsón y chocó a las 21.30 contra un Volkswagen Suran donde se movilizaban unos turistas. El joven fue arrestado y lo trasladaron a la comisaría 12 de El Bolsón. Tenía aliento etílico. A Garrido lo llevaron al hospital para cumplir con la revisión médica y regresó a las 22.10 a la unidad policial. Fue alojado en el calabozo principal. A las 22.50 un policía fue a verlo y encontró al joven ahorcado. Tenía 24 años.

Este jueves por la mañana se desarrollaron los alegatos del juicio contra Leiva y Oyarzún, que fueron los únicos policías acusados por la muerte de Garrido. La causa que demoró casi 8 años en llegar a juicio.

Para la fiscalía, los agentes no le sacaron el cinturón a Garrido antes de que fuera alojado en el calabozo. Los fiscales advirtieron que los agentes, que recién llevaban un mes en funciones, estaban a cargo de Leiva y Oyarzún, en su función de instructores de la Escuela de Policía.

Lozada y Arrien alegaron que los acusados actuaron con negligencia e impericia porque omitieron los deberes a su cargo la noche del 13 de enero de 2011 cuando el joven se quitó la vida. Por eso, fueron juzgados por el delito de homicidio culposo.

Pruebas

Lozada expuso ante el tribunal las pruebas que valoró años atrás para desestimar la teoría de que a Garrido lo mataron. En ese momento era juez de Instrucción y tuvo en sus manos la causa.

Mencionó que el médico forense Juan Manuel Piñero Bauer no constató “signos externos de violencia”, cuando hizo la autopsia de cuerpo. En cambio, constató “dos líneas equimóticas en la zona del cuello, sobre el lado derecho, compatibles con surco de ahorcamiento”.

Citó la declaración del médico policial Gustavo Álvarez, que indicó que el joven tenia marcas en el cuello y en el mentón, porque apoyó la hebilla del cinto. “Las marcas indicaban que efectivamente se había colgado, porque el surco era incompleto”, concluyó Álvarez.

Y recordó el informe de especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta que señalaron que la reja desde la que se sujetó el cinturón poseía barras horizontales ubicadas a 1,31; 1,76 y a 2,21 metros de altura desde el piso. “En todos los casos cumple los requisitos de altura para ser utilizadas en suspensión completa, incompleta y de resistencia para soportar el peso de la víctima”, consignaron los peritos del MPF de Salta en el informe citado por Lozada.

Advirtió que el cinturón de Garrido tenía el largo necesario para poder ser colocado alrededor del cuello de la víctima y amarrarlo a las barras de la reja. Y resistía 99,1 kilos, “sin llegar al punto de rotura, motivo por el cual supera el peso de la víctima”.

Recordó que los peritos indicaron que la ropa de Garrido no presentaba rasgos de violencia y el cuerpo tampoco tenía un síntoma o lesión externa.

Los especialistas de Salta indicaron que la trayectoria ascendente del surco tal cual se encuentra marcada en el cuello del occiso es característica de la asfixia producida por ahorcadura.

“Crimen de Estado”

Schifrin contradijo la hipótesis oficial y planteó que a Garrido lo mataron en el calabozo. La abogada querellante había adherido a la acusación de la fiscalía y no había cuestionado en la previa del juicio la conclusión de que Garrido se había suicidado. Pero cambió su postura a partir de la declaración de la criminóloga Emma Creimer, que advirtió que Garrido no se suicidó. Por el contrario, afirmó que lo mataron.

Creimer fue la perito propuesta por la querella, que hizo una reautopsia del cuerpo, una reconstrucción de los últimos minutos con vida de Garrido y un análisis psicológico de la víctima. El informe con sus conclusiones, totalmente opuestas a la hipótesis del suicidio, estaban desde finales de 2011 en el expediente.

Schifrin criticó la deficiente investigación y las “pésimas autopsias”. Citó el informe de la perito de parte que concluyó que Garrido sufrió un traumatismo de cráneo que facilitó cualquier manipulación de ahorcamiento.

Alegó que no hay posibilidades de que el joven se hubiese suicidado en 40 minutos que estuvo alojado en el calabozo. “Quedó al desnudo que no existió una investigación del caso Garrido”, afirmó. A pocos metros los padres de la víctima estaban sentados en la primera fila del público. También Sergio Maldonado (hermano de Santiago) y su esposa Andrea Antico estuvieron en la audiencia. La abogada de la causa Maldonado, Verónica Heredia, acompañó a Schifrin en la querella.

Schifrin denunció que se trató “de un crimen de Estado perfecto” y sostuvo que el Estado rionegrino “es el responsable”. “Coco Garrido no se mató, lo mataron”, denunció.

Dijo que los familiares declararon en el juicio que Garrido no tenía ningún motivo para suicidarse. Y señaló que cuando Creimer hizo una reconstrucción del hecho utilizó un cinturón similar al que usaba esa noche Garrido y se rompió por el peso.