Violencia de género: Fin al silencio en las oficinas públicas de Neuquén

En el país

El empleo doméstico, un sector vulnerable

En Argentina el sector de la economía más feminizado de todos es el del personal de casas particulares: 98,7% son mujeres, según estadísticas del ministerio de Trabajo de la Nación. Si bien la tarea no se desarrolla en el ámbito público, las empleadas no están exentas de atravesar situaciones de maltrato.

“Hay violencia verbal, pero también cuando te violan los derechos, cuando te dicen: “No te corresponde el aumento porque estas en negro”, también es violencia eso. Tenemos casos de compañeras hasta que las han golpeado, pero no se animan a denunciarlo porque el ámbito laboral mismo es complicado. Ellas tienen que volver al trabajo por necesidad”, señala Sandra Leiva, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Neuquén.

Agrega: “las denuncias, los reclamos que nosotras escuchamos de nuestras compañeras tienen que ver un poco con eso, porque es una constante también, viste, la negación a los derechos. Decís: “Pucha estoy trabajando hace 15 o 20 años y no tengo obra social o no me quieren registrar”. También nosotras somos una agrupación, no estamos haciendo una fuerza importante como en una fábrica o sectores que están mucho más organizados”.

“La urgencia está en el cuerpo de las mujeres. El Estado
no puede seguir sosteniendo estos varones en cargos
de poder”, dijo Laura Roselló, integrante del Espacio de Género de ATE.

“Ni a los acosadores, ni a los violentos
los queremos en nuestras vidas, ni
en las escuelas. Poder hablarlo es
el primer paso”, afirmó Marisabel Granda, secretaria de Prensa del sindicato docente ATEN.

“Lamentablemente en salud no hay ningún protocolo para intervenir en estas situaciones y es absolutamente necesario”, aseguró Julieta Katcoff, de la secretaría de las Mujeres del hospital Castro Rendón.

El camino judicial: Las leyes de referencia

La violencia laboral contra las mujeres fue incorporada en la ley 26.485. Es definida como aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea. Incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática con el fin de lograr su exclusión laboral

La ley 2.786 regula el procedimiento en los casos de violencia laboral contra las mujeres. Las víctimas de acoso o maltrato puede denunciarlo en la justicia laboral. Allí el magistrado o la magistrada evalúa la situación y puede dictar medidas cautelares como por ejemplo: ordenar la prohibición de acercamiento del denunciado o disponer el cese de los actos de perturbación o intimidación

Los casos de abuso sexual son competencia de la justicia penal. Las mujeres pueden denunciarlo en fiscalía.