Río Negro preveía el corte de agua a los morosos, pero paralizó el proyecto

Una iniciativa gubernamental para la reducción de los plazos de intimación y proceder al corte del suministro de agua potable no superó el análisis interno del bloque oficialista y quedó paralizado después de fuertes críticas de la oposición.

En la actualidad, las concesionarias de servicios pueden avanzar en la suspensión del servicio cuando “exista una mora –de por lo menos– tres periodos en el pago” de las facturas mientras la reforma establecía su reducción a 30 días del segundo vencimiento.

Además, se preveía la notificación al deudor de la deuda por vía postal, telefónico o digital, previa a la limitación del servicio o suspensión del mismo.

El proyecto, que ingresó la semana pasada a la Legislatura, modifica el marco regulatorio de la prestación del servicio de agua potable, cloacas y riego (ley N° 3183), que prestan -mayormamente- ARSA pero, también, distintas cooperativas.

En los últimos días, el bloque del Frente para la Victoria y el legislador Mario Sabbatella (AFRN) cuestionaron esa modificación, incluso proponiendo proyectos de prohibición expresa de los cortes de los servicios. Sabbatella advirtió también del riesgo de la notificación, entendiendo que “si no tenés un mail no te enterás, te atrasás sólo 15 días y el proveedor tiene derecho a cortar el servicio. Una barbaridad”. En cambio, la bancada del FpV adelantó que presentaría un proyecto para “evitar los cortes” frente a la “mirada neoliberal” del gobernador Alberto Weretilneck.

El viernes sesiona la Legislatura y ese proyecto estaba en el temario de ayer de la comisión de Planificación. Su tratamiento fue retirado después de las observaciones por parte de la bancada oficialista, que conduce Alejandro Palmieri. Por la mañana, el presidente de la Comisión, Alfredo Martín adelantó el corrimiento de la iniciativa, incluso poniendo en duda su futuro análisis parlamentario. “Nos parece que no está bien encarado”, afirmó. En principio, el asunto fue apartado de la escena.

En su fundamento, el gobierno aludía que las reformas permitirían “acotar los plazos para reducir el caudal o cortar el suministro de agua” a “usuarios residenciales que no tengan voluntad de pago” o “hayan suscripto un convenio de pago y no lo cumplan, y de los usuarios comerciales y grandes consumidores”.