Jóvenes y delitos: ¿qué dicen los números?

El gobierno nacional ya tiene avanzada la redacción de un proyecto de ley penal juvenil para enviarlo al Congreso, en el que insistirá con su idea original de rebajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, aunque sólo para los delitos “gravísimos” contra la vida, los secuestros extorsivos y la integridad sexual. Una amplia gama de la sociedad –entre quienes están Unicef, asociaciones de pediatras, colegios de abogados, distintas OSCS y también la Iglesia católica– se ha expresado en contra de este proyecto por entender que criminaliza a los jóvenes, en especial a los de bajos recursos.

La iniciativa incluirá la aplicación de penalidades máximas de entre ocho y diez años de privación de la libertad para las personas menores de edad halladas culpables de los delitos mencionados y también una amplia gama de medidas alternativas sin restricciones a la libre circulación para delitos menores. Una de las posibles novedades que introduce sería la creación de un sistema de tutorías en el que esos jóvenes tengan asignados un responsable de su legajo, con equipos interdisciplinarios de seguimiento.

Los números dicen…

En la construcción de la figura del niño o adolescente como enemigo y su instalación en el debate público se suelen presentar datos sobre la supuesta cantidad de delitos cometidos por adolescentes para fundamentar que los jóvenes tienen una alta y creciente participación en hechos delictivos.

Pero los datos existentes muestran que la mayoría de los conflictos con la ley por parte de adolescentes son por delitos contra la propiedad y que su incidencia es muy baja en el total de los cometidos contra las personas. Además, no indican con certeza un aumento progresivo de su participación en la comisión de delitos, menos aún en niños, niñas y adolescentes menores de 16 años.

De acuerdo a datos del Poder Judicial, sobre 31.897 delitos denunciados en la provincia durante el 2017 solamente en 783 se identificó como autor a un menor de edad, lo que representa apenas el 2,5% del total. Esto significa una disminución de casi un punto respecto al año anterior, cuando alcanzaron el 3,4%. A su vez, en el 2017 hubo una disminución del 26% en las denuncias de delitos cometidos presuntamente por jóvenes respecto al 2016, pasando de 1.057 a 783.

Es importante señalar que, en la Circunscripción I, que incluye Neuquén y ciudades aledañas, no hubo denuncias por homicidios que involucren a jóvenes. Además, el 62% de las personas menores denunciadas son punibles (es decir 422 casos), dado que tienen 16 años o más, con lo cual una baja en la edad de imputabilidad sólo impactaría sobre un 38% de los casos (lo que equivale a 258 personas). (ver cuadro)

A nivel nacional, según un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017), en el 2015 hubo 2.837 víctimas de homicidios dolosos. De ellos, solamente 16 adolescentes ( representa el 0,6%) tenían entre 5 y 14 años, y 254 jóvenes (el 8,9%) entre 15 y 19 años inclusive; aunque vale aclarar que este último grupo incluye a personas que hoy son punibles (16 años y más). Respecto de los delitos contra la propiedad, se denunciaron 862.330. De ese total, 17.248 eran personas menores de 18 años, es decir, sólo el 2%.

Reflexiones finales

Como mencionamos anteriormente, los datos contradicen la idea de que los jóvenes son los principales responsables de la inseguridad, primordial argumento de quienes sostienen la necesidad de bajar la edad de imputabilidad. Pero aún en los casos de los jóvenes que participan en delitos, el marco normativo internacional al que nuestro país adhiere recomienda desjudicializar y enfocarse en modalidades de intervención preventiva y protectora.

Es necesario pensar en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia.

Como sostiene el mencionado informe de Unicef, existe amplia evidencia que muestra que el abandono temprano de la escuela aumenta significativamente el riesgo de los adolescentes de ser captados para iniciar una trayectoria delictiva.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el núcleo de una política que vincule jóvenes y seguridad debe ser la generación de espacios recreativos y formativos que fomenten la capacidad de aprendizaje y desarrollo de los niños y adolescentes.

Para trabajar sobre la inseguridad, es necesario poner el foco en los adultos, que son los principales responsables de los delitos, no sólo como protagonistas directos sino también como instigadores de la delincuencia juvenil. Difícilmente una baja en la edad de imputabilidad tenga un impacto significativo en la disminución de los delitos.

*Directora General y miembros del Observatorio de Derechos Humanos de la Subsecretaría de DD. HH.de Neuquén.