Río Negro tiene cupo trans, pero con las puertas del Estado casi cerradas

Aún cuando quedó formalizado en una Ley el derecho básico al trabajo formal para el colectivo trans de la Provincia de Río Negro, sus integrantes tendrán que seguir dando pelea para que la norma finalmente se cumpla, tomando en cuenta las restricciones que existen para el ingreso al Estado en cualquiera de sus estamentos.

Si bien no hay registros todavía sobre la cantidad de personas que podrían insertarse en el mercado de trabajo formal, algo que les permitiría tener acceso a una obra social, existe una dato de la realidad: hay por lo menos 150 cambios registrales, aunque no todos están visibilizados para la sociedad.

“Trato de ser lo más positiva posible y ahora vamos a tener que ir a (ver a) los funcionarios para que den una respuesta a esta demanda”, admite una de las referentes del colectivo, Georgina Colicheo, quien siguió ayer el tratamiento legislativo del proyecto desde una de las bandejas del recinto parlamentario.

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A su lado, Fernanda Curaqueo, que consiguió acceder a un puesto en el Municipio de Viedma, destacó que “fuimos logrando muchas cosas, esperamos que las comunas terminen de cumplir” en este marco de nuevos derechos.

Ornella Infante también reconoce las dificultades, por lo tanto “obtenida la igualdad jurídica, esperamos la igualdad real”; ya que “la Provincia de Río Negro ha sido históricamente vanguardista en la unión civil, en la derogación del mal llamado Código Contravencional, a lo que se suma la norma sobre identidad de género”.

Abrigó la esperanza de que el gobierno provincial y el gabinete ministerial “tome cartas en el asunto para que ayude a la implementación” en virtud de que se brinden respuestas “inmediatas” porque “hay compañeras que necesitan del acceso al trabajo registrado porque siguen ejerciendo el trabajo sexual”.

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Ante este paso fundamental hay que tener presentes los obstáculos que podría tener el texto regulado, ya que el Poder Ejecutivo tiene un plazo de un año para ponerlo en vigencia. Antes hay que conformar una comisión mixta de seguimiento, y luego ese espacio tendrá que elaborar su propio marco de funcionamiento interno.

El proyecto surgió luego de fusionar tres textos distintos. La redacción final tuvo el aval de los dos bloques mayoritarios (Juntos y FpV). Para una segunda etapa, la comunidad trans se reserva una herramienta que no pudo consignarse en el texto acordado: incentivos tributarios como para que los privados puedan tener la misma apertura que el Estado rionegrino.

Al igual que otras jurisdicciones, la norma rionegrina estipula que deben adherir tanto el Poder Ejecutivo como organismos descentralizados o autárquicos, las empresas con participación mayoritaria del Estado Provincial. Todos deben ocupar como mínimo el 1% -sobre el total del personal- con personas travestis, transexuales y transgéneros que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo.

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Pasado un período de 5 años a partir del ingreso, las personas trans continúan en sus puestos de trabajo y dejan de ser consideradas a los fines del cálculo del cupo. De esta manera, se habilitará la contratación para una nueva persona beneficiaria del presente régimen.

Se encuentran comprendidas en la presente ley todas aquellas personas travestis, transexuales y transgéneros mayores de 16 años de edad -hayan o no accedido al beneficio de rectificación registral dispuesto por Ley Nacional Nº 26.743- y que reúnan las condiciones para el cargo a ocupar.

Pasado un período de 5 años, las personas trans continúan en sus puestos de trabajo y dejan de ser consideradas a los fines del cálculo del cupo.

“Trato de ser lo más positiva posible y ahora vamos a tener que ir a (ver a) los funcionarios para que den una respuesta a esta demanda”.

Georgina Colicheo, referente de la ATTS.

Sospechas y cruces por una hidroeléctrica

La concesión de uso del agua pública en favor de la firma Salto Guerrico – Gomez SAS, para la generación hidroeléctrica en el Canal Principal del Alto Valle, generó un fuerte debate ayer.

Los cruces estuvieron centrados en dudas planteadas por el FpV, por la precariedad de la firma, que se conformó en octubre pasado, con $ 17.720 de capital.

Además, Nicolas Rochás (FpV) identificó a sus titulares y entre ellos hay ex funcionarios de Seguridad de Nación y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Legislatura abordó ese proyecto en segunda vuelta. Rochás recordó el inicial apoyo “con reserva” a la espera de información. Basándose en un informe del DPA, que admite la inexistencia de un contrato del solicitante con Cammesa, una promesa de inversión por encima de 300 millones con “un capital de 17 mil pesos” y sus inexistentes antecedentes, se decidió el rechazo. En su repaso, identificó a sus titulares, entre ellos a Pablo Torres Carbonell, con recientes cargos en Nación o en CABA. “Son de Cambiemos. Hasta ahora, sabíamos de las coincidencias ideológicas del gobierno de Weretilneck con Macri, pero este expediente es un negociado”, dijo. También detalló que los titulares se repiten en otras firmas de reciente conformación.

El oficialismo quedó obligado a responder. Alejandro Palmieri, dijo que “son entendibles” las dudas, pero negó que el gobierno conociera a sus dueños. Confió en la concreción de la inversión y, luego, se focalizó en otros riesgos asumidos por Juntos -como la renovación de contratos petroleros o el Plan Castello- mientras el FpV insistía en sus censuras y “chicanas para la tribuna”.

Antes de la aprobación por mayoría se dieron contrapuntos. El titular de la Legislatura, Pedro Pesatti, buscó cerrar el debate. No le fue fácil y, por momentos, frente a las críticas, perdió el control y le dijo (a Rochas) “no grites, estúpido” o “vos representas la derecha más jodida”.