Sin límites para el absurdo

La civilización, tanto en sus orígenes como en la actualidad, depende de aquello que se conoce como las instituciones humanas. Precisamente, tales instituciones proveen del orden en el cual la cooperación permite a las personas desarrollar sus capacidades y perseguir aquellos fines que juzguen prioritarios.

Como lo entiende Hayek, la esencia del proceso social se basa estrictamente en la información o conocimiento “de carácter personal, práctico, subjetivo, disperso” que cada ser humano descubre en un devenir que no se detiene jamás.

En ese sentido, el esfuerzo, ingenio y sensibilidad innata del hombre para buscar y alcanzar nuevos fines constituye el leitmotiv del proceso, el cual, por propia naturaleza, ajusta y coordina los comportamientos contradictorios que en él se llevan a cabo. El proceso de ensayo y error que así resulta está guiado por las instituciones que moldean las formas en que la gente interactúa. Se da por descontado que los agentes tienen limitaciones cognitivas.

Frente a ello, por contraste, la utilización sistemática de la coacción por la vía de las políticas públicas se focaliza sobre las implicancias lógicas de la optimización, entendida como resultado y no simplemente como intención.

Se supone que los gobiernos establecen un gran programa abarcativo del conjunto de acciones óptimas de las personas, entre todas las alternativas posibles, en base a un conocimiento preciso de las consecuencias esperables de sus decisiones. El equilibrio se concibe no como un punto de atracción de un proceso, sino como un estado en el que los planes de alguna forma se han vuelto coherentes entre sí.

Todo ello ha llevado a que las instituciones sociales de varios países en el siglo veinte basaran sus economías en la idea de planificar una “justa” distribución; y algunos otros como el nuestro, Argentina, extendieron dichas prácticas a lo largo del siglo XXI.

Los resultados están a la vista. En los últimos 15 años, la participación del Estado en los niveles de gasto doméstico, como porcentaje del PBI (Producto Bruto Interno), pasó exactamente del 23 al 47% entre los años 2003 y 2018. En síntesis, más Estado y menos mercado: pobreza, marginalidad, indigencia.

Al mismo tiempo, otro importante indicador del proyecto Doing Business del Banco Mundial, 2017, muestra que Argentina se encuentra en el segundo lugar en cuanto a la más alta tasa tributaria total, con un porcentaje del 106 (solo por debajo de la Unión de las Comoras, un diminuto país insular, con población inferior al millón de habitantes, situado al oriente de África sobre el océano Índico), lo que evidencia la existencia de tasas confiscatorias y, lo que es peor, que dichos gravámenes resultan insuficientes para financiar el abultado exceso de gastos sobre los recursos impositivos.

Íntimamente ligado con el Estado Benefactor se encuentra el abuso del término social, que suprime substancialmente el significado del sustantivo al que se aplica. Es decir, social se atribuye a todo aquello que reduce o elimina las diferencias de rentas, pues, se presume que en orden a la “sensibilidad social”, “injusticia social”, “inestabilidad social”, etc., muchas personas jóvenes y sanas de distintas organizaciones sociales deben ser mantenidas, entre ellas organizaciones piqueteras. Como diría Armen Alchian, gobierno es socialismo por definición.

Bastará un ejemplo de candente actualidad para ilustrar el fenómeno.

El pasado sábado, 21 de julio, se reunió en Buenos Aires el G20, o Grupo de los 20, el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política que aborda los grandes desafíos globales y busca generar soluciones. El organismo se compone de la Unión Europea y 19 países, entre ellos: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. El conjunto de los miembros representa el 85% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional.

El acontecimiento, ante los ojos del mundo, requirió de un despliegue de seguridad sin precedentes. La idea fue neutralizar las movilizaciones de varios centenares de personas, en las inmediaciones del encuentro de ministros de Finanzas del G20, en contra del acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que reclamaban por un incremento en sus asignaciones.

No se trata de hacerse el distraído pues se sabe que nada es gratis, ni el montaje de extrema seguridad ni la asistencia de aquellos quienes, curiosamente, se alzaban contra quien venía a dar asistencia (circunstancial) a sus propios reclamos y a los ajetreados bolsillos del contribuyente. Enfáticamente se reclama más Estado y menos mercado, sin advertir que esa ecuación ya ha sido probada hasta el hartazgo. Ante tanto desconcierto es el momento de advertir incluso sobre los riesgos de lo que significa vivir en condiciones sin límites para el absurdo.

*Doctor en Economía

Enfáticamente se reclama más Estado y menos mercado, sin advertir que esa ecuación ya ha sido probada hasta el hartazgo.