Papelón: la Justicia no pudo esclarecer el incendio de su propio edificio

El Superior Tribunal de Justicia pidió una investigación del accionar de magistrados y funcionarios participantes en la investigación del incendio en los Tribunales de Viedma, ocurrido hace 33 meses y cuya causa se cerró recientemente sin hallar responsables, con culpas cruzadas entre los partícipes.

El auditor general, Juan Manuel Montoto, será el encargado del análisis de las actuaciones de cinco magistrados (uno de ellos, el hoy destituido juez Favio Igoldi) y un número similar de fiscales, previéndose informes al STJ y a la Procuración para aportar conclusiones del trabajo judicial y responsabilidades.

Con el derrumbe de la investigación, el máximo tribunal se inquietó y entendió que ese desenlace exigía el repaso de lo hecho por los hombres del Poder, que finiquitó con un resultado tan frustrante, mas allá de la detención de los imputados por casi un año y, además, la convicción final del fiscal Juan Pedro Peralta de su autoría, pero la imposibilidad de su acusación en debate.

Según trascendió, la jueza Liliana Piccinini lideró la posición institucional de la búsqueda de respuestas. Cuando ocurrió el hecho ella llegó enseguida y permaneció por horas en el lugar del siniestro. El cuerpo, presidido por Enrique Mansilla, hizo suya esa inquietud y ya la solicitó a Montoto.

Existe un relato fuertemente instalado en la mayoría del Poder que el proceder del exjuez Igoldi originó el descalabro, incluso fue el fundamento central del fiscal Peralta cuando explicó el revés y pidió el sobreseimientos de los imputados. Además, la conducta y la pulseada de Igoldi con la fiscal Itziar Soly por la oportunidad de allanamientos y de detenciones fueron algunos de los motivos de la “disfuncionalidad” argumentada por el Consejo de la Magistratura para su destitución.

Posiblemente, el STJ no se aferre a esa culpa instalada, y alejada de la corporación judicial. Por eso, tal vez, alentó este análisis más profundo.

Cinco magistrados actuaron en el expediente del incendio. El primer interviniente fue el juez Igoldi pero fue apartado a fines del 2015, es decir, actuó cinco meses. El resto del proceso correspondió a Ignacio Gandolfi, que en agosto del 2016 dispuso procesamiento y detenciones.

Los otros fueron los miembros de la Cámara: Carlos Reussi, Guillermo Bustamante y Marcelo Chironi. Apartaron inicialmente a Igoldi, avalando la teoría de la fiscalía, y luego confirmaron la resolución de Gandolfi.

Mientras tanto, la inicial intervención del ministerio Público fue de la fiscal Paula Frandsen, en las primeras horas, aunque después todo recayó en Soly. En octubre del 2016 ascendió a jueza penal.

Otras actuaciones incluyen al fiscal Hernán Trejo, especialmente en ocasión de las acciones en la Cámara, y el cierre de Peralta, con sus pedidos de sobreseimiento, y alude en su dictamen que tiene el “acuerdo” del fiscal jefe, Fabricio Brogna.

El auditor General tiene asignado el “control de gestión judicial” y su informe aportará seguramente elementos para que el STJ desestime o aplique medidas disciplinarias o, frente a hechos graves, se opte por su remisión al Consejo de la Magistratura.

El dato

La causa frustrada en números

32 meses de investigación

68 testigos

10 allanamientos

30 líneas telefónicas analizadas

50 dispositivos entre computadoras y teléfonos

16 intervenciones telefónicas

17.520 horas de escuchas, equivalentes a 730 días

Una cadena de errores que derivó en un final frustrante

El incendio ocurrió en la madrugada del 26 de julio de 2015. Se presumía, según los procesamientos y las hipótesis más fuertes, que Iván Becerra, los hermanos Fabricio e Iván Córdoba y Roberto Morales Paz (todos sobreseídos luego) ingresaron al edificio de Tribunales por un techo lindero y luego a través de una ventana de lo que era en ese momento el Juzgado 4. Habrían rociado con combustible y prendieron fuego, lo que produjo daños totales en los expedientes y en el mobiliario.

Minutos después de sofocadas las llamas y con la idea de los bomberos de que había sido un incendio fortuito por un desperfecto eléctrico, se habilitó el acceso a empleados y funcionarios del juzgado, lo que contaminó el escenario. “No se pudo colectar ninguna evidencia científica para su análisis. Ni ADN, ni pelos, ni ningún rastro”, sostuvo el fiscal Juan Peralta.

Unas tres horas después de que se retiraran escombros y lo poco que quedó de las devastadas oficinas, una funcionaria judicial halló un bidón y otros sintieron fuerte olor a combustible, como también la existencia de una pátina sobre los restos de documentación.

La principal hipótesis fue que el abogado Ignacio Galiano había contratado a los hermanos Colman, a Becerra y a Morales Paz para que quemaran el Juzgado. El objetivo: destruir posibles pruebas vinculadas a la investigación del caso de corrupción de menores que –entre otros– involucraba al abogado José Aguirre, hoy detenido y condenado.

“No se ha podido superar el estado de sospecha. Entiendo que fueron los autores de tan lastimoso acto, aunque no lo puedo probar”, afirmó Peralta.

“Quemaron el edificio donde trabajé y hoy estoy solicitando el sobreseimiento de los sospechosos”, escribió el fiscal.