La audiencia por el cerro Catedral terminó con 94 exposiciones

Con mayoritarias voces de rechazo, a diferencia de lo ocurrido el primer día de audiencia, y después de cinco horas y media de exposiciones, terminó minutos antes de las 22, la lista de oradores de la audiencia pública por la prórroga de la concesión del cerro Catedral.

Para la segunda jornada de la audiencia se esperaba la participación de 68 oradores aunque hubo una docena de ausencias. Tras las exposiciones se abrió la instancia de preguntas, según el reglamento de audiencias públicas, que fueron respondidas por miembros del Gobierno municipal.

Según precisó el Concejo Municipal, entre las dos jornadas las exposiciones alcanzaron a 94 oradores y fueron unas 13 horas de debate.

Los oradores

La segunda jornada de audiencia se realizó en un clima de mayor tranquilidad con un auditorio en silencio ante las exposiciones aunque al igual que ayer fue amplia la asistencia. Cerca de las 18 volvió a concentrarse un grupo de manifestantes fuera de la sala y para las 19:30, a tres horas de iniciada la jornada, ya se habían expresado unos 30 oradores. Hubo una decena de ausencias.

Los primeros oradores sumaron cuestionamientos a la prórroga del contrato y pedidos para que se realice un referéndum popular vinculante para definir el contrato de concesión del centro invernal por 30 años.

Los expositores Jorge Paolinelli, Elena Chena y Alejandro Scaba coincidieron en poner en duda los beneficios para los barilochenses y para la ciudad con la prórroga del acuerdo y el desarrollo inmobiliario aludiendo a que los turistas esquiadores pernoctarán y realizarán su estadía en Villa Catedral sin pasar por la ciudad. Para Paolinelli, quien fue funcionario municipal en gestiones anteriores, el contrato “es condenar a la ciudad a un oscuro futuro”.

La exdefensora del Pueblo, Andrea Galaverna, pidió a los concejales que no aprueben “este papelón”, mencionando así el acuerdo firmado entre el intendente Gustavo Gennuso y la empresa capsa y denunció públicamente que “el negocio de este escándalo es el inmobiliario”.

El exdiputado Julio Acavallo, fue otro de los oradores, quien cuestionó que se trabaje sobre estudios ambientales y económicos de base realizados por la propia empresa concesionaria. El dirigente del Frente Grande recordó expresiones del concejal del Pro, Daniel González que un año atrás rechazó y cuestionó la propuesta de inversión y prórroga de Capsa.

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Jorge Molina, respondió a las críticas vertidas por el jefe comunal a quienes ayer se manifestaron. “Formo parte de los compañeros y compañeras que tocan el bombo”. Respecto al contrato de concesión dijo que “beneficia a unos pocos” y señaló que Capsa facturó alrededor de 1.000 millones de pesos el año pasado cuando el canon fue de 13 millones de pesos.

La referente de la organización ambientalista Arbol de Pie Ana Wieman se manifestó en contra de aprobar un proyecto que colisiona con el dictamen del Servicio Geológico Minero (Segemar), según el cual esas tierras son “no aptas” para la urbanización.

También pidió mayores controles. “No debemos reclamar por los avances del privado cuando el Estado incumple sus obligaciones”, afirmó.

Juan Vaucheret cuestionó la ecuación económica aportada por la empresa y conjeturó que sus ganancias son mayores a las reconocidas. Se quejó de que el municipio acepte las rendiciones de Capsa mediante “una simple declaración jurada”.

Hasta ayer expusieron 48 oradores, con algunas ausencias, luego de una extensa presentación del proyecto en manos de funcionarios municipales y de referentes de la empresa Catedral Alta Patagonia.

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La logística diseñada para el desarrollo de la audiencia, que tuvo récords de inscriptos, motivó a instalar equipo de sonido en el pasillo de acceso a la sala de sesiones, donde se colocaron sillas para la espera, y en la sala de prensa del municipio (aunque en este espacio hubo pocos asistentes).

También se colocaron parlantes en el exterior del Concejo Municipal donde ayer se realizó una manifestación de dirigentes de la CTA y organizaciones sociales que rechazan la prórroga de la concesión a Capsa por 30 años más a partir del vencimiento del contrato.