Ruta del dinero K: dictaron la “falta de mérito” de Cristina Fernández

El juez federal Sebastián Casanello dictó la “falta de mérito” de la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner en la causa por presunto lavado de dinero conocida como la “ruta del dinero K”, en la que está detenido el empresario Lázaro Báez, y ordenó profundizar la investigación.

El magistrado resolvió la situación procesal de la ex mandataria, cuando en paralelo gran parte de la causa por lavado de dinero mediante la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, está en etapa de juicio oral y público, con más de 20 implicados, entre ellos Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.

En su fallo, Casanello señaló que “debe continuarse la investigación para determinar la concreta intervención que ha tenido Cristina Fernández en la conformación de la estructura cuyo grueso se ha elevado a juicio”, tras advertir que “la atribución de responsabilidad penal como consecuencia de un proceso respetuoso de la Constitución y las leyes se basa en la evidencia”.

“No existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina Elisabet Fernández por los hechos por los que fuera intimada en la presente causa”, indicó la resolución del juez Correccional y Criminal 7.

En este sentido, marcó la necesidad de avanzar en la investigación para “colectar evidencias que permitan cristalizar un reproche que no sólo se sustente en la sospecha genérica o contextual derivada del público y reconocido vínculo de amistad que unía a Lázaro Antonio Báez y Néstor Kirchner, y de la existencia de procesos donde se ha probado la comisión conjunta de delitos”.

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“De lo contrario, la atribución de responsabilidad de Cristina Fernández en esta causa estaría basada excluyentemente en un razonamiento transitivo”, argumentó el magistrado, que explicó que este “criterio expectante” respecto de la senadora nacional no implica “la clausura de la investigación en absoluto, sino advertir que debe profundizarse para acreditar la hipótesis introducida”.

Casanello había convocado a la senadora nacional a declarar a Comodoro Py el 18 de septiembre pasado luego de que se lo ordenaran los jueces Martín Irurzun y Rafael Llorens de la Cámara Federal: hasta el momento, el juez se había negado a citarla pese a los pedidos del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción, por considerar que la ex mandataria ya era investigada por los mismos hechos en la causa por fraude en la obra pública a raíz de las licitaciones con las que se benefició Báez.

Los camaristas Llorens e Irurzun, en cambio, habían considerado que sí había elementos para convocarla a indagatoria, ya que la fortuna que manejaba el empresario Lázaro Báez no hacía pensar otra cosa que era ella la verdadera dueña.

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El dueño de Austral Construcciones se encuentra detenido desde abril de 2016, luego de que se conociera un video de “La Rosadita” en el que se veía a su hijo Martín y a otras personas ahora imputadas contando varios millones de dólares.

Para los jueces, “se corroboró suficientemente la existencia de una estructura conformada por Báez que entre el 2010 y 2013 canalizó fondos de origen ilícito a través de una ingeniería financiera, que posibilitó la expatriación de una suma cercana a los sesenta millones de dólares y luego la repatriación parcial de unos treinta y dos millones de esa moneda que terminaron contabilizados en Austral Construcciones S.A. además de la adquisición de bienes y servicios”.

Ahora, Casanello ordenó diligencias “tanto en el ámbito local como el internacional”, especialmente que dependen de la cooperación de Estados “que aún no han enviado a la totalidad de la información que se les requiriera”.

“En este contexto es necesario agotar todas las diligencias relacionadas con la firma Aldyne Ltd. Alrededor de esta sociedad se han elaborado numerosas hipótesis que hasta el momento no han podido ser probadas, pese a los distintos pedidos de cooperación internacional que se han librado en ese sentido”, advirtió respecto a la “empresa madre” de la ruta del dinero K, que administraba sociedades que se vincularon a Báez.

Además, solicitó la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a los fines de que se recabe toda la información relacionada a las firmas vinculadas con Báez, en especial la empresa Aldyne.