Derrame en Vaca Muerta: reclamos a Gutiérrez por los controles ambientales

El control que se ejerce en las explotaciones petroleras en Neuquén está bajo la lupa. El derrame del yacimiento Bandurria Sur que opera YPF, que ocurrió el jueves 18 de octubre y que llevará varios meses de remediación sumado al informe que publicó “Río Negro” dando cuenta que hay más de dos derrames por día en la Cuenca Neuquina, la gran mayoría de escasa peligrosidad, fueron traccionando distintas acciones.

Una fue la del diputado de Libres del sur, Jesús Escobar, quien reflotó un reclamo que data del 2012: la creación de un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que permita diseñar una política sobre el tema en la provincia.

Escobar afirmó que a partir de su pedido se creó la secretaría de Ambiente, “pero cuando asumió (el gobernador) Omar Gutiérrez bajó al rango de subsecretaría”. El legislador resaltó que a su perspectiva es grave que una provincia con un gran desarrollo de explotaciones hidrocarburiferas no tenga mayor trabajo en este aspecto. “El gobierno provincial en los últimos 10 años da la impresión que funciona más como un protector de las empresas”, aseguró.

Junto a su compañero de bloque en la Legislatura, Santiago Nogueira, fueron los primeros en exigir un informe en el que la subsecretaría de Ambiente debería detallar el incidente, causas, superficie y magnitud del del derrame de Bandurria, compartir el informe presentado por YPF, cuál es el estado de situación actual y la normativa aplicada para su remediación.

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Por su parte, Cambiemos emitió un comunicado solicitando una mayor “transparencia” para los controles ambientales y ayer su diputado Alejandro Vidal cristalizó la crítica en otro pedido de informe a la subsecretaría de Ambiente, pero englobando los incidentes que se produjeron por la explotación de la industria del gas y petróleo desde el 2015 al 2018.

“De acuerdo a los datos de la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén, entre 2015 y 2018 se produjeron 3368 accidentes por parte de la empresa Oil & Gas, de los cuales 1637 accidentes se produjeron desde el 2017 al 2018, o sea el 48 % de los accidentes han ocurrido en este periodo” indicó Vidal.

Con estos datos se evaluará si el organismo ejerce correctamente su poder de policía como autoridad reguladora de la ley 1875, que declara de utilidad pública provincial la preservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente.

A la par, representantes de organizaciones de Derechos Humanos, activistas ambientalistas y la Confederación Mapuche presentaron una denuncia con el fin de que se investiguen las responsabilidades penales que les puede caber tanto a las autoridades políticas como a los empresarios. Ese día mantuvieron una reunión con el fiscal general, José Gerez, quien les informó que a comienzos de noviembre se había comenzado una investigación de oficio de la que aun no se han difundido avances.