“Quiero encontrar el cuerpo de mi hijo y llevarlo”, dijo el padre de Solano

Bombos y redoblantes afuera de la Ciudad Judicial revivieron en un sólo día, seis años de lucha de la familia de Daniel Solano. Así, con gran expectativa y un dolor que permanece, comenzó el juicio a siete efectivos de la Policía de Río Negro por la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio del joven trabajador “golondrina”.

Las tres huelgas de hambre, las movilizaciones y el pedido de los habitantes de Valle Medio que en gran parte se solidarizaron con la causa estuvieron ahí presentes, como pidiendo que de una vez por todas haya esclarecimiento por el hecho ocurrido en 2011 en Choele Choel.

Con una audiencia que duró más de siete horas en el auditorio de la Ciudad Judicial de Roca, empezó ayer el proceso que se esperaba hace tantos años y que llevará unos tres meses más, entre un buen marco de público.

La lectura completa de la acusación tanto de la Fiscalía como de la querella fue lo principal del primer encuentro, que no contó con declaraciones de testigos quienes suman cerca de 300 y declararán en las próximas audiencias.

Según la acusación fiscal, se da por acreditado mediante la prueba que los siete imputados habían privado ilegítimamente de la libertad a Solano sacándolo del boliche “Macuba” contra su voluntad la madrugada del 5 de noviembre de 2011 y a través de la violencia le habrían quitado la vida, disponiendo de su cuerpo; aunque este aún no fue hallado.

El encuentro de las partes estuvo marcado por la sensibilidad ante la figura de Gualberto Solano, padre de Daniel, quien por primera vez se encontraba cara a cara con todos los acusados de golpear y matar a su hijo.

“Luché seis años y medio, quiero encontrar el cuerpo de mi hijo y llevarlo”, dijo con la humildad que lo caracteriza. Acompañado por su abogado Leonardo Aparicio, deslizó algunas palabras a la prensa pero sólo pudo explayarse por fuera de los micrófonos.

“A Daniel lo mataron por hacer un reclamo”, aseguró su padre manteniendo la fuerte hipótesis de la querella, que explica que al joven Solano lo mataron por descubrir una “estafa millonaria” que la ex empresa “Agro Cosecha” realizaba a cientos de trabajadores “norteños” a través de sus salarios.

A pesar de que su hijo no aparece hace seis años y de las idas y vueltas en el caso, Gualberto no desestima a la justicia y dejó en claro en sus declaraciones que mantiene un hilo de esperanza.

Aparicio, el abogado querellante dialogó con “Río Negro” en medio de la audiencia asegurando que “los autores intelectuales son los dueños de la empresa” y que “acá nadie explica porqué lo sacaron del boliche”, en torno a que entre las acusaciones sólo se hace alusión a cómo se dieron los hechos y no sus causas.

Luego, durante la lectura de su requisitoria, las críticas de la querella se ampliaron al Poder Judicial. Allí aseguraron que hubo irregularidades en el trámite de la investigación y cargaron contra la ex jueza Marisa Bosco y el ex fiscal Miguel Ángel Flores. Hablaron directamente de encubrimiento y de una asociación ilícita policial, judicial y empresarial.

Puertas afuera, la movilización

Una manifestación social puertas afuera pidió “juicio y castigo” a los responsables de la desaparición del joven miembro de las comunidades originarias de Salta quien por tercer año consecutivo llegaba a las chacras del Valle para hacer la temporada frutícola, en precarias condiciones laborales.

Puertas adentro el calor que abrazó a Gualberto Solano fue dado por las familias de otras víctimas de crímenes “impunes” de todo el país y casos de desaparición forzada y gatillo fácil como fueron familiares y amigos de Luciano Arruga, Sergio Ávalos, Matías Casas, Ricardo Machuca entre otros que aún esperan respuestas y algo de reparación.

Quién es quién

La Cámara Segunda en lo Criminal es la encargada de llevar adelante el juicio, con los magistrados María Evelina García Balduini, Oscar Gatti y Gastón Martín. La fiscal a cargo es Teresa Giuffrida.

En el banquillo de los acusados se sentaron los siete policías acusados en distintos grados de formar parte del delito. Por un lado, Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera, como presuntos coautores del delito de desaparición forzada de personas en concurso real con vejaciones.

Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello, presuntos partícipes primarios en el delito de desaparición forzada de personas, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Y Héctor César Martínez, presunto partícipe secundario en los delitos de desaparición forzada de personas en concurso real con vejaciones, y en grado de autor por los delitos de abuso de autoridad, en concurso ideal con falsedad ideológica.