Quedó aprobada la prórroga del contrato del cerro Catedral

La prórroga de la concesión del cerro Catedral hasta 2056 en manos de la empresa Catedral Alta Patagonia quedó aprobada por mayoría en el Concejo Municipal, con el voto de los concejales de Juntos Somos Bariloche y Pro, y el rechazo del Frente para la Victoria.

A pesar de la resistencia de organizaciones y vecinos autoconvocados que ayer presentaron 3354 firmas para avanzar en un referéndum, los concejales ratificaron la sesión extraordinaria de hoy que comenzó pasadas las 9 con la presencia de la totalidad del cuerpo legislativo.

Después de casi 3 horas de debate, los concejales mediante el voto nominal aprobaron por mayoría la prórroga. Hubo aplausos dentro del recinto donde se encontraban empleados de la empresa y partidarios al proyecto mientras que estallaron los gritos y reproches desde el exterior de la sala, donde se encontraban quienes se oponían a la iniciativa.

En esta oportunidad estuvo ausente el intendente Gustavo Gennuso, quien se encuentra en Brasil, aunque presenciaron la sesión el jefe de Gabinete, Marcos Barberis y otros funcionarios, los legisladores de Juntos Alfredo Martín, Silvia Paz y Mariana Domínguez, y del FpV Edith Garro y Alejandro Ramos Mejía.

El concejal Ramón Chicconi mocionó suspender la sesión ante el pedido de partidos políticos y de organizaciones que ayer presentaron las firmas, pero esa petición fue rechazada por mayoría.

Mirá el video: Así fue el momento de la votación del contrato del cerro Catedral

El debate

El inicio del debate tuvo modificaciones en el texto con la incorporación de cambios respecto al canon a pagar al municipio. Se plasmó que el canon continuaba con 12.500 pases de alta temporada hasta 2023, mientras que a partir de 2024 el canon pasará a ser el equivalente a 13.000 pases y desde 2027 será de 13.500 pases.

También se incorporó en el texto que el 30% del canon será destinado a los barrios vulnerables en especial aquellos de la Pampa de Huenuleo.

Chiocconi remarcó que este proceso recién comienza y valoró la iniciativa popular impulsada por vecinos y organizaciones. “Esto no se termina hoy, no tengo ninguna duda”, dijo el concejal del FpV quien realizó un raconto del debate iniciado en febrero y de presuntas irregularidades.

“Queremos dar las discusiones a fondo y esto no lo han permitido”, reprochó Chiocconi y cuestionó las limitaciones para la certificación de firmas para el referéndum.

Chiocconi -quien admitió que se reunió con propietario de Capsa a fines del año pasado- dijo que conocía que el intendente estaba en diálogo con la empresa y apeló a que “tiene que negociar en nombre del Estado y a favor del Estado, no dándole todos los beneficios de la empresa privada”.

“Tenemos uno de los principales recursos que vamos a dejar atado con una legitimidad dudosa y más de 9 gobiernos completos van a estar atados a un pliego que solamente le exige a la empresa inversiones hasta 2023”, agregó.

Daniel Natapof (FpV) reiteró el pedido de que la concesión del cerro sea definida por licitación pública y dijo que este proyecto “debiera avergonzar a este cuerpo en mi opinión”.

El concejal planteó que avanzar en la aprobación del proyecto aun sin definirse el referéndum provocará que “el municipio quede en un laberinto judicial sin fin”. Según indicó Capsa con la ordenanza aprobada tendrá derechos adquiridos y si luego el referéndum lo rechaza, iniciará acciones legales. “Por qué el apuro, porqué no pueden esperar el tratamiento de participación ciudadana y después venir aquí a levantar la mano”, se preguntó.

También tomó la palabra la concejal Ana Marks quien en la misma línea que sus pares atacó la continuidad del debate en segunda vuelta y la posible demanda judicial que realizaría la empresa si se revierte la medida con un referéndum.

“Qué hay detrás de este apuro, como mínimo hay un municipio que se somete a las presiones de esta empresa”, afirmó Marks.

Cristina Painefil (Juntos) fue la primera concejal en tomar la palabra para respaldar el proyecto y respondió los cuestionamientos de la oposición ante el eventual perjuicio al erario público. Recordó el juicio de la empresa 3 de Mayo ante el desplazamiento del servicio de transporte urbano que se realizó en la gestión anterior; el desvío de fondos para viviendas y para el gasoducto.

La concejal Julia Fernández (Juntos) fue enfática al defender el trabajo de análisis del proyecto realizado en comisiones y remarcó que “hoy necesitamos tener inversión en esta ciudad, hoy necesitamos tener empleo”.

Pidió “dimensionar lo que significa tener el reconocimiento pleno del poder concedente por parte de la municipalidad de Bariloche”.

Gerardo Ávila (Juntos) cuestionó la “intromisión” del intendente de Roca, Martín Soria, y dijo que hay intereses electorales y particulares por parte de la oposición. “Estamos tomando decisiones y al que no le guste que vuelva a su casa”, cerró su discurso mientras que afuera se encendieron los reproches de los manifestantes que rechazan el proyecto.

El concejal del Pro, Daniel González, habló del proyecto y posibles beneficios para la ciudad como el “mejoramiento de las condiciones” de la cláusula de desarrollo inmobiliario, generación de empleo, aportes sociales con pases de esquí, entre otras cuestiones. “Lamento que algunos concejales sean parte del panfleteo mediático”, enfatizó.

El proyecto

El acuerdo en discusión firmado en noviembre por el intendente Gustavo Gennuso y la empresa Capsa, propiedad de la familia Trappa, establece la prórroga del contrato por 30 años más a partir de 2026, cuando venza el acuerdo actual; una inversión en infraestructura de montaña por 22 millones de dólares que incluirá nuevos medios de elevación, mayor capacidad para fabricar nieve y la extensión de las pistas esquiables; y un canon igual al actual, equivalente a 12.500 pases de alta temporada hasta 2023.

La oposición cuestiona la falta de precisiones y estudio ambiental por el desarrollo inmobiliario pautado en una sociedad público-privada, y la realización de un contrato directo sin licitación.